La presentación del Pliego Nacional de Demandas 2026 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que preside el maestro Alfonso Cepeda Salas, ante el gobierno federal no es un trámite más ni un ritual burocrático de la vida sindical.

Es, en estricto sentido, un acto de elemental justicia que el Estado mexicano está obligado a atender en todas sus partes, no por concesión política ni por cálculo electoral, sino por una deuda histórica con el magisterio nacional.

Desde la sede de la Secretaría de Educación Pública, el dirigente nacional de los maestros entregó formalmente el documento al titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

Detrás de ese gesto protocolario hay una cifra que no puede minimizarse: más de un millón y medio de trabajadoras y trabajadores de la educación participaron en la 8ª Consulta Nacional que dio origen al pliego. Es decir, no se trata de ocurrencias cupulares ni de demandas improvisadas, sino de un mandato claro que surge desde las aulas, desde las escuelas rurales, urbanas, indígenas y marginadas del país.

El contenido del pliego es contundente y, sobre todo, razonable. Un incremento salarial de al menos 13 por ciento. La reforma a los regímenes pensionarios del ISSSTE que hoy condena a miles de maestros a jubilarse en condiciones indignas. Un nuevo sistema de carrera magisterial que deje atrás la simulación y la discrecionalidad.

La reducción de una carga administrativa asfixiante que le roba tiempo a la enseñanza. Y el fortalecimiento real de la profesionalización docente. Nada de esto es excesivo. Todo es justo.

A ello se suman problemas estructurales que ningún gobierno ha querido enfrentar con seriedad: escuelas sin mantenimiento, sin equipamiento básico, con techos que se caen y baños inservibles; pagos atrasados y prestaciones que no llegan; rezagos que se arrastran por años en todos los niveles educativos. ¿Cómo exigir excelencia educativa cuando el propio Estado incumple sus obligaciones más elementales?

Desde San Lázaro, donde se aprueban presupuestos y se reforman leyes, el tema debería ocupar un lugar central. No basta con discursos de reconocimiento al magisterio ni con frases huecas sobre la “revalorización del maestro”. La verdadera revalorización se expresa en el presupuesto, en las leyes secundarias, en las condiciones laborales y en el respeto a los derechos adquiridos.

El magisterio mexicano se la rifa todos los días. Lo hace en contextos de violencia, de pobreza extrema, de abandono institucional. Hace de la enseñanza una herramienta eficaz de inclusión social, muchas veces sustituyendo al Estado en tareas que van más allá del aula: contención emocional, alimentación, orientación comunitaria.

En miles de comunidades, el maestro sigue siendo la única presencia permanente del gobierno. Y aun así, es uno de los sectores más castigados por la política salarial y por reformas mal diseñadas.

Por eso, atender el pliego petitorio del SNTE no debería verse como una carga fiscal, sino como una inversión estratégica en el futuro del país. No hay transformación posible sin educación pública fuerte, y no hay educación pública de calidad sin maestras y maestros dignificados. Cualquier otra narrativa es demagogia.

El gobierno federal, que se asume como heredero de un proyecto social, tiene hoy la oportunidad —y la obligación— de pasar del discurso a los hechos. La disposición al diálogo es bienvenida, pero insuficiente si no se traduce en resultados concretos. El magisterio ya cumplió: consultó a su base, presentó un pliego sólido y nombró una comisión negociadora. Ahora le toca al Estado responder con seriedad.

Vale subrayar, además, que el SNTE se ha convertido en uno de los aliados estratégicos más destacados del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. No se trata de una relación retórica ni circunstancial, sino de un acompañamiento político y social tangible, medible y, sobre todo, decisivo en momentos clave para el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Ahí está el dato duro: la afiliación de más de un millón de maestras y maestros a Morena, un hecho inédito que ningún otro sindicato ha logrado y que refleja no solo la capacidad de organización del SNTE, sino también su alineamiento con el proyecto político que hoy gobierna el país. Ese respaldo no es menor si se considera que el magisterio es uno de los sectores con mayor presencia territorial, capaz de incidir en comunidades donde ningún partido ni estructura gubernamental llega con la misma profundidad.

Sin embargo, el apoyo del SNTE no se ha limitado a la afiliación partidista. Bajo el liderazgo de Cepeda Salas, el sindicato ha respondido puntualmente a las convocatorias de movilización realizadas por la hoy presidenta Sheinbaum, ya sea para defender reformas, acompañar decisiones estratégicas o cerrar filas frente a embates políticos internos y externos.

En cada llamado, el magisterio organizado ha estado presente, disciplinado y con capacidad real de movilización.