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Responde el SNTE al llamado a construir una cultura para la paz Destacado

12 Jun 2023
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Responde el SNTE al llamado a construir una cultura para la paz Imagen tomada de: https://snte.org.mx/blog/comunicado-35-2023

Desde el ámbito de su competencia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) contribuye a que prevalezca la cultura para la paz y el bienestar de los jóvenes del país, así como la justicia laboral de sus agremiados, afirmó el secretario general de la organización, maestro Alfonso Cepeda Salas.

Durante una reunión con la dirigencia de la Sección 61 del SNTE, que agrupa al personal docente y no docente que labora en el Tecnológico Nacional de México, Cepeda Salas subrayó la importancia de que estudiantes y trabajadores de la educación se encuentren en las mejores condiciones para que la escuela pública, en todos sus niveles, se mantenga como un pilar de desarrollo del país.

Dijo que los maestros han aceptado con toda responsabilidad el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para sumarse al esfuerzo de prevenir el consumo de drogas entre niños y jóvenes, y recientemente colaborar con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la estructuración de un programa que ayude a impulsar la cultura para la paz en todos los niveles educativos.

“Trabajar juntos para que no sean presa fácil de la delincuencia organizada nuestros estudiantes, porque al fin de cuentas son ya casi los ciudadanos no del futuro, son los ciudadanos que en años ya próximos irán ocupando cargos importantes en los diferentes ámbitos de la vida económica, política y social del país, y es nuestra responsabilidad entregarle a la Patria, siempre, ciudadanos íntegros y con valores”.

Comentó que para que los docentes puedan seguir cumpliendo su compromiso con la sociedad, necesitan condiciones adecuadas de infraestructura y laborales. En ese sentido, garantizó que el SNTE seguirá luchando para alcanzarlas.

En el caso de los agremiados de la Sección 61, refrendó todo el apoyo de la dirigencia nacional para impedir que se continúen lesionando los derechos de los trabajadores. “Van a contar siempre con el apoyo, el respaldo de su sindicato, el apoyo de su Comité Ejecutivo Nacional y del secretario general, de eso no tengan ninguna duda”.

Al respecto, el secretario general de la sección, ingeniero Carlos Arturo Méndez Chaparro, señaló que el personal de los tecnológicos enfrenta nuevos desafíos en el respeto de sus conquistas laborales, y confió en que haya una pronta solución, “porque pertenecemos a un sindicato fuerte y vigoroso bajo el liderazgo del maestro Alfonso Cepeda, quien acompaña a los agremiados y por eso le refrendamos el compromiso indeclinable de caminar junto a usted, también en esta lucha”.

Reconoció al dirigente nacional del SNTE “por su pasión sindicalista y convicción con la que defiende la escuela pública y los derechos de los trabajadores de la educación”.

Este 7 y 8 de junio la Sección 61 realiza la “Jornada Nacional de Información de la Respuesta Nacional 2023”, en la que además participan los profesores Silvia Luna Rodríguez y José Nieves García Caro, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y de la comisión encargada de llevar a cabo las negociaciones del Pliego Nacional de Demandas con la autoridad federal.

Con información de: https://snte.org.mx/blog/comunicado-35-2023

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.