La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dejó de ser un contrapeso del poder para convertirse en un apéndice incómodo solo para las víctimas. Bajo la conducción de Rosario Piedra Ibarra, la CNDH no protege, no incomoda y, en los hechos, tampoco defiende. Administra silencios, justifica omisiones y reduce la defensa de los derechos humanos a un ejercicio retórico sin consecuencias.
La presidenta de la CNDH compareció el lunes pasado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. No acudió a rendir cuentas, sino a leer. Leyó un texto alusivo a su informe de labores 2025, cuidadosamente desprovisto de cualquier referencia a la tragedia que vive el país. En su discurso no hubo desaparecidos, no hubo madres buscadoras y tampoco hubo una sola mención al reclutamiento forzado de jóvenes por parte del crimen organizado. La ausencia no fue casual: fue deliberada.
Ese mismo patrón de evasión se repite cada vez que Rosario Piedra se enfrenta a la prensa. Su relación con los medios ha estado marcada por el desdén, la incomodidad y, sobre todo, por el temor a los cuestionamientos directos. No hay diálogo, no hay apertura y mucho menos disposición a responder preguntas incómodas sobre las omisiones de la CNDH. La presidenta de la Comisión parece más preocupada por evitar micrófonos que por atender a las víctimas.
En San Lázaro, su comportamiento ya es conocido. Cuando acude a la Cámara de Diputados, Rosario Piedra evita sistemáticamente el contacto con reporteros. No concede entrevistas, no responde cuestionamientos y rehúye cualquier intercambio que no esté previamente controlado. La rendición de cuentas, en su lógica, es un trámite incómodo que debe resolverse con discursos leídos y salidas apresuradas.
No es una metáfora: su costumbre es abandonar el recinto legislativo por la puerta de atrás. Mientras los reflectores y las preguntas la esperan en los accesos principales, la presidenta de la CNDH opta por salir huyendo rumbo a los estacionamientos subterráneos de San Lázaro. El gesto es simbólico y revelador: quien encabeza la defensa de los derechos humanos en México le da la espalda a la prensa y esquiva al escrutinio público.
Esa actitud define hoy a la CNDH. En un país con más de cien mil personas desaparecidas, el organismo encargado de la defensa de los derechos humanos decidió borrar del discurso institucional a las víctimas y esconderse del debate público. Para miles de familias que buscan a sus hijos, la Comisión se ha convertido en una oficina lejana, burocrática y políticamente alineada con el poder al que debería vigilar.
La reducción de la CNDH no es presupuestal ni administrativa; es moral y política. La institución se ha hecho pequeña porque renunció a incomodar. Porque prefirió la cercanía con el gobierno antes que la autonomía. Porque cambió la defensa de los ciudadanos por la protección del discurso oficial.
Esa pequeñez también se refleja en otros frentes donde el Estado ha fallado de manera estrepitosa. El desabasto de medicamentos persiste y el derecho a la salud sigue siendo una promesa incumplida. Niñas y niños con cáncer, pacientes crónicos y adultos mayores continúan pagando el costo de un sistema de salud pública que no funciona. La CNDH observa, registra y archiva, pero no presiona ni exige.
A ello se suman los excesos de las Fuerzas Armadas, la Marina y la Guardia Nacional. En un país crecientemente militarizado, las denuncias por detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violaciones a derechos humanos se acumulan. Sin embargo, la Comisión ha optado por una prudencia política que raya en la complacencia. La defensa de los derechos humanos no admite matices ni lealtades: o se ejerce con independencia o se traiciona.
Desde San Lázaro, incluso legisladores del oficialismo reconocen en privado que la CNDH ha perdido peso específico. Ya no marca agenda, ya no incomoda al poder y ya no representa una voz moral frente al Estado. Su previsibilidad la ha vuelto irrelevante, y la irrelevancia es letal para un organismo que debería ser incómodo por definición.
La paradoja es contundente: nunca como ahora México había necesitado una Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuerte, activa y autónoma. Y nunca como ahora la ha tenido tan ausente. Sin una CNDH eficiente, los mexicanos han quedado a merced de los excesos del poder público, abandonados por la institución que debía ser su última línea de defensa.
