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Desde San Lázaro. Un mundial entre las patas de los criminales. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

27 Feb 2026
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Desde San Lázaro. Un mundial entre las patas de los criminales. Por: Alejo Sánchez Cano Captura de imagen: https://x.com/Canal22

El reloj político no siempre coincide con el reloj histórico. Pero hay momentos en que ambos marcan la misma hora. Hoy, a poco más de tres meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, es el momento adecuado para tomar decisiones de fondo en nuestro país en materia de seguridad y ello no es un asunto retórico: es una necesidad estratégica de Estado.

La organización del Mundial no es solamente una vitrina deportiva; es un escaparate geopolítico, económico y social. Millones de ojos estarán puestos en lo que ocurra dentro y fuera de los estadios. En nuestro país, sedes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y otras ciudades no sólo recibirán turistas, selecciones y patrocinadores; también estarán bajo el escrutinio internacional en términos de gobernabilidad y seguridad pública.

El reciente asesinato del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, y la caída de otros cabecillas de esa organización abren un escenario complejo. Por un lado, el golpe asentado a los narcoterroristas más expansivo de los últimos años representa un mensaje de autoridad del Estado. Por el otro, la experiencia indica que los vacíos de poder dentro de las estructuras criminales suelen detonar reacomodos violentos, disputas internas y ajustes de cuentas que buscan demostrar fuerza territorial.

Será el mundial de fut una fiesta o un campo de tensión soterrada.

En el congreso se deberían estar discutiendo en estos momentos reformas en materia de inteligencia, coordinación interinstitucional y fortalecimiento presupuestal para las fuerzas de seguridad. No basta con operativos reactivos. Se requiere una estrategia preventiva con tres ejes claros: blindaje territorial, control financiero y narrativa institucional.

El blindaje territorial implica mucho más que patrullajes visibles en las sedes mundialistas. Supone intervenir de manera quirúrgica las rutas logísticas del crimen organizado: puertos, aduanas, carreteras y nodos urbanos donde históricamente han operado células delictivas. La colaboración con el gobierno de Estados Unidos y Canadá será determinante. La seguridad del Mundial es trinacional y cualquier fisura en uno de los países repercutirá en la percepción global del evento.

El segundo eje, el control financiero, es quizá el más delicado. Los grandes eventos deportivos suelen convertirse en espacios propicios para el lavado de dinero a través de empresas fachada, contratos inflados y operaciones inmobiliarias. Aquí el Poder Legislativo tiene una tarea pendiente: robustecer los mecanismos de fiscalización, transparentar adjudicaciones y cerrar las puertas a capitales de origen ilícito que busquen “blanquearse” al amparo del entusiasmo mundialista.

El tercer eje es la narrativa institucional. Los grupos antisistémicos, como los cárteles de la droga, no sólo operan con armas; también disputan la narrativa. Buscan enviar mensajes de desafío al Estado mediante actos espectaculares que capten la atención mediática internacional. La cercanía del Mundial puede convertirse en un incentivo perverso para intentar sabotear la imagen del país.

El gobierno federal debe anticiparse y construir una narrativa de control, coordinación y legalidad. Minimizar riesgos sin caer en triunfalismos. Reconocer los desafíos sin magnificar la amenaza. La línea es delgada.

 En el contexto postelectoral y con un Congreso en plena reconfiguración de fuerzas, las decisiones que se adopten en los próximos meses marcarán la pauta. No se trata de militarizar por reflejo, ni de sobrerreaccionar con medidas que vulneren derechos. Se trata de entender que la seguridad del Mundial es un asunto de seguridad nacional y de reputación internacional.

La historia reciente demuestra que los grandes eventos pueden ser aprovechados por actores violentos para enviar señales de poder. México no puede darse el lujo de que la fiesta deportiva más importante del planeta sea utilizada como plataforma de propaganda criminal.

Hay, además, un componente económico ineludible. La FIFA estima que la derrama económica será histórica para los tres países anfitriones. En el caso mexicano, la inversión en infraestructura, hotelería y servicios está en marcha. Pero esa derrama sólo se consolidará si existe certidumbre. La percepción de inseguridad es un impuesto invisible que ahuyenta turistas e inversionistas.

El asesinato del Mencho marca un punto de inflexión. Es una oportunidad para debilitar estructuralmente a uno de los grupos criminales más violentos del país. Pero también es un momento de riesgo si no se gestionan con inteligencia los reacomodos internos y las posibles alianzas entre facciones.

El Mundial 2026 no espera. El calendario avanza con precisión suiza. El timing político, en cambio, suele diluirse entre debates y cálculos electorales. Hoy, más que nunca, ambos relojes deben sincronizarse.

Porque si el Estado actúa con anticipación, coordinación y firmeza, la Copa del Mundo será un escaparate de capacidad institucional y hospitalidad. Pero si se subestima la dimensión del desafío, el escaparate podría ser utilizado por quienes buscan exactamente lo contrario: exhibir debilidad y sembrar miedo al fiel estilo del terrorismo.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.