En México hemos aprendido, desgraciadamente, a contar muertos, desaparecidos, secuestros y extorsiones. Mucho menos frecuente ha sido poder medir la seguridad por lo que debería ser elemental en cualquier Estado de derecho: la capacidad de investigar un crimen, identificar a sus responsables, detenerlos y llevarlos ante la justicia.
El asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Veracruz permite observar las dos caras de esa realidad.
Roxana Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad el 2 de junio en su domicilio de Nanchital. Hombres armados irrumpieron en su casa y se la llevaron por la fuerza. Parte de aquel momento quedó registrado en video.
Un mes después, las autoridades confirmaron que restos encontrados en un rancho del sur de Veracruz correspondían a la periodista.
Hasta ahí, dolorosamente, una historia demasiado conocida en México.
Durante el primer semestre de 2026 fueron asesinados al menos seis periodistas en nuestro país, de acuerdo con recuentos publicados a partir de información de organizaciones defensoras de la libertad de expresión. México sigue teniendo una deuda enorme con quienes ejercen el periodismo, particularmente en las regiones donde informar sobre seguridad, corrupción y poderes locales puede significar jugarse la vida.
Pero en el caso de Roxana Guzmán ocurrió algo que también debe decirse.
El Estado reaccionó y con resultados.
Primero, fueron detenidas ocho personas relacionadas con el crimen. Entre ellas, cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste presuntamente vinculados con el grupo criminal investigado y señalados por brindar apoyo logístico.
La investigación no se quedó ahí.
El Congreso de Veracruz retiró la inmunidad procesal al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, después de que la fiscalía estatal lo señalara como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista.
Y la semana pasada se produjo una nueva detención.
En Minatitlán fue capturado Sergio “N”, alias El Búho, identificado por las autoridades como coordinador operativo de un grupo delictivo relacionado con el asesinato de la periodista.
Con esa captura suman nueve personas detenidas en relación con el caso.
En el operativo participaron instituciones federales y locales: la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades de Veracruz. Fueron aseguradas armas, cargadores, cartuchos y equipos de comunicación.
Falta saber quiénes más participaron, quiénes protegieron, quienes ordenaron y hasta dónde llegaron las complicidades.
Pero justamente ahí radica la importancia política de este caso.
México necesita recuperar algo que ninguna estadística por sí solo puede devolverle: la certeza de que el Estado puede llegar hasta donde tenga que llegar.
Incluso cuando en una investigación aparecen policías, criminales con poder territorial y un presidente municipal.
Porque la verdadera prueba de una estrategia de seguridad no ocurre cuando se detiene al delincuente que no tiene protección.
Ocurre cuando la investigación empieza a tocar intereses.
En ese terreno hay que reconocer el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Desde que asumió la responsabilidad federal de seguridad bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch ha insistido en una fórmula que parece sencilla, pero que requiere capacidad institucional para ejecutarse: inteligencia, investigación, coordinación entre autoridades y detenciones sustentadas en expedientes que puedan ser llevados ante un juez.
Los medios tenemos la obligación de cuestionar al poder. En El Financiero lo hacemos y lo seguiremos haciendo.
Debemos denunciar cuando el gobierno se equivoca, cuando una autoridad abusa, cuando una investigación se detiene o cuando el poder intenta ocultar aquello que la sociedad tiene derecho a conocer.
Pero esa responsabilidad pierde parte de su sentido si somos incapaces de reconocer también cuando las instituciones cumplen con su deber.
En julio, Omar García Harfuch fue explícito respecto de este caso: la investigación continuaría hasta determinar las responsabilidades y detener a quienes estuvieran involucrados.
La captura de El Búho demuestra que, por lo menos hasta ahora, aquella declaración estuvo acompañada de acciones.
El mensaje del crimen es el silencio. La obligación del Estado es contestar con justicia.
Un Estado democrático necesita atender las causas de la violencia, pero necesita igualmente algo elemental: que quien secuestra, extorsiona o asesina sepa que el Estado lo va a buscar.
Que habrá consecuencias.
Ése es uno de los grandes desafíos del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Y ésa debe ser también la vara con la que midamos el trabajo de Omar García Harfuch.
Desde un medio de comunicación tenemos una razón adicional para reconocerlo.
Porque defender a un periodista es defender la libertad de expresión.
Y porque exigir justicia también significa reconocer a quienes están trabajando para conseguirla.
