Contáctanos: 5546 8746
Síguenos en:
Fecha:

Desde San Lázaro. CNDH; ausente y alineada al poder. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

28 Ene 2026
220 veces
Desde San Lázaro. CNDH; ausente  y alineada al poder. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dejó de ser un contrapeso del poder para convertirse en un apéndice incómodo solo para las víctimas. Bajo la conducción de Rosario Piedra Ibarra, la CNDH no protege, no incomoda y, en los hechos, tampoco defiende. Administra silencios, justifica omisiones y reduce la defensa de los derechos humanos a un ejercicio retórico sin consecuencias.

La presidenta de la CNDH compareció el lunes pasado  ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. No acudió a rendir cuentas, sino a leer. Leyó un texto alusivo a su informe de labores 2025, cuidadosamente desprovisto de cualquier referencia a la tragedia que vive el país. En su discurso no hubo desaparecidos, no hubo madres buscadoras y tampoco hubo una sola mención al reclutamiento forzado de jóvenes por parte del crimen organizado. La ausencia no fue casual: fue deliberada.

Ese mismo patrón de evasión se repite cada vez que Rosario Piedra se enfrenta a la prensa. Su relación con los medios ha estado marcada por el desdén, la incomodidad y, sobre todo, por el temor a los cuestionamientos directos. No hay diálogo, no hay apertura y mucho menos disposición a responder preguntas incómodas sobre las omisiones de la CNDH. La presidenta de la Comisión parece más preocupada por evitar micrófonos que por atender a las víctimas.

En San Lázaro, su comportamiento ya es conocido. Cuando acude a la Cámara de Diputados, Rosario Piedra evita sistemáticamente el contacto con reporteros. No concede entrevistas, no responde cuestionamientos y rehúye cualquier intercambio que no esté previamente controlado. La rendición de cuentas, en su lógica, es un trámite incómodo que debe resolverse con discursos leídos y salidas apresuradas.

No es una metáfora: su costumbre es abandonar el recinto legislativo por la puerta de atrás. Mientras los reflectores y las preguntas la esperan en los accesos principales, la presidenta de la CNDH opta por salir huyendo rumbo a los estacionamientos subterráneos de San Lázaro. El gesto es simbólico y revelador: quien encabeza la defensa de los derechos humanos en México le da la espalda a la prensa y esquiva al escrutinio público.

Esa actitud define hoy a la CNDH. En un país con más de cien mil personas desaparecidas, el organismo encargado de la defensa de los derechos humanos decidió borrar del discurso institucional a las víctimas y esconderse del debate público. Para miles de familias que buscan a sus hijos, la Comisión se ha convertido en una oficina lejana, burocrática y políticamente alineada con el poder al que debería vigilar.

La reducción de la CNDH no es presupuestal ni administrativa; es moral y política. La institución se ha hecho pequeña porque renunció a incomodar. Porque prefirió la cercanía con el gobierno antes que la autonomía. Porque cambió la defensa de los ciudadanos por la protección del discurso oficial.

Esa pequeñez también se refleja en otros frentes donde el Estado ha fallado de manera estrepitosa. El desabasto de medicamentos persiste y el derecho a la salud sigue siendo una promesa incumplida. Niñas y niños con cáncer, pacientes crónicos y adultos mayores continúan pagando el costo de un sistema de salud pública que no funciona. La CNDH observa, registra y archiva, pero no presiona ni exige.

A ello se suman los excesos de las Fuerzas Armadas, la Marina y la Guardia Nacional. En un país crecientemente militarizado, las denuncias por detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violaciones a derechos humanos se acumulan. Sin embargo, la Comisión ha optado por una prudencia política que raya en la complacencia. La defensa de los derechos humanos no admite matices ni lealtades: o se ejerce con independencia o se traiciona.

Desde San Lázaro, incluso legisladores del oficialismo reconocen en privado que la CNDH ha perdido peso específico. Ya no marca agenda, ya no incomoda al poder y ya no representa una voz moral frente al Estado. Su previsibilidad la ha vuelto irrelevante, y la irrelevancia es letal para un organismo que debería ser incómodo por definición.

La paradoja es contundente: nunca como ahora México había necesitado una Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuerte, activa y autónoma. Y nunca como ahora la ha tenido tan ausente. Sin una CNDH eficiente, los mexicanos han quedado a merced de los excesos del poder público, abandonados por la institución que debía ser su última línea de defensa.

Valora este artículo
(0 votos)

El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.