El 2027 ya se asoma en el horizonte político y, con él, uno de los procesos electorales más complejos y estratégicos para el oficialismo desde que Morena llegó al poder. No se trata solo de renovar gubernaturas en 17 entidades del país; lo que estará en juego es la consolidación —o el desgaste— del proyecto político de la llamada cuarta transformación bajo un nuevo mando presidencial. A diferencia de otros procesos, este tendrá una característica inédita y profundamente centralizadora: la presidenta de la República elegirá, sin intermediarios reales, a los 17 candidatos de Morena y sus aliados.

La presidenta dio el manotazo en la mesa. Ya movió piezas que parecían intocables en el Congreso, en la FGR y en alcaldes de su propio partido político, también ha dejado ver que no permitirá que los grupos locales, las tribus partidistas ni los cacicazgos regionales le impongan perfiles.

La lógica es comprensible desde Palacio Nacional. Diecisiete gubernaturas no son un trámite electoral; son el andamiaje territorial que definirá la elección intermedia de 2027 y, sobre todo, la sucesión presidencial de 2030. Quien controle los estados controla estructuras, presupuestos, operadores políticos y, en muchos casos, las fiscalías locales. Por eso la presidenta no soltará ese tablero.

Pero este proceso no solo será centralizado; también estará marcado por un intento —al menos discursivo— de frenar el nepotismo que ha contaminado a Morena desde su crecimiento acelerado. La presidenta ha sido enfática: no más herencias familiares, no más apellidos que se repiten sexenio tras sexenio, no más dinastías disfrazadas de continuidad del proyecto. El problema, como siempre, es pasar del discurso a los hechos.

Los focos rojos están plenamente identificados. En San Luis Potosí, aunque el gober Ricardo Gallardo ya dio marcha atrás en el albazo legislativo para imponer la ley de equidad de género y con  dejarle la puerta abierta a su esposa, la senadora Ruth González , en la realidad se mantiene la intención de convertirla en la candidata del Verde para sucederlo. El intento de prolongar el control político familiar es evidente. En Zacatecas, la tentación de convertir el gobierno estatal en un patrimonio hereditario de los Monreal  sigue latente, pese al desgaste político y a la crisis de seguridad que arrastra la entidad. En Guerrero, el caso es todavía más delicado: ahí el nepotismo se mezcla con una profunda descomposición institucional y con el control territorial de grupos criminales. Félix Salgado Macedonio sigue apuntado para recibir el poder de su hija.

Sheinbaum sabe que permitir candidaturas familiares en estos estados no solo debilitaría su narrativa de cambio, sino que abriría un flanco perfecto para la oposición, que —aunque fragmentada e ineficaz— no desaprovechará la oportunidad de exhibir las contradicciones del oficialismo. Por eso habrá mano dura. No negociaciones largas, no encuestas a modo, no acuerdos en lo oscurito. Quien no se alinee, simplemente quedará fuera.

Las decisiones en Morena no solo  se toman en los consejos y en los comités locales; sino que hay un voto de calidad que baja en línea directa desde el Ejecutivo. Los aliados —PT y Partido Verde— lo saben y lo aceptan, porque también jugarán su cuota en la repartición de candidaturas, siempre bajo la supervisión presidencial.

Del otro lado, la oposición llega a este proceso en condiciones francamente precarias. El PRI sigue atrapado en su crisis existencial; el PAN no logra articular un discurso que conecte con el electorado fuera de sus bastiones tradicionales y por ello ha anunciado que abrirá sus puertas para nominar a candidatos externos; Movimiento Ciudadano, aunque competitivo en algunas regiones, enfrenta su propia fragmentación interna y el desgaste natural de gobernar estados clave como Nuevo León, en donde Samuel García hace de todo para dejar a su cónyuge en el poder.

Así, las elecciones de gobernador en 2027 no serán solo una contienda entre partidos, sino una prueba de fuego para el liderazgo de Claudia Sheinbaum. Será su primer gran examen político nacional sin la sombra directa de Andrés Manuel López Obrador, y también la oportunidad de demostrar si su promesa de orden, disciplina y combate a las malas prácticas internas va en serio.

Vienen definiciones, no simulaciones. Morena se juega mucho más que 17 gubernaturas; se juega la viabilidad de su proyecto a largo plazo. Y la presidenta, todo indica, no se tocará el corazón para imponer su sello, incluso si eso implica romper con viejos aliados, desplazar aspirantes incómodos o dinamitar carreras políticas construidas al amparo del nepotismo.

Los grupos criminales también buscan participar en la selección de candidatos.

En estos momentos son 12 entidades de las 17 que estarán en juego en 2027, que gobierna Morena. Tres el PAN, una MC y otra, el PVEM, en SLP.