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Desde San Lázaro. Con aranceles a los chinos se van los legisladores de vacaciones. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

09 Dic 2025
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Desde San Lázaro. Con aranceles a los chinos se van los legisladores de vacaciones. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Mx_Diputados

La reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación  es una propuesta estratégica, dicen los diputados de Morena,  para fortalecer “nuestra capacidad productiva, proteger el empleo nacional y asegurar que México compita con justicia en el mercado global”.

La protección de la industria textil y de calzado es una de las justificaciones para imponer aranceles a la fayuca china, al tiempo de dotar de ingresos frescos a las atribuladas arcas públicas que están tan secas como un charco en el desierto.

La imposición de aranceles a los Chinos, al fiel estilo de Trump, ya provocó una gran irritación entre las autoridades de ese país y no dude estimado lector que vendrán represalias arancelarias en donde saldrá perjudicada la industria nacional en diversos sectores que van desde los medicamentos hasta las tecnologías de última generación.

En la exposición de motivos de esta ley se argumenta que en los últimos años nuestro país enfrentó distorsiones comerciales, prácticas desleales y una creciente dependencia de insumos, de importaciones que afectaron a los sectores productivos nacionales.

Apunta con razón Ricardo Monreal que; “He ido, por ejemplo, a León y la gente, los productores de calzado se quejan. He ido a Puebla y se queja la industria textil de la competencia desleal. De eso se trata, corregir estas desigualdades mediante una política arancelaria moderna, estratégica y alineada con el desarrollo sostenible”.

La ley busca fortalecer la industria nacional, impulsar los contenidos mexicanos en las cadenas globales de valor y proteger el empleo especialmente para los trabajadores en sectores estratégicos como el automotriz, el textil, el de aluminio, el electrodoméstico, calzado, plástico y otros.

Se pretende reducir la vulnerabilidad frente a choques externos dotando al país de mayor estabilidad económica, y va a corregir prácticas desleales del comercio garantizando condiciones equitativas para la producción nacional.

 

DESCREDITO DE LOS SENADORES Y DIPUTADOS

Hay que acotar que en la escala de los funcionarios más repudiados por la sociedad, están sin duda, los diputados y senadores, quienes sin ningún empacho presumen el fuero, los grandes sueldos, el tráfico de influencias y la flojera permanente que les impide, incluso acudir a las sesiones de forma presencial y si acaso pasan lista es de forma virtual, es decir a través de diversas aplicaciones y párenle de contar y ahora se aprestan a salid de vacaciones navideñas a partir del próximo jueves para presentarse en las sedes legislativas hasta el 1 de febrero del próximo año.

Si se aprueba la reforma electoral  para el próximo año que impulsa la presidenta Sheinbaum, se reducirá el número de representantes populares para el Congreso Federal y ello, sin duda, repercutirá en el ahorro de recursos presupuestales que, por cierto, en estos momentos no sobran.

Por culpa de muchos pagarán los representantes de los grupos minoritarios que, tal vez, pierdan espacios de representación proporcional en ambas Cámaras.

El totalitarismo tiene el pretexto ideal para reducir al Congreso a su mínima expresión en cuanto al número de integrantes.

Según encuestas y estudios recientes de percepción ciudadana en el país, los servidores públicos más desprestigiados o percibidos como más corruptos, pertenecen a las fuerzas de seguridad pública, al sistema de justicia y a los diputados y senadores, quienes están en el mismo rango de putrefacción de los policías corruptos, ministerios públicos y jueces.

Como corruptos, guevones e ineptos son calificados por los ciudadanos, pero eso los tienen sin cuidado y salvo honrosas excepciones, de los 500 diputados federales  y los 128 senadores de la República, muy pocos se salvan de esos adjetivos, sin importar si son de Morena, PRI, PAN, PT, PVEM  y MC.

En este contexto, los diputados federales se aprestan a cerrar sus oficinas para disfrutar de un “merecido” descanso vacacional y del correspondiente aguinaldo, con tres sesiones, a partir de hoy, mañana y el jueves, para aprobar nuevos aranceles a los productos de importación provenientes principalmente de China y otros países del Oriente

Monreal, informó que en esta semana  la Cámara de Diputados abordará las reformas a las leyes generales de Salud, de Economía Circular y a Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Las relativas a la Ley General de Salud contienen los vapeadores, y que, no obstante, a que ha habido mucha presión para que no se legisle, los chicos de la 4T ignorarán estos reclamos.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.