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Desde San Lázaro. Represión y persecución a los opositores. Por: Alejo Sánchez Cano. Destacado

14 Nov 2025
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Desde San Lázaro. Represión y persecución a los opositores. Por: Alejo Sánchez Cano. Imagen tomada de: https://x.com/AmerangelLorenz

A los detractores y críticos de la 4T, garrote limpio, judicialización de casos, persecución del SAT y otros instrumentos de intimidación que tiene el Estado para aquietarlos; A los simpatizantes y militantes, gracia y perdón, ese es el racero con que mide Claudia Sheinbaum, sin considerar que es la presidenta de todos los mexicanos y no solo de un movimiento político.

La gente está alebrestada contra el gobierno federal y estatal, la prueba son las movilizaciones que llevan a cabo los campesinos, transportistas, personal médico, trabajadores de Poder Judicial y del SAT, madres buscadoras, familiares de pacientes que requieren medicamentos oncológicos y ahora la Generación Z que demandan atención a sus demandas que se centran en justicia, educación, seguridad y oportunidades de desarrollo.

Desde el púlpito de Palacio Nacional ya  estigmatizó la presidenta a los jóvenes; como carne de cañón de intereses extranjeros, (es una estrategia pagada, impulsada por las redes sociales y la derecha internacional),   cuando en realidad se trata de un movimiento espontáneo y orgánico de la juventud que en general se mantenía alejada de los malos gobiernos, sin embargo, ahora han decidido manifestarse por voluntad propia, aunque le duela a la autocracia.

El día 15 de noviembre, fecha de la movilización Z habrá otro parteaguas en la historia contemporánea porque la juventud ha decidido participar directamente en contra del gobierno con la pretensión de lograr, como ha pasado en otros países, la caída del régimen autoritario.

En la primera aventura social de la generación Z, los jóvenes se preparan para dejar sus smartphones y saltar a las calles para demandar mejores condiciones de seguridad en el país.

Esto es lo que tiene sumamente preocupado al obradorato, quien ha sacado del baúl de la represión todos sus artilugios para apaciguar a los jóvenes revoltosos, como la desacreditación y la movilización de cuadros radicales de choque de izquierda  como la CNTE y los delincuentes del “bloque negro” que se incrustan en las manifestaciones para causar destrozos y luego se culpe a los organizadores de las marchas.

La presidenta no solo está preocupada ante el descontento social que prevalece en buena parte del territorio nacional, sino que observa con temor que toda la farsa que representa la Cuarta Transformación de caiga como un castillo de naipes, porque solo está construida sobre cimientos de mentiras y los programas de asistencia social.

Las elecciones intermedias con todo y revocación de mandato, es una aduana muy difícil de sortear para el obradorato.

El voto duro del régimen no pasa el umbral de los 15 millones de votos y por ello, pretenden aprobar la reforma electoral y empatar la revocación de mandato con la elección intermedia para subir a la presidenta a las boletas electorales y con ello justificar la elección de Estado que ya se cocina desde Tabasco.

Los arteros  asesinatos de Carlos Manzo, presidenta municipal  de Uruapan y del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo, vinieron a derramar el vaso colmado de afrentas y agravios a una sociedad mexicana que ya se hartó de la violencia, ineptitud, corrupción, inseguridad  e ineficacia del gobierno de Obrador-Sheinbaum.

La gobernabilidad está en vilo y por ello, el gobierno empieza a replicar lo que se hace en Cuba, Venezuela o Nicaragua, para contener el descontento social.

En la marcha convocada por la generación Z veremos otras expresiones de grupos inconformes contra el régimen y por ello se encapsuló todo el Centro Histórico y se desplegó todo un operativo federal y de Claudia Brugada para, en primera instancia, desacreditar a los opositores y minimizar al número de participantes, y luego, infiltrar a  grupos de choque para acusar a la marcha de violenta y como si ello fuera, poco, reprimir y perseguir de forma individual a los líderes y detractores.

La luna de miel entre la ciudadanía y  la presidenta solo ha quedado en la propaganda oficial y en las encuestas de opinión cuchareadas, porque en la realidad, el grueso de la ciudadanía, incluso muchos de los que votaron por ella, están lo que les sigue del enojados, por el fracaso de Morena, léase, Obrador-Sheinbaum.

Hacemos votos por que las movilizaciones del 15 de noviembre en el país NO resulten violentas por la represión gubernamental y los grupos de choque infiltrados y que se mantenga todo dentro de la paz social y la gobernabilidad, sin embargo, están todos los ingredientes para que las cosas se salgan de control.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.