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TEPJF reúne en la FIL de Guadalajara 2025 a especialistas en democracia, transparencia, protección de datos judiciales, la era digital y los derechos de pueblos originarios Destacado

08 Dic 2025
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TEPJF reúne en la FIL de Guadalajara 2025 a especialistas en democracia, transparencia, protección de datos judiciales, la era digital y los derechos de pueblos originarios Imagen tomada de: https://www.te.gob.mx/

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llevó a cabo, en su octavo día en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2025, la presentación de cinco libros y dos conversatorios sobre temas de democracia incluyente, construcción de ciudadanía en la era digital, derechos de los pueblos originarios, perspectiva de género en materia penal, transparencia judicial y la tensión entre la privacidad de los servidores públicos y sus obligaciones de rendir cuentas.

 

En su primera actividad de esta jornada, se presentó el libro “Democracia y representación: Hacia una política de la presencia”, con la asistencia y participación de la magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa, Roselia Bustillo Marín; el magistrado de la misma sala regional José Antonio Troncoso Ávila; la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humphrey Jordan; el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) Daniel Dorantes Guerra, y el autor y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, Mauricio Olivares Méndez.

 

Los ponentes consideraron que la obra invita a reflexionar sobre los modelos de representación política de las personas de atención prioritaria de las acciones afirmativas, para que su acceso a candidaturas y cargos políticos aproveche toda su experiencia de vida, desde un enfoque humanista, y no limite su participación a temas relacionados con el género, la diversidad sexual, de pueblos indígenas, migrantes, entre otros.

 

Correspondió al director de la Escuela Judicial Electoral (EJE) del TEPJF, Luis Octavio Vado Grajales; a la investigadora de la EJE María de Lourdes Gabriela Cossío Deschamps, y la capacitadora de la EJE Leslie Idalia Jiménez Urzua, presentar y opinar del libro “La EJE ilustrada”, en el están F23 sobre la avenida Cronistas, en la sección nacional de la Expo Guadalajara.

 

Coincidieron que la obra destaca el impacto que ha tenido la EJE a nivel nacional e internacional como la gran escuela en materia de democracia, como una institución gratuita del Estado mexicano dedicada a la investigación, capacitación, formación, difusión, y de la que han egresado desde 2018 más de 650 mil personas. A la fecha, informaron, tiene 36 posgrados, aunado a que 3 mil 284 personas cursan una materia, además de innovar con un postdoctorado con estudiantes de otras naciones.

 

En el Conversatorio “Como construir ciudadanía en la era digital: reflexiones sobre la responsabilidad cívica” participaron la profesora de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO), Verónica Pía Silva Rojas; el exmagistrado presidente de Sala Regional Monterrey, Marco Antonio Zavala Arredondo; el director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de la ITESO, Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, y el profesor investigador II de la EJE, Noé Corzo Corral.

 

Los especialistas expresaron la necesidad de identificar las implicaciones de la vida digital para la democracia y replantear el concepto de ciudadanía, así como la forma de conducir el debate en los nuevos medios con base en la libertad de expresión, la tolerancia y la responsabilidad de los contenidos que se generan y comparten.

 

En la presentación del libro “Derechos Convencionales de Pueblos Originarios, desdoblamiento de derechos políticos de los pueblos originarios en las américas y sus integrantes” participaron autor y secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Toluca del TEPJF, Luis Antonio Godínez Cárdenas; el secretario ejecutivo de la Sala Regional Toluca del TEPJF, Eduardo Zubillaga Ortiz; el secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Luis Alberto Trejo Osornio, y la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, Zoad Jeanine García González.

 

Los expertos indicaron que “sin justicia para los pueblos originarios, la democracia no está completa”, por ello la obra más allá de narrar casos recientes de violación a los derechos de estas comunidades en México, permite concientizar a los interesados en el tema sobre la trascendencia del respeto a gobernarse mediante de reglas propias y el derecho para participar en decisiones externas que influirán en su cultura, su economía, convivencia y gobernanza.

 

Para hablar del libro “Perspectiva de género en el juicio oral penal” estuvieron la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rita Astrid Muciño Corro; la secretaria técnica de la Escuela Nacional de Formación Judicial, Edith Cuautle Rodríguez, y la profesora de Universidad de Guadalajara y jueza del Centro de Justicia para las Mujeres, Miriam Tello Bañuelos, y director general de la Escuela Nacional de Formación Judicial, Sergio Javier Molina Martínez.

 

La autora y los participantes destacaron los resultados de analizar 15 audiencias de juicios orales en ocho entidades del país, para identificar áreas de oportunidad para la aplicación de la perspectiva de género e interseccionalidad, pero no solo desde la visión de la víctima del delito, sino también de las personas imputadas, juzgadoras, testigos y funcionariado judicial. Coincidieron en que la investigación revela cómo las leyes siguen estando estereotipadas y mantienen una visión androcentrista.

 

En tanto, en la presentación del libro “Construcción de masculinidades positivas en el TEPJF” estuvieron el magistrado de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, José Antonio Troncoso Ávila; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Zacatecas, Gloria Esparza Rodarte; el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Campeche, Francisco Ac Ordoñez; la consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Rubí Pacheco Pérez, y la consejera electoral del IEPC de Jalisco, Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, quien moderó.

 

Este texto, destacaron los participantes, busca romper tendencias y roles de masculinidad que ha llevado a la discriminación cultural, económica y social de la mujer, a fin de encaminarse hacia una masculinidad positiva tendiente a la igualdad sustantiva y participación igualitaria en aspectos laborales y familiares. Precisaron que la obra se elaboró y publicó para quienes conforman el TEPJF, pero por su importancia se habrá de reproducir para que llegue a otras instancias jurisdiccionales y gubernamentales.

 

Mientras, en el Conversatorio “Reforma 2025: El impacto en la transparencia y protección de datos en materia judicial” participaron el secretario general de Acuerdos de la Sala Superior del TEPJF, Carlos Hernández Toledo; la directora de área de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del TEPJF, María Teresa Garmendia Magaña (moderadora); la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Baja California, Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez.

 

Así como la profesora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos y del Departamento de Formación Humana del ITESO, Ana Sofía Torres Menchaca; el profesor investigador en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, Jesús Ibarra Cárdenas; la investigadora de tiempo completo del área académica de Derecho y Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Ana Guadalupe Olvera Arellano; la coordinadora de Transparencia y Archivo General de la Universidad de Guadalajara, Natalia Mendoza Servín.

 

Los panelistas comentaron los desafíos que en materia de acceso a la información y protección de datos personales enfrentan las instituciones públicas tras las reformas al modelo normativo y las autoridades garantes. Mencionaron la necesidad de migrar hacia una gobernanza de datos que garantice la veracidad, interoperabilidad, trazabilidad y aprovechamiento de la información pública. Además, reflexionaron sobre la tensión entre el interés público de conocer los datos de las personas servidoras públicas y candidatas a puestos de elección popular y su derecho a la privacidad.

 

Con información de: https://www.te.gob.mx/

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.