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Desde San Lázaro. ASF en punto de quiebre. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

27 Ene 2026
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Desde San Lázaro. ASF en punto de quiebre. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/ASF_Mexico

En política, como en la vida institucional, hay ciclos que se agotan aun cuando sus protagonistas insistan en prolongarlos. Ese parece ser el caso de David Colmenares Páramo al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un cargo al que llegó en 2018 y que hoy pretende conservar ya sea mediante la reelección o a través de la imposición de alguno de sus subalternos. Sin embargo, en el círculo del poder oficialista el mensaje es claro: su tiempo está contado.

En San Lázaro crece la percepción de que la ASF no solo se estancó, sino que perdió capacidad técnica, autoridad moral y eficacia como órgano clave del sistema nacional anticorrupción. La acumulación de expedientes sin resolver, la lentitud en los procedimientos sancionatorios y la ausencia de consecuencias visibles frente a irregularidades detectadas han erosionado la credibilidad de una institución que debería ser pilar del combate a la impunidad.

No se trata únicamente de un desgaste personal. Lo que está en juego es el modelo mismo de fiscalización superior. La insistencia de Colmenares en reelegirse —lo que abriría la puerta a una permanencia de hasta 16 años— ha encendido focos rojos incluso dentro de Morena, donde se advierte que la prolongación de mandatos en órganos autónomos suele derivar en concentración de poder, redes internas de protección y captura institucional

En ese contexto destaca la postura del diputado federal  Alfonso Ramírez Cuéllar, uno de los hombres más cercanos a la presidenta de la República y figura con peso específico en la bancada morenista. Ramírez Cuéllar ha sido enfático: es necesario relevar al auditor, airear el cargo y rediseñar de fondo el funcionamiento de la ASF. No como ajuste cosmético, sino como una reforma estructural que fortalezca los controles anticorrupción y agilice los mecanismos correctivos.

El legislador ha advertido, sin rodeos, que la Auditoría presenta una degradación estructural. A su juicio —compartido por otros diputados— la fiscalización llega tarde, mal y, en muchos casos, nunca llega a sanción. La consecuencia es un mensaje devastador para la rendición de cuentas: auditar sin castigar equivale a normalizar la impunidad.

Por eso no sorprende que en la Cámara de Diputados ya se hable de un relevo inminente. En la tercera semana del febrero, la Comisión de Vigilancia de la ASF lanzará la convocatoria para elegir a quien encabece el órgano fiscalizador, un proceso que deberá concluir a más tardar en marzo. Aunque formalmente Colmenares puede competir, su margen político es cada vez más estrecho.

El desgaste no proviene solo de desde la oposición. Dentro del propio oficialismo se cuestiona la falta de resultados contundentes y la opacidad en decisiones internas, como destituciones sin explicación y reacomodos que han debilitado áreas estratégicas de auditoría forense y de cumplimiento financiero. A ello se suman señalamientos de presuntos desvíos que no han tenido seguimiento eficaz, lo que alimenta la narrativa de una ASF reactiva y complaciente.

En los corrillos legislativos ya circulan nombres de posibles aspirantes, tanto internos como externos, lo que confirma que el relevo dejó de ser una hipótesis para convertirse en escenario probable. Pero más allá de los perfiles, el debate de fondo es otro: ¿seguirá la ASF operando como una oficina que produce informes voluminosos pero inocuos, o se transformará en una institución capaz de incomodar al poder y cerrar el paso a la corrupción?

Claudia Sheinbaum lo sabe: sin una fiscalización fuerte, cualquier discurso anticorrupción queda incompleto. De ahí que el relevo en la Auditoría Superior de la Federación no sea un simple cambio administrativo, sino una decisión política de alto calado.

Desde San Lázaro, la señal es inequívoca. El ciclo de David Colmenares se acerca a su fin. Y con él, la oportunidad —quizá la última en mucho tiempo— de reconstruir una ASF a la altura de las exigencias ciudadanas y del momento histórico que vive el país.

El cedazo está dejando pasar a la siguiente etapa de la cuarta transformación a cercanos de la doctora y por ende, al desplazamiento de perfiles que no le son leales y tampoco eficientes, tal es el caso de Colmenares quien debería entender que los tiempos no le favorecen y por lo tanto, convertirse en un factor de unidad e institucionalidad en el relevo en la dirección general de la ASF.

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.