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Desde San Lázaro. Una reforma electoral que pocos conocen. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

19 Ene 2026
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Desde San Lázaro. Una reforma electoral que pocos conocen. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/JesusRCuevas

La tan manoseada reforma electoral de la presidenta Sheinbaum solo la conoce ella, Pablo Gómez y algún otro cuatrotero más, pero ni la Cámara de Senadores, ni la de Diputados, tampoco los aliados del oficialismo como son el PVEM y el PT, menos el PAN, PRI y MC, pero ya todos se sienten agraviados por un eventual contenido que pudiera ser modificado cuando se presente el próximo mes en el Congreso Federal, en el próximo periodo de sesiones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, expuso que el proceso de análisis de la iniciativa en materia de reforma electoral iniciará hasta cuando ésta llegue. “Ahorita estamos discutiendo la nada jurídica, porque no hay nada. Solo expresiones mediáticas de lo que hemos comentado, pero no tenemos ningún documento formal”.

Tiene razón el zacatecano, aunque como todas las cosas que se hacen en el oficialismo, son producto del acelere y de la imposición, porque si existiera alguien cercano a la presidenta con dotes de político, pues, tendría que haber existido una construcción de acuerdos básicos entre Morena, PVEM y PT, además de sus líderes parlamentarios, para evitar precisamente los jaloneos que existen con los verdes y los petistas, quienes ven amenazados sus prerrogativas, prebendas y concesiones que les ha otorgado el grupo en el poder.

Todo los hacen con las patas en la 4T, precisamente por la soberbia y el resentimiento que acumulan en Palacio Nacional y que les impide tender puentes de entendimiento, ya no digamos con la oposición, sino con sus aliados políticos. El resultado del desaguisado está a la vista con el eventual rompimiento que pudiera darse con los ecologistas, porque los petistas ya doblaron las manos.

Tal como escribimos en este espacio la semana pasada, al final del día ambas franquicias políticas doblarán las manos y se plegarán al designio presidencial, mientras hacen toda clase de rabietas para vender caro su amor.

Los que dan pena ajena son los panistas, priistas y emecistas por el abominable silencio que prevalece en torno a la reforma electoral del oficialismo, más si consideramos que cuando entre en vigor esa reforma, prácticamente no tendrán espacios legislativos y menos el financiamiento público, entre otras tantas herramientas democráticas, para ser competitivos en las urnas.

Lo que pretende el obradorato con esta reforma es perpetuarse en el poder al fiel estilo del PRI del siglo pasado.

Ricardo Monreal ha reiterado que hasta el momento no se tiene una definición definitiva en torno a la reforma electoral, simplemente han trascendido una serie de propuestas que surgen de los foros y que ahora caminarán a ser consultados por los aliados, en primer lugar, PT y PVEM, porque estas adecuaciones implican una reforma a la Constitución Política.

Algunos de los temas que ya están en la discusión pública son: reducción de financiamiento, acceso a medios de comunicación como prerrogativas sobre los tiempos oficiales, el voto de los mexicanos en el extranjero, la fiscalización de los partidos, gastos de campaña, participación ciudadana directa y consultas públicas para que la gente pueda tener más opinión.

También, existen propuestas de vigilancia para que no se infiltre el crimen organizado, recursos ilícitos o, incluso, actividades privadas que sin ser ilícitas cuando aportan recursos a las campañas sin que la ley lo contempla se convierten en ilícitas.

Asimismo, se contempla la revocación de mandato y el fuero constitucional.

Respecto a la consulta popular, el pastor de los diputados del oficialismo precisó que se prevé modificar la Constitución para hacerlas más fáciles y vinculantes para que exista mayor interés del municipio y la comunidad en participar sobre sus recursos, la política y la democracia. “La idea es profundizar la democracia”.

Los tiempos legislativos de la reforma contemplan que en febrero llegue la iniciativa a la Cámara de origen.  “El plazo realmente no se modifica, porque se tenía contemplada la aprobación de la reforma hacia el mes de marzo; es decir, iniciar la discusión en febrero y en marzo la aprobación de la reforma constitucional y después en abril la reforma legal, una vez que se aprobara la reforma electoral”, aclaró Monreal.

Lo que importa para el país, según el morenista es “profundizar la democracia, reducir el costo de las elecciones, los gastos electorales y mantener y reforzar el equilibrio entre los poderes. Nunca concentrar el poder, sino al contrario, distribuirlo en razón de nuestra teoría constitucional y que cada poder haga su trabajo”.

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.