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Desde San Lázaro. El deslinde gradual entre Sheinbaum y AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

03 Feb 2026
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Desde San Lázaro. El deslinde gradual entre Sheinbaum y AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/adan_augusto

La salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de los senadores de Morena y de la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado no es un simple ajuste administrativo ni un relevo rutinario. Diga lo que se diga desde la narrativa oficial, se trata de una decisión política de alto calibre que fortalece de manera directa el proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum y debilita, quizá como nunca antes, la influencia real de Andrés Manuel López Obrador.

No es un dato menor: a López Hernández, el “hermano” político del expresidente, le quitan el control del presupuesto de la Cámara alta, el manejo de los acuerdos internos, la distribución de posiciones estratégicas y, sobre todo, la interlocución privilegiada con la presidenta de la República. En política, perder el control del dinero y de la agenda equivale, simple y llanamente, a perder el poder.

Durante los últimos ocho meses, Adán Augusto fue un factor de tensión permanente para Palacio Nacional. No sólo por su estilo personalísimo de ejercer el mando, sino porque se convirtió en un dique para la consolidación de la agenda legislativa presidencial. Mientras que en San Lázaro Ricardo Monreal cumple, a ciencia cabal, las indicaciones de la doctora Sheinbaum, en el Senado Adán Augusto se hacía como que “la Virgen le hablaba”, administrando tiempos, pateando acuerdos y jugando a la autonomía y al despliegue de su propia agenda para apoyar a senadoras para ganar candidaturas de su partido.

Pero el relevo no puede explicarse únicamente en términos de disciplina legislativa. Los graves señalamientos que pesan sobre Adán Augusto López Hernández por sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora” y exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, justo cuando él era gobernador, minaron de manera severa su viabilidad política. A ello se suma el manejo exorbitante de recursos económicos que no corresponde a sus ingresos conocidos, un tema que, en cualquier democracia funcional, habría detonado investigaciones formales y consecuencias inmediatas.

Con ese lastre, Adán Augusto se convirtió en un estorbo para la presidenta. No sólo porque su permanencia erosionaba el discurso de orden, legalidad y control político, sino porque hacía prácticamente imposible alinear al Senado para sacar adelante las reformas estratégicas del nuevo gobierno. En pocas palabras: se volvió un problema, no una solución.

La llegada de Ignacio Mier al pastoreo de los senadores de Morena y a la presidencia de la Jucopo no es casual ni improvisada. Responde a una lógica clara de transición política, operación legislativa y lealtad institucional. Mier entiende que el nuevo eje del poder está en Palacio Nacional y no en Palenque.

 

La lectura electoral es inevitable. La elección intermedia de 2027 y, por supuesto, la presidencial de 2030 ya están presentes en cada decisión estratégica. Para llegar con fuerza a esas citas, Sheinbaum necesita un Congreso disciplinado, gobernadores alineados y un partido sin cacicazgos, sin figuras contaminadas y sin operadores que jueguen por la libre.

En ese contexto, no es casual que ya hayan caído dos personajes que durante años parecían intocables: primero Alejandro Gertz Manero y ahora Adán Augusto López Hernández. El mensaje hacia dentro de Morena es contundente: nadie es indispensable y nadie tiene patente de impunidad política.

La sacudida también debe leerse en clave internacional. Las presiones que ejerce Donald Trump sobre su contraparte mexicana para “limpiar la casa” de funcionarios presuntamente coludidos con los cárteles de la droga pesan —y pesan mucho— en las decisiones internas. En ese escenario, mantener figuras cuestionadas en posiciones estratégicas se convierte en un riesgo político, diplomático y económico que el nuevo gobierno no está dispuesto a cargar.

Con el desgaste que arrastran hoy Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña, queda claro que varias de las corcholatas del obradorismo se quedaron en el camino. El mito de la sucesión ordenada se desmorona y sólo sobreviven quienes entendieron a tiempo que el poder ya cambió de manos. Ahí están Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, ambos adaptados al nuevo equilibrio.

Y vienen más movimientos. En los pasillos del poder se da prácticamente por hecho que en los próximos días Rubén Rocha Moya dejará la gubernatura de Sinaloa, lo que abriría la puerta a elecciones extraordinarias en una de las entidades más golpeadas por la violencia y la ingobernabilidad. De confirmarse, sería otro golpe directo al viejo obradorismo territorial.

La pregunta ya no es si Claudia Sheinbaum ejercerá el poder, sino hasta dónde está dispuesta a llegar para consolidarlo. Por lo pronto, el golpe a Adán Augusto deja algo muy claro: la presidenta no gobierna con nostalgias ni con compromisos heredados. Gobierna con cálculo, control y visión de futuro. Y ese control, hoy por hoy, ya es suyo.

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.