La compra de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un costo aproximado de dos millones de pesos cada una, no es un asunto menor ni un simple apunte administrativo. Es, ante todo, un mensaje político. Y como todo mensaje que emana del poder público, debe leerse en su justa dimensión y contrastarse con el discurso de austeridad y congruencia que dice sostener el régimen de la llamada Cuarta Transformación.
Aunque los ministros hayan regresado finalmente las camionetas de alta gama, la afrenta ya estaba hecha. El agravio no se borra con una devolución tardía, porque en principio aceptaron los vehículos, los usaron y, peor aún, intentaron justificar lo injustificable. Fue necesaria la intervención directa de la presidenta de la República para corregir un error mayúsculo de una Corte extraviada, una Corte de “tres patines” que perdió el equilibrio, el sentido común y la sensibilidad social.
De acuerdo con la información conocida, la adquisición se realizó en un contexto económico adverso para millones de mexicanos. Basta salir a la calle —o revisar cualquier indicador social— para confirmar que una parte significativa de la población vive al día, sin certeza sobre si podrá cubrir sus necesidades más elementales. En ese país real, donde la inflación castiga los alimentos, el empleo informal crece y la pobreza no cede, la imagen de ministros trasladándose en vehículos blindados de lujo resultaba, cuando menos, ofensiva.
La Suprema Corte, encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, pretende asumirse como heredera moral del ideario juarista —el del Benemérito de las Américas que predicaba la austeridad republicana y la distancia entre poder y privilegio—, pero parece olvidar que el simbolismo también gobierna. Juárez entendía que la autoridad se legitimaba no solo con leyes, sino con el ejemplo. Y el ejemplo que proyectó la Corte fue el de una élite que se protege, se blinda y se desplaza en condiciones radicalmente distintas a las del ciudadano común.
El argumento de la seguridad, recurrente en estos casos, no es menor, pero tampoco es absoluto. México es un país violento, sí, pero también es un país profundamente desigual. Cuando el Estado decide destinar recursos públicos a blindar a sus altas esferas sin un ejercicio visible de contención, proporcionalidad o empatía, envía una señal peligrosa: que la vida y la integridad parecen valer más conforme se asciende en la jerarquía del poder.
Más grave aún es la contradicción política. Durante años, desde Palacio Nacional y desde la mayoría legislativa, se ha insistido en que la austeridad no es solo una política pública, sino una convicción moral. Se ha denunciado el dispendio del pasado y los privilegios de las élites. En ese contexto, resulta inexplicable que uno de los pilares del Estado mexicano incurra en gastos que chocan frontalmente con ese relato.
La narrativa ha sido clara: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin embargo, decisiones como esta demuestran que el principio se aplica de manera selectiva. La austeridad se exige hacia abajo, pero se diluye cuando toca a las cúpulas. El problema no es solo el monto —que no es menor—, sino el contraste obsceno con la realidad nacional.
Además, el Poder Judicial atraviesa uno de sus momentos más delicados en términos de legitimidad. Las reformas, los embates políticos y el debate sobre su papel en el equilibrio republicano lo mantienen bajo una lupa permanente. En ese escenario, cada decisión administrativa adquiere una dimensión política inevitable. Comprar camionetas blindadas de lujo no fortalece a la institución; la debilita y la aleja aún más de una ciudadanía que percibe a la justicia como lejana, lenta y elitista.
Hoy, la Suprema Corte parece haber perdido la brújula: por fallos controvertidos, por opacidad, por insensibilidad y por decisiones administrativas que la colocan en el lado equivocado de la historia. La elección judicial y sus primeras consecuencias han puesto en evidencia un deterioro del equilibrio de poderes que amenaza al régimen democrático. Y episodios como el de las camionetas blindadas confirman que el problema no es solo jurídico, sino ético.
Regresaron las camionetas de lujo y para cuándo se bajarán los sueldos o adelgazarán el aparato burocrático que los jueces de la 4T han engordado. ¿Tendrá que intervenir otra vez la presidenta Sheinbaum?
