La escena fue cuidadosamente construida. Por primera vez en la historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró una sesión plenaria en territorio indígena, en una plaza pública del municipio de Tenejapa, Chiapas El hecho, que en apariencia podría leerse como un gesto de cercanía institucional, terminó convertido en un espectáculo circense que desdibujó la función toral del máximo tribunal del país.

La sesión fue encabezada por el ministro presidente, Hugo Aguilar, quien —según comentan en los pasillos judiciales— gusta que le llamen “el clon” de Benito Juárez. La evocación no es casual. Juárez, el “Benemérito de las Américas”, símbolo del liberalismo republicano, fue también presidente de la Corte antes de ocupar la Presidencia de la República. La referencia histórica pesa, pero la comparación resulta forzada.

Acompañaron al ministro presidente otros siete integrantes del pleno, algunos de manera presencial y otros a la distancia, en modalidad virtual. Solo faltó la ministra María Estela Ríos, cuya ausencia fue comentada en voz baja. La imagen institucional buscaba proyectar cercanía con los pueblos originarios; sin embargo, el ejercicio resultó una farsa.

Porque mientras en el templete se hablaba de justicia intercultural y de saldar deudas históricas, los ministros arribaron en camionetas blindadas, con logística de alto nivel y un aparato de seguridad que poco tiene que ver con la austeridad republicana que tanto se predica desde otros frentes del poder. La Corte trasladó no solo su sede simbólica, sino también el boato que acompaña a los altos funcionarios. La escena no pasó inadvertida entre los asistentes.

El fondo del asunto merece mayor reflexión. ¿Puede la justicia acercarse a la gente? Por supuesto. ¿Es positivo que el máximo tribunal visibilice la realidad de los pueblos indígenas? Nadie podría oponerse en principio. México arrastra una deuda histórica en materia de acceso a la justicia para comunidades originarias, discriminadas durante décadas por el propio aparato institucional.

Sin embargo, la pregunta central es otra: ¿esa sesión plenaria cambió algo sustantivo en la impartición de justicia? ¿Hubo resoluciones que fortalecieran el acceso efectivo a tribunales, que mejoraran la defensoría pública o que garantizaran traductores y peritajes culturales en procesos penales? Más allá del simbolismo, no parece haber habido un impacto concreto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene funciones claramente delimitadas en la Constitución: resolver controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, amparos en revisión y fijar criterios obligatorios. Su papel es técnico, jurídico, contramayoritario.

Cuando la Corte se convierte en protagonista de actos con alto contenido político o mediático, corre el riesgo de diluir su autoridad técnica. El máximo tribunal no necesita escenografías para ejercer su función; necesita sentencias sólidas, coherentes y consistentes. Necesita independencia frente a los otros poderes, no aplausos circunstanciales.

Desde San Lázaro, donde cada gesto suele tener lectura política, la sesión indígena fue interpretada como un mensaje. En un contexto de reformas al Poder Judicial y de cuestionamientos constantes a su legitimidad, la presidencia de la Corte optó por salir del recinto tradicional para enviar una señal de cercanía social. El problema es que esa narrativa puede ser vista como un intento de legitimación simbólica frente a un entorno adverso.

La toga exige prudencia, no protagonismo.

No se trata de negar la relevancia de los pueblos indígenas ni de minimizar su derecho a una justicia con perspectiva cultural. Se trata de cuestionar si el máximo tribunal debe transformarse en un escenario de gestos simbólicos que poco inciden en la realidad estructural del sistema judicial mexicano.

La procuración e impartición de justicia en el país enfrentan desafíos enormes: rezagos procesales, saturación de tribunales, deficiencias en defensoría pública, violencia estructural, impunidad crónica. Frente a ese panorama, una sesión plenaria fuera de la sede tradicional puede resultar más un espectáculo circense que una solución.

En el fondo, lo que está en juego es la naturaleza del Poder Judicial. Si la Corte se suma a la lógica del espectáculo político, pierde el aura de neutralidad técnica que le permite arbitrar conflictos entre poderes y proteger derechos fundamentales. La legitimidad judicial no se construye con escenografía, sino con sentencias.

La imagen de ministros trasladándose con todo su aparato a territorio indígena, mientras el país enfrenta crisis de seguridad y desafíos institucionales profundos, deja una sensación ambivalente. ¿Es un acto histórico de inclusión o un gesto populista que distrae de lo esencial?

El máximo tribunal debe concentrarse en su función toral. La justicia no necesita giras; necesita firmeza. No requiere aplausos; requiere resoluciones que fortalezcan el Estado de derecho. Convertir la sesión plenaria en un acto simbólico puede rendir reflectores, pero difícilmente mejora la procuración de justicia.

La Corte está llamada a ser árbitro, no protagonista. Y en tiempos donde la institucionalidad se encuentra bajo presión, la sobriedad y la técnica deberían pesar más que la narrativa. Porque cuando el derecho se subordina al espectáculo, pierde su esencia. Y el país pierde algo más valioso que una fotografía: pierde confianza en su máximo tribunal.