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Desde San Lázaro. Riquelme y Del Mazo para dirigir el PRI. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

09 Jun 2023
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Desde San Lázaro. Riquelme y Del Mazo para dirigir el PRI. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://twitter.com/PRI_Nacional

Son más fuertes el PRI mexiquense y coahuilense de Alfredo del Mazo y de Miguel Ángel Riquelme, que lo que queda del tricolor a nivel nacional comandado por Alejandro Moreno, alías Alito, y ello, de suyo, le abre una oportunidad a la militancia que todavía trae en su sangre el ADN de este partido para salvarlo del fracaso y encaminarlo hacia las elecciones del próximo año.

Los resultados electorales del pasado domingo en el Estado de México y en Coahuila revelaron  que el Revolucionario Institucional captó una votación de 1 millón 748,271 votos para apoyar a Alejandra del Moral y 741,791 votos para  Manolo Jiménez, quien a la postre arrasó junto con los candidatos del PAN  Y PRD al Congreso Local, en donde se llevaron “carro completo” al ganar los 16 distritos que estaban en disputa.

Estos resultados hablan, por un lado de que el PRI está vivo en esas dos entidades aunque haya perdido en Edomex y por otro,  el mérito de la victoria en Coahuila se debió a dos grandes priistas, el actual gobernador Miguel Ángel Riquelme y Manolo Jiménez, candidato ganador, por lo que de forma natural y ante el halo de derrota que arrastra el PRI desde que lo dirige Alejandro Moreno, se coloca a Riquelme en la antesala para dirigir a ese partido político.

Desde que llegó Alito  a la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional,  han perdido todas las elecciones para gobernador a excepción de Durango y aun así se mantiene en el cargo con el deseo de buscar la candidatura de su partido para competir por la presidencia de la República. Vaya cinismo del campechano.

Lleva 12 gubernaturas perdidas con la del Estado de México de 14 en las que ha participado y como quedó demostrado en esta entidad su apoyo a la candidata del PRI, PAN y PRD, fue marginal, toda vez que en lugar de convertirse en un activo en la campaña de Del Moral, “fue un lastre que era preferible mejor que se alejará para no estorbar”.

Luego de la pérdida de su principal bastión del priismo, el Estado de México, Alito culpó al mandatario mexiquense de la derrota, cuando no aportó absolutamente nada a la causa, ni recursos económicos, ni participó activamente en actos proselitistas  y menos se le vio en algún recorrido por alguno de los 125 municipios que conforman el territorio mexiquense.

De hecho, en reciente entrevista a Alfredo del Mazo y ante la andanada de culpas que le indilgó Alito por la derrota en la elección, se fue con todo contra el campechano al llamarlo ingrato, falso y mentiroso, además de negar las acusaciones de que haya entregado  la gubernatura: “ En ningún momento me prestaría a dar entrada a una opción de entregar la administración del estado,  por el respeto a mi familia, al PRI y por supuesto a la militancia tricolor y a los mexiquenses.

En tanto, en Coahuila, la excelente gestión de Miguel Ángel Riquelme lo colocó entre los cinco mejores gobernadores del país durante los últimos cinco años, al tiempo de granjearle el respeto y reconocimiento de propios y extraños.

Esta entidad no se ha contaminado y podrido por lo que ocurre en los estados vecinos en el tema de la inseguridad pública, al contrario el blindaje diseñado por su gobernador ha permitido que los grupos criminales que dominan la frontera norte se alejen de ella.

La policía estatal y municipal goza de prestigio por la capacitación que han recibido y el compromiso que tienen en favor de velar por la seguridad de los coahuilenses.

Este es un hecho incontrovertible, además de que Saltillo es la tercera ciudad más segura del territorio nacional y hay que recordar que está ciudad fue gobernada por Manolo Jiménez.

No solo es la seguridad pública, sino el desarrollo económico y social que ha permitido mejorar la calidad de vida en ese estado.

Estas cartas credenciales de Riquelme lo colocan como un candidato natural para recibir las cenizas del PRI nacional, luego de que el “Nerón priista” que despacha en estos momentos en la sede tricolor de Insurgentes Norte, se vaya, ya porque se termina su gestión o porque la militancia le dé una patada en salva sea la parte.

El actual Comité Ejecutivo Nacional se conforma por puros incondicionales de Alito y salvo algunas honrosas excepciones, todos son cómplices y corresponsables del desastre por el que atraviesa ese partido y que, si no fuera por los priistas del Estado de México y de Coahuila, en estos momentos estaríamos hablando de la pérdida de su registro en varias entidades del país.

Alejandro Moreno lleva al PRI hacia su extinción y aunque ahora se ampara en los votos conseguidos en las elecciones del pasado domingo, lo cierto es que se ha convertido en un lastre para los tricolores y para sus aliados del PAN y del PRD.

La elección en Coahuila no solo colocó a un candidato priista en la palestra de los gobernadores electos, sino que puso a su mandatario saliente en la antesala de la dirigencia del priismo nacional.
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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.