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Desde San Lázaro. El gabinete de Delfina Gómez. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

19 Jun 2023
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Desde San Lázaro. El gabinete de Delfina Gómez. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://twitter.com/delfinagomeza

No obstante que faltan menos de tres meses, (16 de septiembre 2023) para que la nueva Jefa del Ejecutivo Estatal del Estado de México sea investida con esa responsabilidad, desde ahora se trabaja en conformar un gabinete que esté a la altura del mayúsculo reto que representa gobernar a la entidad más poblada del país, al tiempo de incorporar al gobierno  a  los aliados políticos  que coadyuvaron  en esta histórica victoria.

La maestra Delfina Gómez tiene que  dar  resultados positivos desde los primeros días, por ello,  desde ahora se trazan las primeras acciones y la conformación de un paquete de políticas públicas que sostengan el nuevo diseño operacional que se pretenda dar a la nueva administración del Edomex, además de conformar un grupo de colaboradores de primer nivel con un perfil profesional  público altamente calificado, con trayectoria en las lides partidistas de Morena y con fama de impolutos.

Está difícil el desafío, pero por los primeros nombres que se decantan para conformar el gabinete de Delfina, se observa que se  cumple a cabalidad con estos requisitos.

Veamos, para la Secretaria General de Gobierno no hay otra opción más que Horacio Duarte Olivares, quien se ganó este cargo, no solo por constituirse como el artífice de la victoria electoral de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PVEM y PT, sino porque tiene los atributos para establecer las condiciones básicas de gobernabilidad que conlleva el fortalecimiento de los puentes de diálogo y entendimiento con las fuerzas políticas opositoras y en general con todos los  mexiquenses.

Para la Secretaria de Finanzas, en primer lugar está anotado el senador Higinio Martínez, quien también participó de manera decisiva en la campaña, amén de que la existencia política de la ex titular de la SEP, no se puede concebir sin su ascendencia.

En la Secretaria del Trabajo anote usted al ex presidente municipal de Metepec a Óscar González Yáñez.

Para la Secretaria de Educación está perfilado Maurilio Hernández González.

Todas las dependencias son importantes pero la Secretaría de Bienestar Social cobra relevancia por los programas de política asistencial que tiene Morena a nivel federal y que, por supuesto se fortalecerán con los programas estatales. Por ello es relevante la llegada a esta posición de Martha Guerrero Sánchez.

Veremos que el tema de la equidad de género será predominante en la integración del nuevo gabinete que entrará en funciones a partir del primer minuto del 16 de septiembre de este año, en este sentido es seguro que para la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra, así como la de Movilidad y Comunicaciones, serán nombradas dos connotadas mujeres.

Como ocurre cuando hay una alternancia de poder, el nuevo gobernante  quiere darle su toque personal y distintivo a la conformación del gabinete e incluso al desaparecer dependencias gubernamentales que consideran ya no cumplen con el objetivo que justificó su existencia, o crear nuevas instancias gubernamentales, por eso con Delfina Gómez habrá nuevas Secretarias y otras desaparecerán.

En la Secretaria del Campo  suena el nombre de José G. Pérez Elizalde.

El nuevo secretario de Desarrollo Económico será Francisco Vázquez Rodríguez.

En Medio Ambiente hay que anotar a María Luisa Mendoza.

Justicia y Derechos Humanos; Juan Hugo de la Rosa.

En la relevante y prioritaria Secretaria de las Mujeres, va en caballo de hacienda Mariela Gutiérrez Escalante.

En Cultura y Turismo parece inamovible Mónica Álvarez Nemer.

A poco menos de 90 días, la lista de candidatos para llenar las posiciones de relevancia en el gabinete ampliado de la nueva gobernadora es interminable, de hecho en esta aparecen nombres de prosapia, aunque también hay que decirlo hay  colados y oportunistas.

Por ello, se analizan con lupa los nombramientos e incluso buena parte de ellos, se pondrán a consideración del principal huésped de Palacio Nacional.

Al momento todavía no se observa con claridad quien puntea las listas de aspirantes a la Secretaria de Seguridad y a la de Contraloría.

En la Secretaria de Salud  ya se tiene  el nombre del doctor que la presidirá.

En campaña, la gobernadora electa prometió que su gabinete lo integraría con mujeres y hombres honestos y comprometidos con la transformación que emprende el presidente López Obrador, por ello, en este sentido todavía se esperan algunos ajustes, aunque los nombres citados en esta columna, están “amarrados”.

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.