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Como veo, doy. Regulación de estudios de opinión y uso de redes sociales, en el campo legislativo. Por: Jorge Luis Galicia Palacios Destacado

05 Jun 2023
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Como veo, doy. Regulación de estudios de opinión y uso de redes sociales, en el campo legislativo. Por: Jorge Luis Galicia Palacios Imagen tomada: https://twitter.com/
  • Regulación de estudios de opinión y uso de redes sociales, en el campo legislativo
  • Encuestan que engañan y desorientan; y redes que desinforman

De cumplirse el vaticinio de las casas encuestadoras, a estas horas las alianzas partidistas, encabezados de un lado por el PRI y por el otro Morena, estarán festejando sus respectivos triunfos electorales, unos en Coahuila y otros en el Estado de México.

En general, las casas encuestadoras, la mayoría con escasa trayectoria en el mundo de los ejercicios demoscópicos, arrojaban resultados de su fotografía del momento y, tanto entre los coahuilenses como entre los mexiquenses, los candidatos que se enfilaban al triunfo es porque, según ellos, esos ejercicios así lo pronosticaban, con distancias inalcanzables de casi veinte puntos porcentuales para la hora de la única encuesta válida, o sea, nos adelantaban nombres de los candidatos ganadores en el jornada electoral de ayer.

Con esos resultados, donde las menos nos mostraron las metodologías utilizadas para realizar sus estudios de opinión, los simpatizantes de las respectivas candidaturas, de un lado y de otro entre los equipos de campaña, se dieron vuelo con la difusión, de esos supuestos ejercicios, en las redes sociales sin importar si estos habían cumplido con las metodologías mínimas para hacer una muestra de lo que los votantes opinaban en torno a las elecciones y sus candidatos.

Más allá de los resultados de ayer domingo o de si algunos supuestos ejercicios sirvieron o se prestaron para apuntalar campañas dando falsa ventajas a algunos de los aspirantes a ocupar la silla de los ejecutivos estatales, o bien si se maquillaron cifras para tratar de influir o inclinar la balanza a favor de sus abanderados entre la ciudadanía, lo que nos queda es hacer una reflexión para futuros eventos electorales, y lo hacemos con una pregunta, ¿Cuál es el papel que deben jugar las encuestas y las redes sociales en tiempos de campañas electorales?

Es cierto, en materia de estudios de opinión, algunas casas serias levantan sus muestras mediante sistemas metodológicos ya probados y reconocidos en el ambiente social y político, pero también hay muchas otras con presencia y aparición casi fantasmal, porque así como aparecen desaparecen, donde sus resultados son parte de una estrategia y en general responden a los intereses del cliente, donde el fin es crear candidaturas cosméticas que nada tienen que ver con propuestas, trayectoria, arraigo, imagen y presencia de los aspirantes y sus partidos, y mucho menos con la opinión de la base militante o el electorado en general.

En cuanto al uso y abuso de las redes sociodigitales, mejor conocidas como redes sociales, para nadie es desconocido que estos instrumentos de la era del conocimiento, y de la innovación tecnológica en materia de información y la comunicación, se han prestado para que algunos de los usuarios de estas valiosas herramientas las utilicen para todo menos para informar o formar opinión.

En ese contexto, no estaría mal que el Congreso de la Unión, en el último año de ejercicio de la LXV Legislatura, hiciera un planteamiento de revisión de los estudios demoscópicos que sirven para medir la opinión pública respecto a algunos temas del interés nacional o local, y que, antes de dar a conocer sus ¿fotografías del momento?, sean evaluadas las metodologías utilizadas, porque es un hecho lo útil que pueden ser en tiempos electorales. Y en ese mismo caso, de revisión, el legislativo debe promover acciones que eviten el abuso en el uso de las redes sociales. Que conste.

LAS CARTAS HABLAN.- En cuanto al tema de la regulación de redes, no hay que olvidar que en 2019 la entonces secretaria de Gobernación y hoy senadora, Olga Sánchez Cordero, y luego en 2020 el senador Ricardo Monreal, ambos del partido Morena, públicamente se manifestaron a favor de un análisis profundo sobre la posibilidad de una regulación sobre el uso de las redes sociales.

Sánchez Cordero señaló que hoy en día, en las Redes Sociales, se manejan juicios paralelos que procesan y sentencian a cualquier persona en tan solo unos minutos.

“El debate sobre la regulación de las redes sociales es impostergable”, planteó al respecto el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, y habló sobre la necesidad de establecer reglas claras para evitar la desinformación y la proliferación de discursos de odio, pero sobre todo para proteger la libertad de expresión.

VA MI RESTO.- El proceso electoral rumbo a los comicios presidencial de 2024 genera expectación e interés entre una ciudadanía cada vez más dispuesta a participar mediante su voto, por lo que sería bueno que desde ahora el legislativo buscara poner reglas claras en cuanto a la utilización de las consabidas encuestas de opinión y, ¿por qué no?, también se viera la posibilidad de encontrar mecanismos de regulación del uso de las redes sociodigitales.

Claro, la eventual regulación en ambos temas debe ir contra quienes construyen procesos desinformativos, pero nunca contra la libertad de expresión o el derecho a la información, ni para limitar opiniones, y hasta ahí porque como veo doy.

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.