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Celebra que empresa desistió de demanda vs. Tren Maya

01 Jun 2023
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Celebra que empresa desistió de demanda vs. Tren Maya Imagen tomada de: https://twitter.com
  • En la conferencia de este 1 de junio, el presidente también habló de una demanda que está ‘entorpeciendo’ la compra de la marca Mexicana de Aviación

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador da su conferencia de este jueves 1 de junio desde Ciudad Madero, Tamaulipas, acompañado del gobernador del estado, Américo Villareal y miembros del gabinete de seguridad.

 

AMLO celebra cancelación de demanda de Grupo México contra Tren Maya

 

Además de la entrega voluntaria de un tramo de Ferrosur en el Istmo de Tehuantepec, Grupo México también acordó retirar la demanda que había interpuesto contra el gobierno por haber concluido de manera anticipada los contratos de construcción del tramo 5 del Tren Maya y entregarlos a la Secretaría de la Defensa (Sedena).

 

“Ya que se creó la mesa para ver estos asuntos pendientes se logró que la empresa, en otra subsidiaria levantara una demanda que habían interpuesto contra el Tren Maya, fue un arreglo muy favorable”, celebró López Obrador.

 

Gobierno de AMLO y Grupo México llegan a acuerdo sobre vías de Ferrosur

Grupo México acordó entregar de manera voluntaria el tramo del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec concesionado a la subsidiaria Ferrosur que fue tomado por la Secretaría de Marina y declarado de utilidad pública la semana pasada, informó el presidente López Obrador.

 

 “Se decidió de conformidad con un decreto, recuperar para la nación un tramo de la vía del ferrocarril del sureste en el Istmo de Tehuantepec y se llegó al acuerdo de entregar voluntariamente este tramo de concesión que es estratégico porque es el Istmo”, comentó el mandatario.

 

Según explicó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a cambio de entregarlo se acordó que el periodo de concesión de la subsidiaria se ampliara por ocho años más, del 2036 al 2044, y se convino el pago de una cuota por derecho de paso de 4.10 pesos por vagón y 8.15 pesos a la Secretaría de Marina, quien operará todo el complejo además de los puertos de Chiapas, Salina cruz, Coatzacoalcos y Dos Bocas.

 

Para determinar la extensión del periodo de concesión, el gobierno realizó una consulta sobre el valor del tramo concesionado al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) quien lo valuó en 836 millones 894 mil pesos, los cuales dividió entre el precio original. El monto se actualizó con el índice inflacionario por el número de años transcurridos y esa cantidad se tradujo en la ampliación del periodo de vigencia de ocho años.

 

El gobierno también reconoció el derecho de paso ya otorgado a la subsidiaria del tramo de Medias Aguas en Veracruz hasta Salina Cruz en Oaxaca. De acuerdo con López, se trata de un permiso tipo “túnel”, es decir que el trayecto es directo y no pueden bajar o subir mercancías en algún punto medio.

 

Con información de: El Financiero

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.