Vaya herencia maldita que le deja AMLO a su sucesora y a todos los mexicanos, con una bomba de tiempo que estalla todos los días y en todo el territorio nacional, con los patrullajes y operativos de la milicia, disfrazados con uniformes de la Guardia Nacional y que, en muchos casos, despliegan sus tareas en contra de la ciudadanía en fragante violación de sus derechos humanos.
Los soldados no están en los cuarteles, sino en las calles, como lo exigía el candidato López Obrador en campaña, en el sentido de pronunciarse tajantemente contra la militarización que según él, impulsaba Peña Nieto; empero, luego de seis años y bajo su gestión, el ejército tomó el control, con resultados desastrosos, de las tareas que deben hacer los cuerpos de seguridad civiles para combatir a los delincuentes.
Estamos peor que nunca en cuanto a los índices delictivos, particularmente en la cifra de homicidios dolosos que ya supera la cifra negra de 200 mil, durante el sexenio del tabasqueño.
Mientras que el país está en manos de los malandros, la aplanadora del oficialismo en la Cámara de Senadores, aprueba que la Guardia Nacional se integre a la estructura orgánica de las fuerzas armadas y con ello, el mando lo tendrán los generales y no los civiles.
En el dictamen aprobado en Comisiones de la Cámara Alta, se lee: “Se protege el derecho de los ciudadanos a la inviolabilidad de su domicilio, asegurando con ello que las operaciones de seguridad respeten los derechos humanos, etc.”, empero esto ya es letra muerta, porque muchos de los mandos militares se pasan los derechos humanos de la población, por el arco del triunfo.
Estamos en el peor de los mundos en eso de dejar indefensa a la sociedad; por un lado, el ejército patrulla el territorio nacional en tareas propias de corporaciones civiles y por otro la CNDH padece de una omisión criminal, y por tanto, es cómplice de las violaciones de los derechos humanos contra la gente.
Durante más de dos décadas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) ha expuesto los graves riesgos que plantea la militarización de la seguridad pública a los derechos fundamentales del hombre.
Algunas de las consideraciones más importantes que ha hecho esta organización internacional dedicada a la investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas apuntan a que un problema fundamental con la militarización de la seguridad pública es que las fuerzas armadas no están entrenadas para interactuar con la población civil.
Las fuerzas policiales civiles están capacitadas para enfrentar las amenazas a la seguridad pública, utilizando la menor fuerza posible, con la confianza y la cooperación de la población. En contraste, los soldados están entrenados para usar la fuerza para vencer a un enemigo en situaciones de combate, haciéndolos incapaces de estar en contacto cercano con civiles.
Hay que decirlo con todas sus letras, hasta el día de hoy la militarización de la seguridad pública en México no ha reducido la violencia y ha provocado graves violaciones a los derechos humanos
Con el ejército en las calles se vulnera aún más los débiles mecanismos de rendición de cuentas en relación con violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, amén de que obstaculizan las investigaciones criminales
La mejor manera de abordar la inseguridad en México y de combatir a las organizaciones criminales es con investigaciones e inteligencia que conduzcan a condenas y fortalecer las instituciones de la policía civil.
En lugar de que a estas alturas del partido, el ejército ya estuviera en los cuarteles y las policías estatales y municipales, asumieran su responsabilidad en velar por la seguridad de la sociedad, estamos al revés y vamos como los cangrejos, para atrás y en picada.
La Guardia Nacional es un fracaso total, por lo que las fuerzas armadas cargarán con otro descrédito más.
Se quiso proteger a los operativos de los soldados en fragancia contra los derechos humanos, con esta reforma constitucional, lo demás es pura demagogia y sustento al nuevo régimen.
Cercada y acotada por su antecesor, rodeada de desconfianza y recelo, arranca su gestión la primera mujer presidente de México, en medio de un paquete de reformas constitucionales que atentan contra la democracia, la división de poderes y el pleno respeto a los derechos humanos de la población.
