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Reformas en materia de telecomunicaciones no violarán el proceso legislativo

25 Abr 2025
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Reformas en materia de telecomunicaciones no violarán el proceso legislativo Imagen tomada de: https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx
  • Se prevé que el Pleno sesione lunes, martes y miércoles de la próxima semana

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la aprobación de las reformas en materia de telecomunicaciones será de acuerdo con la ley, no se violará el proceso legislativo.

 

Afirmó que las leyes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la de administración y servicios digitales, y la del escudo nacional, el himno nacional, “son prioritarias para nosotros”.

 

Agregó que en las próximas sesiones se prevé abordar la “miscelánea parlamentaria”, que es –dijo-- el Reglamento de la Permanente, las nuevas funciones de la Contraloría y otras reformas que se van a introducir.

 

Además, mencionó, hay un proceso interno en ciernes para designar al titular del Órgano Interno de la Contraloría del Inegi, porque renunció el que estaba. “Y ya estamos nombrándolo para que no quede mucho tiempo acéfala, la Contraloría del Inegi. Eso tenemos que hacerlo también de aquí al día último”.

 

De igual manera, están las modificaciones al artículo 18 de la Ley del Escudo y el Himno Nacional, que tiene que ver con el reconocimiento a mujeres en las fechas cívicas que se establece en la ley y una más en materia ferroviaria, la cual ya se está trabajando.

 

“Todo esto va a ser la semana que entra. Y la idea que estoy planteando, todavía estoy conversando con los grupos parlamentarios, es que tengamos sesiones lunes, martes y miércoles. Pero también tengo que hablar con todos los coordinadores que están de acuerdo y hacer un calendario de esta semana con lo que probablemente tendremos”.

 

Sostuvo que en “el grupo parlamentario mayoritario decidimos considerar agenda prioritaria las iniciativas que provengan de la Presidenta de la República. Esto no excluye a que se estén dictaminando iniciativas de diputados y diputadas. De hecho, lo estamos haciendo, pero se le está dando prioridad a la agenda de la titular del Ejecutivo”.

 

Indicó que en lo referente a la Ley de Telecomunicaciones el Senado de la República está en proceso de análisis, donde se prevé que hoy tenga reunión de comisiones.

 

Dijo que le enviaron el dictamen por la vía económica, no oficial, sin embargo, señaló que prefiere que concluyan la comisión dictaminadora y el pleno de la colegisladora para “que nosotros hagamos lo propio”.

 

“El Senado quiere aprobarla el lunes, pero sí, la idea es que antes del miércoles, que es día-fecha, límite de tres sesiones, sí estemos en aptitud de aprobarla”.

 

Ricardo Monreal Ávila apuntó que hizo algunas observaciones; “no quiero comentárselas, porque si no pasa, no quiero exhibir tampoco, ni exponer a nadie. Pero hablé con varios senadores y les dije que simplemente había algunas disposiciones que tenían que revisar”.

 

 Enfatizó que respetará a la colegisladora, para que concluyan su procedimiento. “Yo espero que haya reformas y modificaciones a las reformas, que ayuden y que enriquezcan mejor este proyecto en beneficio de la transparencia y de la libertad de expresión sin censura. Eso es lo que yo espero”.

 

No obstante, dijo que esta reforma se puede mejorar. “Ese es mi punto de vista; entonces, no es de claroscuros, es bueno o es malo, yo creo que hay cosas muy buenas en este proyecto y hay otras que se pueden mejorar y esas son las que yo espero que de aquí a las próximas horas se puedan modificar”.

 

“Yo solo soy uno de los 500, pero obviamente ese es un debate que damos al interior del grupo parlamentario cuando llegue la minuta y sea el momento de someterla al Pleno de la Cámara, entonces, se analizará”, puntualizó.

 

Con información de: https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.