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Desde San Lázaro. Marcha Z; golpe de realidad a la 4T. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

18 Nov 2025
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Desde San Lázaro. Marcha Z; golpe de realidad a la 4T. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/BotDe20Millones

La movilización convocada por la Generación Z del pasado 15 de noviembre en diversas plazas del país y del extranjero trastocó los endebles cimientos del gobierno de la 4T y develó su talante represor y autoritario, al tiempo de enraizar la polarización social y por ende el riesgo de ingobernabilidad que ya asoma en diversas entidades como Michoacán, Sinaloa y por supuesto en la CDMX.

Ni las encuestas cuchareadas, ni la propaganda goebbeliana han protegido a un proyecto político que se infló artificialmente con mayorías calificadas creadas artificialmente desde el Tribunal Electoral. Se ha  encuerado a un movimiento que está sustentado en el aire, la trampa  y en los programas sociales.

Está claro que para el oficialismo solo hay una prioridad y esta es la de mantener el poder a toda costa y a través de todos los medios y ello, por supuesto incluye la represión violenta y brutal contra las opositores, tal como ocurre en otras dictaduras de la región como Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otras.

El rostro descompuesto, la irritabilidad y el temor de la presidenta no se pudo ocultar y menos ahora que los jóvenes están envalentonados y ello es de suma preocupación, porque era un sector de la población que tradicionalmente se mantenía alejado de expresiones políticas contra el gobierno.

Ya le rascaron los “huevos al tigre” y lo despertaron, veremos ahora como transita el oficialismo sobre la delgada línea que separa la paz social con la ingobernabilidad en donde las movilizaciones tumultuarias contra el gobierno es el vórtice de la descomposición social.

A pesar de que el gobierno de Claudia Sheinbaum sacó del baúl del populismo de izquierda todas las herramientas para desacreditar la marcha Z, como la infiltración de grupos violentos, la represión policiaca, el cierre de casi todos los accesos al zócalo, la estigmatización de los jóvenes como carne de cañón de intereses extranjeros, la siembra de miedo, la desacreditación de la marcha por parte de medios de comunicación afines al gobierno, una costosa campaña de boots en redes sociales y el espionaje, entre otros artilugios de las dictaduras, no logró su propósito, sino al contrario, inyectó un nuevo ánimo entre los opositores para volver a tomar las calles.

Dijo Sheinbaum que casi no acudieron jóvenes a la marcha y que ni siquiera llenaron la principal plaza pública del país, cuando fueron ellos los que impulsaron la movilización a través de las redes sociales y  resistieron estoicamente el embate de los granaderos y las agresiones de un gobierno represor que se jacta de respetar las libertades mientras estas sean de sus grupos afines.

La Jefa del Ejecutivo Federal pretendió tapar el sol con un dedo, pero las fotografías y videos de las protestas, la desmintieron de inmediato, además de la cobertura directa de varios medios de comunicación como TV Azteca de Ricardo Salinas.

Ni el más ingenuo cuatrotero cree que la movilización de la Generación Z mexicana pasó desapercibida en territorio nacional, en la Casa Blanca en Washington y en otros gobiernos democráticos del mundo y ello de suyo, representa una presión  más al que consideran como un narcogobierno.

Las protestas de los jóvenes en México, las conectan con las protestas recientes en Indonesia, Nepal y Filipinas, quienes utilizaron el símbolo de la Jolly Roger de “One Piece”      como expresión global de inconformidad juvenil y resistencia cultural.

Por supuesto, a l marcha Z se sumaron miles de ciudadanos opositores al gobierno como los integrantes del movimiento denominado de El Sombrero, cuyo líder, Carlos Manzo,  fue abatido arteramente;  campesinos; trabajadores de gobierno; madres buscadoras; familiares de pacientes enfermos; transportistas, clases medias y un largo etcétera que también incluye, por supuesto, a panistas, priistas, emecistas y Marea Rosa.

El principal error del binomio AMLO-Sheinbaum es subestimar las protestas del sábado 15 de noviembre, ya que es evidente que va en aumento el malestar de los jóvenes y en general de  la gente,  por la violencia, la inseguridad pública y el resquebrajamiento del andamiaje institucional que apoyaba a los sectores más desprotegidos con programas que probaron su valía como el Seguro Popular, el abasto oportuno de insumos médicos, vacunas y medicinas, educación gratuita y todos aquellos mecanismos oficiales que pugnaban por la inclusión social como las guarderías, alimentación gratuita y el apoyo a la población en caso de siniestros.

Hoy, todo es simulación y mentira para proteger con un manto de impunidad la corrupción que destila por todos sus poros el movimiento político de López Obrador con sus miembros más prominentes ensuciados por el lodo del huachicoleo fiscal y la connivencia con los narcoterroristas.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.