El atentado contra dos diputados locales de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, no es un hecho aislado ni un episodio más de la violencia crónica que padece el estado. Es la confirmación más reciente —y quizá más grave— del estado de ingobernabilidad absoluta que prevalece en la entidad bajo el desgobierno de Rubén Rocha Moya. Una violencia que ya no distingue entre ciudadanos, empresarios, trabajadores extranjeros o representantes populares.
A este atentado se suma un hecho igualmente alarmante: el plagio de diez ingenieros vinculados a la minera canadiense Vizsla Silver, ubicada en el municipio de La Concordia. Un secuestro masivo que no sólo expone el control territorial del crimen organizado, sino que coloca a Sinaloa como un foco rojo internacional. Cuando el crimen secuestra personal de una empresa extranjera sin que el Estado pueda —o quiera— responder con eficacia, el mensaje es devastador: en Sinaloa, la ley no gobierna.
Todo esto ocurre pese a la presencia permanente de marinos, soldados, Guardia Nacional, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y prácticamente todo el aparato del gabinete federal de seguridad. El despliegue es impresionante; los resultados, inexistentes. La razón es clara: no se puede pacificar un estado donde el poder político local convive, tolera o pacta con el poder criminal.
El nombre que aparece una y otra vez en el centro de esta ecuación es el del gobernador Rubén Rocha Moya. Su gobierno no sólo ha sido rebasado por la violencia, sino que ha normalizado la presencia criminal en amplias regiones del estado. La connivencia con lo que queda del hoy fragmentado Cártel de Sinaloa ya no es una sospecha marginal: es una percepción extendida que se sostiene en hechos, omisiones y silencios cómplices.
Hay un elemento adicional que no puede ignorarse y que explica, en buena medida, el origen de esta tragedia institucional. El día de la elección para elegir gobernador, el Cártel de Sinaloa operó abiertamente para inhibir la participación en las urnas de los opositores, sembrando miedo, control territorial y abstencionismo forzado en diversas regiones del estado. El objetivo era claro: garantizar el triunfo de Rubén Rocha.
Así se construyó un poder político con respaldo criminal. Y como suele ocurrir en estos pactos inconfesables, las cuentas tarde o temprano se pagan. Hoy, el gobernador ya las está cubriendo: con silencio, con omisiones y con un estado sometido a la violencia. En Sinaloa, el crimen no sólo cobra en efectivo; cobra en decisiones políticas.
La violencia política es la fase superior de la descomposición institucional. Atentar contra diputados locales implica mandar un mensaje directo al sistema: aquí mandamos nosotros. Y cuando ese mensaje no tiene consecuencias políticas inmediatas para el gobernador, el mensaje se completa desde el poder: hay permiso para operar.
La breve llamada telefónica sostenida entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrada el día de ayer, aunque oficialmente se habló de una conversación respetuosa, es evidente que esas llamadas breves suelen sacar chispas y seguramente se trató el asunto de los narcoterroristas y por ello, la seguridad en México es un tema diplomático y estratégico de seguridad interior.
Resulta ingenuo pensar que en esa conversación no se abordó la eventual intervención directa de fuerzas estadounidenses para capturar capos del narcotráfico y, sobre todo, a los políticos que les dan protección y manga ancha. El secuestro de ingenieros de una empresa canadiense, los atentados contra legisladores y la incapacidad de los gobiernos locales aceleran esa presión internacional.
Rubén Rocha ya no puede esconderse detrás de la narrativa de la herencia recibida ni del respaldo tácito del centro. Su permanencia en el cargo es hoy incompatible con cualquier intento serio de pacificación.
“Ya vengan por Rubén Rocha” no es una consigna incendiaria. Es una advertencia y una exigencia política. Si el atentado contra diputados, el secuestro de ingenieros extranjeros y la evidencia de una elección condicionada por el crimen no son suficientes para actuar, entonces el mensaje es demoledor: en Sinaloa, el Estado ha sido capturado.
La presidenta debe actuar de inmediato al solicitar la dimisión de Rocha y convocar a elecciones, ya que nombrar a un gobernador interino sería, en los hechos, mantener el mismo patrón criminal incrustado en el gobierno estatal. Cambiar la cabeza sin desmontar la estructura sólo prolongaría la captura del Estado y confirmaría que el poder político sigue rehén de los mismos intereses que operaron antes, durante y después de la elección.
Sinaloa no necesita administradores temporales del desastre, sino una ruptura de fondo con el pasado inmediato. La remoción de Rocha no sería una concesión a la oposición ni un gesto de debilidad del gobierno federal; sería una decisión de seguridad nacional. Lo contrario —la inacción— sólo alimenta la narrativa de que México es incapaz de limpiar su propia casa.
