El legado maldito de AMLO
La principal obligación de cualquier presidente es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la estrategia de «abrazos, no balazos» se convirtió en uno de los aspectos más cuestionados de su administración. La persistencia de la violencia, las disputas territoriales entre organizaciones criminales y la incapacidad del Estado para garantizar la tranquilidad en numerosas regiones exhibieron las limitaciones de aquella política. El discurso de atender las causas sociales no sustituyó la necesidad de combatir eficazmente a los grupos criminales.
- El avance del crimen organizado y la pérdida de control territorial
La violencia en diversas entidades evidenció que el problema de la seguridad no podía resolverse únicamente mediante programas sociales y declaraciones presidenciales. Las extorsiones, los homicidios, las desapariciones y el desplazamiento de comunidades se convirtieron en problemas cotidianos para miles de familias. La discusión de fondo no consiste en negar la importancia de atender las causas de la delincuencia, sino en cuestionar por qué esa atención no estuvo acompañada de resultados suficientes en materia de seguridad y justicia.
- La militarización de la seguridad pública
López Obrador llegó al poder con críticas a la militarización impulsada por gobiernos anteriores. Sin embargo, durante su administración amplió considerablemente las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y otras actividades civiles. La Guardia Nacional terminó vinculada institucionalmente a la estructura militar, mientras el Ejército y la Marina asumieron funciones adicionales. Esta transformación abrió un debate sobre los límites de la participación castrense, la rendición de cuentas y el fortalecimiento que debieron recibir las policías civiles.
- El debilitamiento de los organismos autónomos
Uno de los rasgos más controvertidos del sexenio fue la confrontación con organismos constitucionales autónomos. Instituciones encargadas de regular sectores estratégicos, garantizar derechos y establecer contrapesos fueron objeto de críticas y reformas. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y otros organismos, así como la transformación del sistema de transparencia, modificaron profundamente el diseño institucional del país. La pregunta fundamental es si estos cambios fortalecieron la democracia o concentraron mayores facultades en el poder político.
- La desaparición del Consejo de Promoción Turística de México
La eliminación del Consejo de Promoción Turística de México modificó el modelo mediante el cual el país proyectaba internacionalmente sus destinos turísticos. El argumento gubernamental fue reducir estructuras y gastos administrativos, pero la decisión también generó cuestionamientos sobre la capacidad de mantener una estrategia profesional, sostenida y especializada de promoción internacional. En una economía donde el turismo genera empleos, divisas y oportunidades para numerosas regiones, prescindir de una institución especializada exigía demostrar que el nuevo modelo podía producir resultados equivalentes o mejores.
- La desaparición del FONDEN y la respuesta ante los desastres naturales
La desaparición del Fondo de Desastres Naturales representó otro cambio de gran trascendencia. El gobierno sostuvo que era necesario combatir la corrupción y evitar el uso irregular de los recursos públicos. Sin embargo, eliminar un mecanismo institucional no resolvía por sí mismo los problemas de prevención, reconstrucción y atención a las comunidades afectadas. La cuestión central era garantizar que existieran recursos oportunos, reglas claras y mecanismos verificables para responder a terremotos, huracanes e inundaciones. La protección de la población no puede depender únicamente de decisiones administrativas o de la disponibilidad presupuestaria del momento.
- La cancelación del aeropuerto de Texcoco
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco, fue una de las decisiones económicas más emblemáticas de López Obrador. El proyecto había generado cuestionamientos ambientales, financieros y contractuales, pero su cancelación también produjo costos económicos, compromisos financieros y una prolongada controversia sobre el uso de los recursos públicos. Más allá de las posiciones políticas, la decisión planteó una pregunta esencial: ¿se justificó suficientemente el costo de abandonar una infraestructura estratégica y sustituirla por un modelo aeroportuario diferente? La discusión sobre Texcoco se convirtió en un símbolo de la relación entre decisiones presidenciales, certidumbre jurídica y confianza de los inversionistas.
- Las grandes obras y el costo de las prioridades presidenciales
El Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas fueron presentados como proyectos emblemáticos de la transformación nacional. Sus defensores destacaron la infraestructura, el desarrollo regional y la soberanía energética; sus críticos cuestionaron los costos, los plazos, los impactos ambientales y las expectativas de rentabilidad. La evaluación de estas obras requiere distinguir entre los beneficios potenciales, los resultados comprobables y los recursos comprometidos. Un gobierno no debe medirse solamente por el número de obras inauguradas, sino por su utilidad social, su sostenibilidad financiera y su contribución efectiva al desarrollo.
- El endeudamiento y la presión sobre las finanzas públicas
Aunque López Obrador hizo de la austeridad y la disciplina fiscal parte de su discurso, el comportamiento de la deuda pública y las necesidades de financiamiento del sector público dejaron un debate importante sobre la sostenibilidad de las finanzas nacionales. El análisis no debe limitarse a una cifra aislada: también debe considerar el crecimiento económico, los ingresos públicos, las tasas de interés, los compromisos de las empresas estatales y las obligaciones futuras. La pregunta es si el gobierno dejó suficiente margen fiscal para atender nuevas necesidades sociales, invertir en infraestructura y enfrentar posibles crisis económicas sin comprometer excesivamente a las siguientes administraciones.
