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Desde San Lázaro. Se estrecha el cerco contra los López. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

18 Ago 2026
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Desde San Lázaro. Se estrecha el cerco contra los López. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: El Financiero

La cancelación de la visa estadounidense de Andy Manuel López Beltrán abre un nuevo capítulo en la relación entre México y Estados Unidos y, sobre todo, coloca a Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos mayores en una situación política y judicial que difícilmente podrá resolver con cartas incendiarias, descalificaciones o apelando a una relación pasada con Donald Trump, o peor aún, con argumentos ramplones y patrioteros como la violación a la soberanía nacional.

En la realidad del retiro del documento migratorio subyace, como lo dijo Ramiro López Obrador, hermano de AMLO, la persecución sobre el expresidente de México por parte de la justicia norteamericana y ello lo sabe la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como dice el propio subsecretario de Estado, Cristopher Landau, no hay que dejar que el drama político afecte la relación de ambos países y tiene razón. Si hay un político que atente contra la seguridad interior de la Unión Americana al cometer actos criminales, pues debe pagar las consecuencias y dejar los argumentos distractores como la violación de la soberanía para episodios que realmente dañen al país.

Quien realmente atenta contra la soberanía nacional son los narcos y los políticos que se aliaron con ellos

En un capítulo más de la crónica anunciada de la persecución contra los López, está el retiro de la visa de Andy y a ello seguirán otros episodios para culminar con la extracción.

Andy no es un turista cualquiera al que le negaron la entrada a Estados Unidos, Es uno de los integrantes de la familia política más poderosa del sexenio anterior y un personaje que durante años ha estado en medio de polémicas relacionadas con los negocios y contratos obtenidos por personas de su círculo cercano, además del caso de huachicoleo fiscal más relevante de la historia por el monto defraudado al SAT, por ello, hay que leer entre líneas cual es el significado político y judicial del hecho.

Cada episodio relacionado con personajes cercanos a Morena que involucre decisiones de las autoridades estadounidenses, alimentará inevitablemente la narrativa opositora sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales.

Y vienen las elecciones de 2027.

Por eso Sheinbaum debería evitar cargar sobre sus hombros la defensa política de todos los personajes del movimiento. Su responsabilidad constitucional es gobernar México, preservar una relación funcional con Estados Unidos y exigir que cualquier señalamiento contra mexicanos sea procesado mediante los canales jurídicos correspondientes.

No convertirse en defensora de oficio de nadie.

Mucho menos cuando está de por medio la relación con el principal socio comercial del país.

Andy y su padre, por su parte, escogieron la peor estrategia.

Su carta dirigida a Trump revela más enojo y el miedo que cálculo político. Acusar a Marco Rubio y Christopher Landau, descalificar sus actuaciones y pretender establecer diferencias entre ellos y el presidente estadounidense difícilmente conseguirá que Washington revierta una decisión migratoria.

Más bien puede conseguir exactamente lo contrario.

López Beltrán calificó la cancelación como una decisión “politiquera y propagandística” y dirigió fuertes acusaciones contra funcionarios de primer nivel del Departamento de Estado. También sostuvo que no existe prueba alguna en su contra sobre conductas inmorales o criminales.

La pregunta es elemental: ¿qué pretendía conseguir?

Si buscaba una reconsideración, la diplomacia ofrecía caminos mucho más eficaces que la confrontación pública. Si pretendía posicionarse como víctima política del gobierno estadounidense, quizá consiga aplausos entre el sector más radical de Morena, pero difícilmente mejorará su situación frente a Washington.

Y si su intención era comenzar a construir una narrativa electoral nacional, el resultado puede ser todavía peor.

El episodio ocurre, además, cuando las autoridades estadounidenses han incrementado la presión sobre México en materia de narcotráfico, seguridad, tráfico ilegal de combustibles y actuación de organizaciones criminales. Bajo esas circunstancias, cada decisión adoptada en Washington respecto de algún político mexicano será observada con lupa.

La cancelación de la visa puede convertirse, por ello, en un punto de inflexión para Andrés Manuel López Obrador y su familia.

La presidenta le debe lealtad a su mentor, pero ello no significa que lo tenga que acompañar al despeñadero. Son momentos de definiciones que no solo está en juego el futuro de Morena, sino el legado de Claudia Sheinbaum.

Tendrán que decidir hasta dónde está dispuesta a cargar con el costo político de defenderlo.

Hacer pública la cancelación de la visa cuando la suspensión del visado fue hace semanas, solo deja ver el enorme temor que prevalece en la familia de López Obrador.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.