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Desde San Lázaro. La decadente CNTE, contra AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

20 Jun 2023
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Desde San Lázaro. La decadente CNTE, contra AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://snte.org.mx/

La efervescencia provocada por la sucesión presidencial y el debate polarizado no ha permitido ver con facilidad algunos cambios importantes en el escenario sindical, en particular en el ámbito magisterial. Somos testigos de una CNTE en decadencia, dispuesta a combatir al presidente López Obrador, quien fuera su aliado principal.

 

La disidencia magisterial histórica es ese conjunto de corrientes y expresiones sindicales, más radical la una que la otra, más o menos ideologizada, más o menos deteriorada ante sus bases, según fue cayendo en la corrupción de la que se quiso defender en sus orígenes, y que confluye principalmente en la denominada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que no es sino una parte integrante del complejo sindicato nacional (SNTE).

 

El SNTE, cuyos afiliados vertebran el territorio nacional, tiene una historia de luchas y movilizaciones que han marcado la historia de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI.

 

El caso es que el SNTE ha iniciado un proceso profundo, y no exento de dificultades, de democratización profunda, sin precedentes. Se trata de una transformación de la que casi no se habla, pero que tendrá consecuencias en la estabilidad y gobernabilidad democráticas del país en el mediano plazo, en la medida en que se vayan renovando sus dirigencias sindicales conforme a la nueva legislación laboral.

 

En 2019, entró en vigor la legislación que establece el voto secreto, universal, personal e intransferible para renovar las dirigencias sindicales. El magisterio ha renovado más 40 de casi 60 secciones con ese método, en un proceso que inició después de la pandemia.

 

La semana anterior cristalizaron errores acumulados de la CNTE que quizá, salvo Oaxaca, le han hecho perder espacios de representación conforme avanza la democratización del SNTE y en tanto se alejan y confrontan a un gobierno que estaba de su lado y los margina por su tozudez, su incapacidad para procesar nuevos fenómenos y su sabotaje al proyecto de la autodenominada cuarta transformación.

 

Llegó el turno de renovación sindical a las secciones de Ciudad de México y Tabasco, las entidades que ocupan mayor espacio en el corazón de AMLO. En la capital del país maestros y trabajadores administrativos se dieron citan en las urnas para elegir a las nuevas dirigencias de las secciones 9 (primaria), 10 (secundaria), 11 (personal administrativo) y 60 (Instituto Politécnico Nacional).

 

El movimiento disidente tuvo especial relevancia en las secciones 9 y 10 en 1989. De ahí surgieron liderazgos como los de René Bejarano, Jesús Martín del Campo y Leticia Ramírez, por señalar solamente a políticos próximos al mandatario actual. En su momento arrebató y tuvo el liderazgo real y formal de ambas secciones sindicales, pero lo perdió, principalmente por su utilización del movimiento como trampolín político. Por el alejamiento de su base social de apoyo, por su deficiencia al representar los intereses de los maestros y por sus divisiones internas.

 

A las elecciones de la sección 10, integrada principalmente por maestros de secundarias y telesecundarias, la CNTE llegó dividida y registró dos planillas, una rosa y una roja. Fue imposible que pudieran consensuar una sola lista porque, además de diferencias ideológicas y de camarillas, permeó el machismo y la discriminación de género. Sin embargo, la planilla roja puede alcanzar espacios debido a la representación proporcional consignada en el estatuto del SNTE.

 

En el caso de la sección 9 de la Ciudad de México, que no había tenido un proceso de elección estatuaria en más de diez años, la comisión de elecciones del SNTE estableció una mesa de diálogo con la CNTE, teniendo a autoridades de la SEP y la SEGOB como testigos, a fin de acordar y garantizar el registro y participación de todas las expresiones sindicales.

 

La CNTE no fue capaz de integrar una planilla de unidad, con oportunidad, en plazo y con los requisitos legales establecidos. Acudieron en diversas ocasiones a la SEP para pedir excepciones, ampliación de plazos e incluso de horarios, y nunca cumplieron, porque no pudieron.

 

Ante sus propias deficiencias, intentaron sabotear las elecciones y fracasaron. Solo interrumpieron la instalación de una entre más de 140 mesas receptoras de votos y no logran movilizar a maestros que acudieron a votar con todas las facilidades. Sin embargo, en la pluralidad de ese gremio, se inscribieron dos planillas, obtuvo el triunfo con más de 70 por ciento de la votación la encabezada por Ulises Chávez Tenorio, quien, al convertirse en el primer dirigente electo democráticamente en más de una década, tendrá el desafío de reconstituir un liderazgo sindical cercano a las bases.

 

La CNTE ganó lo que nunca en las elecciones de 2018: tuvo interlocución con el habitante principal de Palacio Nacional. Fueron recibidos más de 10 veces seguidas, les abrieron mesa para la reforma educativa de AMLO. ¿Qué hicieron a cambio? Bloquearon las vías del tren en Michoacán; incumplen la ley en Oaxaca; gritaron y ofendieron al presidente en Palacio Nacional, mientras atendía visitantes extranjeros; sabotearon el retorno a clases postpandemia, pero sí se vacunaron... Ahora, escatiman todo el apoyo presidencial hacia el magisterio y pretenden protestar en el territorio de origen de Claudia Sheinbaum. La CNTE está en decadencia porque su ADN les impide entender el cambio y vivir en democracia.

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.