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Desde San Lázaro. El deslinde gradual entre Sheinbaum y AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

03 Feb 2026
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Desde San Lázaro. El deslinde gradual entre Sheinbaum y AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/adan_augusto

La salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de los senadores de Morena y de la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado no es un simple ajuste administrativo ni un relevo rutinario. Diga lo que se diga desde la narrativa oficial, se trata de una decisión política de alto calibre que fortalece de manera directa el proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum y debilita, quizá como nunca antes, la influencia real de Andrés Manuel López Obrador.

No es un dato menor: a López Hernández, el “hermano” político del expresidente, le quitan el control del presupuesto de la Cámara alta, el manejo de los acuerdos internos, la distribución de posiciones estratégicas y, sobre todo, la interlocución privilegiada con la presidenta de la República. En política, perder el control del dinero y de la agenda equivale, simple y llanamente, a perder el poder.

Durante los últimos ocho meses, Adán Augusto fue un factor de tensión permanente para Palacio Nacional. No sólo por su estilo personalísimo de ejercer el mando, sino porque se convirtió en un dique para la consolidación de la agenda legislativa presidencial. Mientras que en San Lázaro Ricardo Monreal cumple, a ciencia cabal, las indicaciones de la doctora Sheinbaum, en el Senado Adán Augusto se hacía como que “la Virgen le hablaba”, administrando tiempos, pateando acuerdos y jugando a la autonomía y al despliegue de su propia agenda para apoyar a senadoras para ganar candidaturas de su partido.

Pero el relevo no puede explicarse únicamente en términos de disciplina legislativa. Los graves señalamientos que pesan sobre Adán Augusto López Hernández por sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora” y exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, justo cuando él era gobernador, minaron de manera severa su viabilidad política. A ello se suma el manejo exorbitante de recursos económicos que no corresponde a sus ingresos conocidos, un tema que, en cualquier democracia funcional, habría detonado investigaciones formales y consecuencias inmediatas.

Con ese lastre, Adán Augusto se convirtió en un estorbo para la presidenta. No sólo porque su permanencia erosionaba el discurso de orden, legalidad y control político, sino porque hacía prácticamente imposible alinear al Senado para sacar adelante las reformas estratégicas del nuevo gobierno. En pocas palabras: se volvió un problema, no una solución.

La llegada de Ignacio Mier al pastoreo de los senadores de Morena y a la presidencia de la Jucopo no es casual ni improvisada. Responde a una lógica clara de transición política, operación legislativa y lealtad institucional. Mier entiende que el nuevo eje del poder está en Palacio Nacional y no en Palenque.

 

La lectura electoral es inevitable. La elección intermedia de 2027 y, por supuesto, la presidencial de 2030 ya están presentes en cada decisión estratégica. Para llegar con fuerza a esas citas, Sheinbaum necesita un Congreso disciplinado, gobernadores alineados y un partido sin cacicazgos, sin figuras contaminadas y sin operadores que jueguen por la libre.

En ese contexto, no es casual que ya hayan caído dos personajes que durante años parecían intocables: primero Alejandro Gertz Manero y ahora Adán Augusto López Hernández. El mensaje hacia dentro de Morena es contundente: nadie es indispensable y nadie tiene patente de impunidad política.

La sacudida también debe leerse en clave internacional. Las presiones que ejerce Donald Trump sobre su contraparte mexicana para “limpiar la casa” de funcionarios presuntamente coludidos con los cárteles de la droga pesan —y pesan mucho— en las decisiones internas. En ese escenario, mantener figuras cuestionadas en posiciones estratégicas se convierte en un riesgo político, diplomático y económico que el nuevo gobierno no está dispuesto a cargar.

Con el desgaste que arrastran hoy Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña, queda claro que varias de las corcholatas del obradorismo se quedaron en el camino. El mito de la sucesión ordenada se desmorona y sólo sobreviven quienes entendieron a tiempo que el poder ya cambió de manos. Ahí están Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, ambos adaptados al nuevo equilibrio.

Y vienen más movimientos. En los pasillos del poder se da prácticamente por hecho que en los próximos días Rubén Rocha Moya dejará la gubernatura de Sinaloa, lo que abriría la puerta a elecciones extraordinarias en una de las entidades más golpeadas por la violencia y la ingobernabilidad. De confirmarse, sería otro golpe directo al viejo obradorismo territorial.

La pregunta ya no es si Claudia Sheinbaum ejercerá el poder, sino hasta dónde está dispuesta a llegar para consolidarlo. Por lo pronto, el golpe a Adán Augusto deja algo muy claro: la presidenta no gobierna con nostalgias ni con compromisos heredados. Gobierna con cálculo, control y visión de futuro. Y ese control, hoy por hoy, ya es suyo.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.