Desde el primer día que AMLO se sentó en la silla presidencial, hace siete años, comenzó a gestarse la nueva dictadura mexicana con diversas acciones que emulan al modelo venezolano que implementaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro en su momento,  que se caracteriza por un autoritarismo caótico que centraliza el poder en el ejecutivo, con los resultados de todos vistos, como la crisis económica que tiene postrados a los venezolanos, el saqueo rapaz de la clase gobernante y la oficialización de los cárteles de la droga para el trasiego hacia la Unión Americana.

Con el control total de los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de la SCJN y de los organismos electorales, la militarización, la desaparición o cooptación de organismos autónomos que fungían como contrapeso del presidente en turno y el regalo de dinero público a sectores de la población cautivos electoralmente y que no necesariamente son los más marginados,  paulatinamente se dio un brinco abismal al siglo pasado en donde predominaba la hegemonía del PRI, quien gobernó al país por siete décadas.

En el siglo pasado, la organización, realización y computo de las elecciones las llevaba a cabo la Secretaria de Gobernación, instancia que fungía como juez y parte, al ser pieza fundamental del aparato gubernamental y que, por supuesto, apoyaba al PRI y a todos sus candidatos. El epítome de ese control gubernamental sobre el resultados de los comicios presidenciales, ocurrió en tiempos de Miguel de la Madrid y de Manuel Bartlett, quien era titular de la Segob, con la elección presidencial de 1988, en la cual resultó como triunfador indiscutible, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del PRD, por encima de Carlos Salinas de Gortari (PRI), sin embargo, ante el resultado imprevisto, se tuvo que “caer el sistema” para imponer el fraude y revertir la victoria opositora.

Esa aplanadora priista tenía la mayoría calificada, más de las dos terceras partes de los legisladores en ambas cámaras, lo que permitió impedir que la oposición tuviera representación legislativa y por lo tanto, no tenían acceso a la aprobación de leyes electorales que les abriera las puertas hacia el poder.

Bueno, pues a esa etapa de la historia del siglo pasado nos pretende regresar Obrador-Sheinbaum con la cereza del pastel que representa la reforma electoral que acota la representación plurinominal,  el financiamiento a los partidos políticos establece  el control total del INE y del Tribunal Electoral,  el dominio  en el Congreso federal y los congresos estatales y la eliminación de las OPLES.

Conforme a una nota publicada en El Universal, firmada por Alejandra Canchola, relativa a la desaparición de los legisladores plurinominales en la Cámara Baja, con los resultados electorales de 2024, la oposición tendría una representación testimonial de 14% y en contraparte, Morena y sus aliados, contaría con una sobrerrepresentación de más del 30%, no obstante haber obtenido el 54% de los votos en la elección pasada de 2024, al alcanzar hasta el 86% de las curules de San Lázaro

En el Senado, al eliminar los escaños plurinominales, Morena, PT y PVEM subirán a 71% conforme a los mismos resultados de 2024.

Si esto no es un rasgo característico de la imposición de una dictadura y de la demolición del Poder Legislativo, pues, entonces, la presidenta Sheinbaum y cuatroteros que la acompañan, tienen otros datos sobre el basamento de un régimen democrático.

La reforma electoral aniquila a la oposición y mella a la democracia a tal nivel que inhibe la participación de la ciudadanía en las elecciones y alienta el abstencionismo.

En el modelo venezolano de la dictadura se observan características que se han emulado en los último siete años en México, como la centralización del poder en el titular del ejecutivo federal; el control institucional y electoral; autoritarismo caótico;  represión y violación de los derechos humanos; rentismo y clientelismo con el regalo de dinero público; expropiaciones y control total del Poder Judicial; Ley Mordaza y espionaje sobre la población, entre otras acciones que las dictaduras de la región han llevado a cabo con eficacia para mantener el poder a costa del sufrimiento de la población.

En momentos que se desmorona la democracia ante el avasallamiento del totalitarismo, los opositores del PAN, PRI, MC e incluso, PT y PVEM se duermen en sus laureles, porque con la aprobación de la reforma electoral, sus días están contados como franquicias políticas, para tener tan solo una presencia testimonial y marginal en el Congreso federal y estatales.

Si realmente el bloque opositor y organizaciones de la sociedad civil que buscan alcanzar el registro como partidos políticos quieren participar activamente en política y tener posibilidades reales de ser competitivos electoralmente y con ello acceder al poder, deber, tener tal capacidad de movilización entre la ciudadanía para frenar en las calles el nuevo entramado electoral que pretende imponer el oficialismo para mantener a Morena en el poder por varias décadas.