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Solicitan al Metro y Metrobús prevenir ataques con sedantes

25 Abr 2025
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Solicitan al Metro y Metrobús prevenir ataques con sedantes Imagen tomada de: https://www.congresocdmx.gob.mx/
  • En los últimos meses se han reportado varios casos, principalmente de mujeres víctimas de pinchazos con fin de drogarlas y facilitar la comisión de delitos sexuales o secuestros

 

A fin de reforzar la seguridad y la confianza en el servicio, el Congreso capitalino exhortó a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro y del Metrobús a implementar campañas de difusión masivas en sus instalaciones y medios de comunicación institucionales para prevenir y atender ataques con sedantes contra mujeres y personas usuarias.

 

La proposición del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA) requiere al director general del STC Metro, Guillermo Calderón Aguilera, reforzar e implementar campañas informativas en vagones, andenes y espacios comunes, así como en sus páginas web, redes sociales y pantallas, para alertar sobre los riesgos y modalidades de ataques con sedantes; difundir medidas de protección y números de emergencia habilitados para reportar incidentes; y establecer protocolos de atención inmediata para mujeres y demás personas usuarias afectadas.

 

Asimismo, se solicita a la directora general del Metrobús, María del Rosario Castro Escorcia, implemente campañas informativas en estaciones, pantallas, página web y redes sociales, para alertar a la población sobre estas agresiones, habilitar números de emergencia y canales oficiales para reportar estos incidentes; y establezca protocolos de atención inmediata.

 

El legislador Macedo Escartín alertó que actualmente no existen protocolos oficiales claros ni específicos en el Metro o Metrobús para atender estos casos, ni en el momento del ataque, ni en el seguimiento médico, legal y psicológico de las víctimas.

 

“Estos hechos no son casos aislados, sino parte de una escalada de agresiones que en las últimas semanas se han estado denunciado en redes sociales, en medios de comunicación y en esta propia tribuna: mujeres pinchadas con agujas presuntamente drogadas, vulneradas en espacios de transporte público, sin testigos, sin protocolos claros de atención”, expuso.

 

Resaltó que el Estado está obligado a garantizar medidas de prevención, atención y sanción ante cualquier forma de violencia contra las mujeres, incluyendo nuevas modalidades como el uso de drogas en el espacio público con fines de abuso”.

 

Con información de: https://www.congresocdmx.gob.mx/

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.