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Firma Mara Lezama convenio para fortalecer la justicia y la reinserción social de mujeres privadas de la libertad Destacado

08 Dic 2025
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Firma Mara Lezama convenio para fortalecer la justicia y la reinserción social de mujeres privadas de la libertad Imagen tomada de: https://cgc.qroo.gob.mx/
  • Con la presencia del magistrado Benjamín Rubio Chávez, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, rubrica el Convenio General de Colaboración “Mujer Reintégrate” 
  • El objetivo es que, al recuperar su libertad, las mujeres cuenten con herramientas, apoyo y estabilidad para reintegrarse plenamente a sus comunidades

 

Con el objetivo de garantizar procesos más justos, atención integral y mejores oportunidades de reinserción para mujeres privadas de la libertad, la gobernadora Mara Lezama Espinosa firmó el Convenio General de Colaboración “Mujer Reintégrate”, una estrategia que busca transformar las condiciones dentro de los centros penitenciarios de Cancún y Chetumal, el primero en el país.

 

Durante el evento y con la presencia del magistrado Benjamín Rubio Chávez, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, la gobernadora Mara Lezama destacó que este acuerdo representa “un acto de humanidad” y un compromiso para que ninguna mujer en prisión permanezca en el olvido.

 

Subrayó que actualmente más de 250 mujeres enfrentan procesos legales en el estado, de las cuales solo 16% cuenta con sentencia, mientras el 84% permanece en prisión preventiva, una situación que, dijo, afecta su estabilidad emocional, a sus familias y sus posibilidades de reconstruir su vida.

 

El programa “Mujer Reintégrate” ha permitido brindar acompañamiento psicológico, asesoría jurídica, servicios de salud, talleres, lentes graduados, actividades físicas y espacios productivos. En Cancún se ha atendido a 212 mujeres y seis infancias, mientras que en Chetumal se acompañó a 33 mujeres y tres infancias.

 

La Gobernadora señaló que el convenio consolida este trabajo y abre nuevas rutas hacia la reinserción social, mediante una colaboración transversal entre la Secretaría de las Mujeres, el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Defensoría Pública Federal y Estatal, y la organización EQUIS Justicia para las Mujeres.

 

También hizo énfasis en la atención a mujeres indígenas privadas de la libertad, quienes enfrentan barreras adicionales por idioma, pobreza y falta de defensoría adecuada. El acuerdo, afirmó, garantiza acompañamiento con respeto a su identidad y origen.

 

“Cuando una mujer recupera la esperanza, transforma todo lo que toca; y ahí es donde la política pública se vuelve vida real”, expresó Mara Lezama al destacar que la prioridad del gobierno es asegurar que cada mujer tenga acceso a atención emocional, respaldo jurídico y oportunidades reales para reconstruir su futuro.

 

El convenio busca que, al recuperar su libertad, las mujeres cuenten con herramientas, apoyo y estabilidad para reintegrarse plenamente a sus comunidades.

 

“Sigamos construyendo un Quintana Roo donde la justicia camine de la mano de la empatía y donde cada mujer pueda decir, con la frente en alto, que lo logró”, concluyó la Gobernadora.

 

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Esther Burgos Jiménez, destacó que este convenio representa un gran paso para la justicia de las mujeres y es el primer convenio de esta índole que se firma en el país. Añadió que toda mujer merece reconstruir su vida y con una reintegración digna será posible.

 

El magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, destacó que con este nuevo gobierno diferente el Tribunal trabaja para apoyar a las mujeres, con la revisión de casos y desde el origen de las violencias. Añadió que se suma a este convenio para que puedan tener una ocupación.

 

Presente en la firma de este convenio, el magistrado Benjamín Rubio Chávez, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, aseguró que Quintana Roo es un gran ejemplo de trabajo para la reinserción de las mujeres que se encuentran en los centros penitenciarios, muchas de ellas lejos de sus familias.

 

Afirmó que este convenio les abre muchas nuevas oportunidades, pues existen mujeres que desconocen sus derechos por dejarlas abandonadas, sin asesoría.

 

Otra opinión positiva fue la de Fátima Leonor Gamboa Estrella, representante legal de Equis Justicia para las Mujeres A.C., quien aseguró que los ojos de México están en Quintana Roo, ejemplo nacional por las acciones que se realizan por la reinserción de las mujeres en prisión.

 

“Un informe revela que las mujeres están en prisión por la fabricación de casos, por violencia vicaría, por estar involucradas en el contexto del delito, las que pidieron ayuda, pero nunca fueron escuchadas. Muchas gracias Gobernadora por todo el trabajo” aseveró.

 

La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, dio a conocer con la gobernadora Mara Lezama ha instruido que, desde el gobierno, el sistema penitenciario cambie y mejoren las condiciones de las mujeres reclusas, pero también desde el origen de las violencias.

 

“Hoy son cifras, pero en breve será nombres de mujeres que han cambiado sus vidas”, citó.

 

Con información de: https://cgc.qroo.gob.mx/

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.