En política, pocas cosas delatan más que la necesidad de anticiparse a los acontecimientos. Cuando un actor político siente la necesidad de explicar lo que nadie le ha preguntado, justificar lo que nadie le ha imputado o defenderse de acusaciones que formalmente aún no existen, es porque algo se mueve bajo la superficie.

Por eso llamó la atención la reciente carta pública difundida por Andrés Manuel López Obrador. Más allá de su contenido, el momento elegido para hacerla pública resulta particularmente significativo. La misiva apareció en medio de una creciente tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, justo cuando diversos temas relacionados con seguridad, narcotráfico y presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos mexicanos ocupan espacios relevantes en la agenda pública.

El texto, lejos de contribuir a disminuir la tensión, agrega más combustible a una relación que atraviesa momentos delicados.

No puede ignorarse que en Estados Unidos existen investigaciones abiertas relacionadas con organizaciones criminales mexicanas y sus redes de protección política. Tampoco puede soslayarse que diversos personajes de la vida pública nacional han sido objeto de señalamientos por testigos protegidos, por filtraciones o versiones periodísticas sobre supuestos nexos con grupos delictivos. Hasta ahora, una cosa son las acusaciones y otra muy distinta las pruebas judiciales, aunque la jueza federal de Nueva York, Katherine Polk, aseveró que la evidencia presentada en el proceso contra el general Mérida es extensa.  Sin embargo, el tema ha comenzado a ocupar espacios cada vez más importantes en la conversación bilateral.

En ese contexto, la carta del exmandatario parece formar parte de una narrativa política que busca colocar el debate en el terreno de la soberanía nacional e injerencia en el proceso electoral de México, antes que en el de las posibles responsabilidades individuales.

La coincidencia con el discurso pronunciado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum no pasa inadvertida. Ambos mensajes comparten una misma línea argumentativa: advertir sobre presuntas injerencias externas, defender la soberanía y rechazar cualquier intento extranjero de influir en asuntos internos del país.

El problema es que el verdadero debate no gira alrededor de la soberanía, sino de la seguridad y la justicia.

Porque la soberanía nacional no la vulnera una investigación judicial realizada por otro país dentro de su jurisdicción legal. La soberanía la vulneran los grupos criminales que controlan territorios completos, imponen reglas a comunidades enteras, desafían a las autoridades legítimas y construyen redes de complicidad dentro de las instituciones públicas.

Son los criminales quienes atentan contra el Estado mexicano.

Y si existieran funcionarios públicos que colaboraron con ellos, serían esos actos de corrupción y complicidad los que representarían una traición a la confianza ciudadana y una agresión directa a la soberanía del país.

Por ello resulta cuestionable que el oficialismo pretenda envolverse en el lábaro patrio para convertir cualquier cuestionamiento en un supuesto ataque contra México. La defensa de la nación no puede confundirse con la defensa de personas, partidos o proyectos políticos.

Si existen investigaciones serias, deben llegar hasta sus últimas consecuencias.

Si no existen pruebas, corresponde a las autoridades demostrarlo mediante procedimientos transparentes y creíbles.

Lo que no resulta aceptable es utilizar el nacionalismo como escudo preventivo frente a eventuales responsabilidades individuales.

La situación adquiere mayor relevancia porque la credibilidad institucional se encuentra bajo presión. Cada vez que una investigación relevante parece avanzar con lentitud o cada vez que las explicaciones oficiales generan más dudas que certezas, se fortalece la percepción de que el sistema político protege a determinados personajes.

La presidenta Sheinbaum enfrenta el enorme desafío de demostrar que su administración está comprometida con el Estado de derecho sin importar colores partidistas ni lealtades políticas. La exigencia ciudadana es clara: quien haya cometido delitos debe responder ante la justicia, independientemente de su cargo, influencia o cercanía con el poder.

Lo contrario alimentaría la sospecha de que existe una justicia selectiva.

Lo paradójico es que el mayor problema para la autollamada Cuarta Transformación no parece provenir de la oposición ni de actores externos. El desgaste más profundo surge de los errores, contradicciones y decisiones de algunos de sus propios integrantes.

Las crisis políticas más severas suelen producirse cuando los proyectos comienzan a ser erosionados desde dentro. Ninguna fuerza política está exenta de ello.

Por eso el oficialismo enfrenta hoy una prueba decisiva. No basta con denunciar conspiraciones, injerencias o campañas mediáticas. Lo que “el pueblo” demanda son resultados concretos, investigaciones creíbles y una aplicación imparcial de la ley.

Porque al final, los ciudadanos distinguen perfectamente entre la defensa de la soberanía nacional y la defensa de intereses políticos particulares.

El temor ya desbordó a la inteligencia, la ecuanimidad y la visión de Estado. Lamentable papel del gobierno mexicano al proteger a criminales.