El oficialismo ha entrado en una zona de turbulencia mayor. La orden de extradición solicitada por una corte de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán y otros exfuncionarios, representa un golpe directo a la línea de flotación del proyecto político de la autollamada Cuarta Transformación. Más allá de la dimensión judicial, el caso abre una grieta política que difícilmente podrá cerrarse con discursos beligerantes, defensa a ultranza y cortinas de humo.
El hecho de que una corte estadounidense participe directamente en este tipo de acusaciones coloca a México en una posición incómoda en el ámbito internacional, pero sobre todo exhibe una realidad que durante años se ha intentado minimizar: la presunta infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno. La narrativa de que los cárteles no solo operan, sino que influyen o incluso cooptan espacios de poder, deja de ser un señalamiento externo para convertirse en un problema interno con consecuencias políticas inmediatas y devastadoras.
La reacción del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum no ha contribuido a disipar las dudas. La defensa inicial al mandatario sinaloense fue interpretada en amplios sectores como precipitada y políticamente riesgosa. En lugar de marcar una distancia prudente, el respaldo pareció reforzar la percepción de un cierre de filas que, en momentos de crisis, suele ser contraproducente.
La solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya confirma la gravedad del escenario. Su salida temporal del cargo —dejando al frente a una figura cercana al mandatario como Yeraldine Bonilla— no resuelve el fondo del problema; apenas busca contener el daño político inmediato. En los pasillos de San Lázaro, la lectura es clara: se trata de ganar tiempo, enfriar la presión mediática y esperar el desarrollo de los procesos legales.
Pero el margen de maniobra es limitado. Cuando las acusaciones provienen del sistema judicial de Estados Unidos, el costo de ignorarlas o minimizarlas puede escalar rápidamente. Más aún en un contexto donde figuras como Donald Trump han insistido en señalar que el narcotráfico ejerce una influencia determinante en la política mexicana. Lo que antes podía considerarse retórica electoral, hoy encuentra un terreno fértil para convertirse en argumento político con consecuencias diplomáticas, económicas y sociales.
El impacto no se limita a un solo estado. El caso de Sinaloa abre la puerta a una revisión más amplia sobre posibles vínculos entre funcionarios y estructuras criminales. En el radar mediático y político comienzan a aparecer otros nombres, como Marina del Pilar Ávila, Baja California y Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas, lo que amplifica el problema y lo convierte en una amenaza sistémica para el partido en el poder.
Para Morena, el costo es particularmente alto. La narrativa de combate a la corrupción y regeneración de la vida pública fue uno de sus principales activos electorales. Casos como este erosionan esa bandera y ofrecen a la oposición un flanco difícil de defender en la antesala de los procesos electorales de 2027 y, más adelante, de 2030.
En San Lázaro, donde las correlaciones de fuerza se miden con precisión quirúrgica, el tema ya comienza a permear. Legisladores de distintas bancadas anticipan que el caso será utilizado como un eje de confrontación política en los próximos meses. No solo se trata de responsabilidades individuales, sino de la posible construcción de una narrativa que vincule al oficialismo con prácticas que históricamente ha condenado como la narcopolítica.
El desafío para el gobierno será doble. Por un lado, deberá enfrentar las implicaciones legales y diplomáticas de las acusaciones; por otro, tendrá que contener el desgaste político interno. La estrategia de comunicación será clave, pero difícilmente suficiente si no se acompaña de acciones contundentes que envíen señales claras de legalidad y transparencia.
El riesgo de optar por “cortinas de humo” o desviar la atención hacia otros temas es evidente. En un entorno de alta exposición mediática y con la presión internacional en aumento, este tipo de maniobras tiende a ser autodestructivas. La crisis no desaparecerá por decreto ni por narrativa; requerirá decisiones de fondo.
La “crónica de un escándalo anunciado” apenas comienza a escribirse, y sus efectos podrían extenderse mucho más allá del caso sinaloense. La pregunta que flota en el aire es hasta dónde llegará la investigación y cuántos nombres más aparecerán en el camino.
Porque si algo queda claro es que este episodio no es aislado. Es parte de un problema estructural que ha acompañado a la política mexicana durante décadas, pero que hoy adquiere una dimensión distinta al tocar de lleno al grupo en el poder. Un golpe que no solo sacude a figuras individuales, sino que pone en entredicho la narrativa completa de un proyecto político.
Hace dos meses escribimos en este espacio una columna con el título de “ya vengan por Rocha Moya”, nadie hizo caso.