- El deterioro y la incertidumbre en el sistema de salud
La transformación del sistema de salud estuvo marcada por cambios institucionales, problemas de implementación y cuestionamientos sobre el abastecimiento de medicamentos y la atención a los pacientes. La desaparición del Seguro Popular y la creación de nuevos esquemas buscaron modificar la cobertura sanitaria, pero la transición generó dificultades que fueron denunciadas por pacientes, trabajadores y especialistas. Posteriormente se impulsaron nuevos mecanismos de atención, incluido el IMSS-Bienestar. La evaluación debe centrarse en una pregunta elemental: ¿los ciudadanos pudieron acceder oportunamente a médicos, tratamientos, medicamentos y hospitales con mejores resultados que antes?
- El retroceso educativo y los desafíos de la formación nacional
La educación fue otro de los grandes desafíos del sexenio. La pandemia provocó una interrupción extraordinaria de las clases presenciales y pérdidas de aprendizaje que no pueden atribuirse exclusivamente a una sola administración. Sin embargo, también correspondía al gobierno establecer estrategias eficaces de recuperación, evaluar los rezagos y fortalecer la formación docente. Los resultados internacionales, como los de PISA, mostraron importantes dificultades del sistema educativo mexicano. El cambio de planes y programas, la distribución de materiales y la orientación de la política educativa generaron controversias. El problema de fondo es que sin educación de calidad resulta mucho más difícil reducir la pobreza y elevar la productividad.
- La debilidad del crecimiento económico y la inversión
La economía mexicana enfrentó durante el sexenio condiciones internacionales adversas, incluida la pandemia, que afectó profundamente la actividad productiva. Aun así, las decisiones internas también deben examinarse por sus efectos sobre la confianza empresarial, la inversión y la productividad. La cancelación de proyectos, la incertidumbre regulatoria y los cambios en las reglas de determinados sectores alimentaron cuestionamientos sobre la certidumbre para invertir. Aunque México mantuvo ventajas importantes por su integración comercial con Estados Unidos, el reto consistía en convertir esas oportunidades en un crecimiento más sólido, con empleos mejor remunerados y mayor productividad.
- La confrontación con los contrapesos y la polarización política
Las conferencias presidenciales diarias se convirtieron en el principal instrumento de comunicación política de López Obrador. Desde ellas, el mandatario fijó la agenda pública y defendió sus decisiones, pero también protagonizó enfrentamientos recurrentes con periodistas, opositores, organizaciones civiles y críticos de su gobierno. La polarización no comenzó con su administración ni puede atribuirse exclusivamente a ella; sin embargo, el lenguaje presidencial tuvo un peso particular por la autoridad y visibilidad del cargo. Una democracia sólida requiere debate público, crítica al poder y respeto a quienes piensan diferente.
- La opacidad y las contradicciones del discurso anticorrupción
López Obrador construyó buena parte de su legitimidad política alrededor de la promesa de combatir la corrupción y terminar con los privilegios. Sin embargo, durante su gobierno surgieron controversias y denuncias relacionadas con contratos, posibles conflictos de interés, asignaciones de recursos y actuaciones de funcionarios o personas cercanas al poder. Cada caso exige distinguir entre señalamientos, investigaciones y responsabilidades acreditadas; no es correcto presentar todas las acusaciones como hechos probados. Pero precisamente por haber hecho de la honestidad una de sus principales banderas, el gobierno tenía la obligación de garantizar investigaciones independientes, transparencia y rendición de cuentas sin excepciones.
- La contradicción entre el discurso de transformación y el legado institucional
El balance final del sexenio debe considerar tanto los programas sociales y el aumento del salario mínimo como las deficiencias y controversias en seguridad, salud, educación, infraestructura y funcionamiento institucional. Reconocer los avances no obliga a ignorar los problemas, del mismo modo que señalar los errores no significa desconocer todos los beneficios de las políticas públicas. La principal crítica al legado de López Obrador es que su proyecto de transformación concentró una enorme autoridad política, pero dejó interrogantes sobre la eficacia del Estado, la fortaleza de los contrapesos y la capacidad de resolver problemas estructurales.
Para Claudia Sheinbaum, esa herencia representa un desafío político y administrativo. Continuar el proyecto de su antecesor implica asumir también la responsabilidad por sus resultados, corregir sus errores y demostrar que la continuidad puede traducirse en mejores condiciones de seguridad, bienestar, crecimiento y justicia.
La evaluación definitiva de un presidente no depende solamente de la popularidad que conserve, de la fuerza de su movimiento político o de la magnitud de sus promesas. Depende, sobre todo, de los resultados que deja, de la fortaleza de las instituciones y de las condiciones en que entrega el país a quienes deben gobernarlo después.
La denominación de Estados Unidos a los cárteles de la droga como narcoterroristas, abre la persecución de ese país contra políticos mexicanos coludidos con los criminales y ello, de suyo, traerá grandes costos políticos a la 4t, además de los casos de huachicoleo fiscal que se trató de una operación gigantesca de más de 800 mil millones de pesos con daño al erario público.
