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Desde San Lázaro. Un mundial entre las patas de los criminales. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

27 Feb 2026
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Desde San Lázaro. Un mundial entre las patas de los criminales. Por: Alejo Sánchez Cano Captura de imagen: https://x.com/Canal22

El reloj político no siempre coincide con el reloj histórico. Pero hay momentos en que ambos marcan la misma hora. Hoy, a poco más de tres meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, es el momento adecuado para tomar decisiones de fondo en nuestro país en materia de seguridad y ello no es un asunto retórico: es una necesidad estratégica de Estado.

La organización del Mundial no es solamente una vitrina deportiva; es un escaparate geopolítico, económico y social. Millones de ojos estarán puestos en lo que ocurra dentro y fuera de los estadios. En nuestro país, sedes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y otras ciudades no sólo recibirán turistas, selecciones y patrocinadores; también estarán bajo el escrutinio internacional en términos de gobernabilidad y seguridad pública.

El reciente asesinato del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, y la caída de otros cabecillas de esa organización abren un escenario complejo. Por un lado, el golpe asentado a los narcoterroristas más expansivo de los últimos años representa un mensaje de autoridad del Estado. Por el otro, la experiencia indica que los vacíos de poder dentro de las estructuras criminales suelen detonar reacomodos violentos, disputas internas y ajustes de cuentas que buscan demostrar fuerza territorial.

Será el mundial de fut una fiesta o un campo de tensión soterrada.

En el congreso se deberían estar discutiendo en estos momentos reformas en materia de inteligencia, coordinación interinstitucional y fortalecimiento presupuestal para las fuerzas de seguridad. No basta con operativos reactivos. Se requiere una estrategia preventiva con tres ejes claros: blindaje territorial, control financiero y narrativa institucional.

El blindaje territorial implica mucho más que patrullajes visibles en las sedes mundialistas. Supone intervenir de manera quirúrgica las rutas logísticas del crimen organizado: puertos, aduanas, carreteras y nodos urbanos donde históricamente han operado células delictivas. La colaboración con el gobierno de Estados Unidos y Canadá será determinante. La seguridad del Mundial es trinacional y cualquier fisura en uno de los países repercutirá en la percepción global del evento.

El segundo eje, el control financiero, es quizá el más delicado. Los grandes eventos deportivos suelen convertirse en espacios propicios para el lavado de dinero a través de empresas fachada, contratos inflados y operaciones inmobiliarias. Aquí el Poder Legislativo tiene una tarea pendiente: robustecer los mecanismos de fiscalización, transparentar adjudicaciones y cerrar las puertas a capitales de origen ilícito que busquen “blanquearse” al amparo del entusiasmo mundialista.

El tercer eje es la narrativa institucional. Los grupos antisistémicos, como los cárteles de la droga, no sólo operan con armas; también disputan la narrativa. Buscan enviar mensajes de desafío al Estado mediante actos espectaculares que capten la atención mediática internacional. La cercanía del Mundial puede convertirse en un incentivo perverso para intentar sabotear la imagen del país.

El gobierno federal debe anticiparse y construir una narrativa de control, coordinación y legalidad. Minimizar riesgos sin caer en triunfalismos. Reconocer los desafíos sin magnificar la amenaza. La línea es delgada.

 En el contexto postelectoral y con un Congreso en plena reconfiguración de fuerzas, las decisiones que se adopten en los próximos meses marcarán la pauta. No se trata de militarizar por reflejo, ni de sobrerreaccionar con medidas que vulneren derechos. Se trata de entender que la seguridad del Mundial es un asunto de seguridad nacional y de reputación internacional.

La historia reciente demuestra que los grandes eventos pueden ser aprovechados por actores violentos para enviar señales de poder. México no puede darse el lujo de que la fiesta deportiva más importante del planeta sea utilizada como plataforma de propaganda criminal.

Hay, además, un componente económico ineludible. La FIFA estima que la derrama económica será histórica para los tres países anfitriones. En el caso mexicano, la inversión en infraestructura, hotelería y servicios está en marcha. Pero esa derrama sólo se consolidará si existe certidumbre. La percepción de inseguridad es un impuesto invisible que ahuyenta turistas e inversionistas.

El asesinato del Mencho marca un punto de inflexión. Es una oportunidad para debilitar estructuralmente a uno de los grupos criminales más violentos del país. Pero también es un momento de riesgo si no se gestionan con inteligencia los reacomodos internos y las posibles alianzas entre facciones.

El Mundial 2026 no espera. El calendario avanza con precisión suiza. El timing político, en cambio, suele diluirse entre debates y cálculos electorales. Hoy, más que nunca, ambos relojes deben sincronizarse.

Porque si el Estado actúa con anticipación, coordinación y firmeza, la Copa del Mundo será un escaparate de capacidad institucional y hospitalidad. Pero si se subestima la dimensión del desafío, el escaparate podría ser utilizado por quienes buscan exactamente lo contrario: exhibir debilidad y sembrar miedo al fiel estilo del terrorismo.

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.