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Desde San Lázaro. La revocación de mandato, farsa de dictadores. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

12 Nov 2025
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Desde San Lázaro. La revocación de mandato, farsa de dictadores. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/lamusitapg

La premisa que maneja el obradorato, de que al meter a la boleta electoral a Sheinbaum les podría garantizar la arrolladora victoria en los comicios del 2027, no la comparten muchos morenistas y aliados, ya que también se le expone a la guerra sucia y toda clase de obuses políticos para desestabilizar a su gobierno, sobre todo en temas de revelaciones de personajes del más alto nivel de la 4T involucrados con los narcoterroristas.

Al empatar la revocación de mandato con la elección intermedia se contamina todo, porque el gobierno de Donald Trump no cesará en su empeño de castigar a todos esos políticos que viven en clara connivencia con los narcos, tanto en la actualidad como en el sexenio de López Obrador.

Si usted, estimado lector, le pregunta a cualquier muchacho que participará en la marcha del próximo 15 de noviembre, la de la generación Z, le dirá que pongan a la presidenta en la boleta para pedir que deje el cargo de inmediato    

Hay que recordar que la figura de la revocación de mandato la patentó Hugo Chávez en Venezuela cuando llegó a la presidencia con el argumento de darle herramientas a los venezolanos para destituirlo si no era de su agrado su gestión en el gobierno, aunque en realidad, al más fiel estilo populista de izquierda, es una herramienta de la supuesta democracia participativa para perpetuarse en el poder más allá de la conclusión del encargo presidencial.

A su muerte (5 de marzo de 2013), luego de mantenerse en el poder más de 14 años  y a través de su testamento político se designó a Nicolás Maduro como su heredero y es así como  este sátrapa se mantiene en  el poder mediante la revocación de mandato o el fraude electoral.

Los dictadores bananeros de la región inventan mecanismos seudo democráticos como la revocación de mandato para arrebatarle a la ciudadanía el derecho a elegir a sus gobernantes en elecciones libres y democráticas, con triquiñuelas como esta.

 AMLO quiso imitar a los dictadores venezolanos al elevar esta especie de plebiscito a rango constitucional, sin embargo y como se recordará, la revocación de mandato que se hizo durante su gestión fue una total farsa que impidió que el remedo de dictador lograra su propósito de mantenerse más allá del 2024 en el poder, aunque lo logró ahora por medio de interpósita persona.

En 2022, el tabasqueño pretendió engañar a los mexicanos mediante la farsa de su revocación de mandato, pero no logró su propósito porque el ejercicio tuvo uno de los mayores niveles de abstencionismo, más del 82% y esos restantes 18 por ciento que acudieron a sufragar,  se conformó con su base electoral que, primero, reunió firmas para llevar a cabo la revocación y luego, ellos mismos, acudieron a las urnas para votar por su permanencia en la presidencia de la República. Un montaje mayúsculo que no solo causó un boquete en las finanzas públicas por el costo de la elección federal, sino que desprestigió a los políticos mexicanos en otras latitudes del orbe.

Bueno, esa misma revocación de mandato la quiere adelantar Claudia Sheinbaum al 2027 y no en el 2028 como menciona el texto constitucional,  para compaginarla con las elecciones intermedias y la elección de juzgadores, pero la mandataria en turno no busca pasar la frontera del 2030, año en que termina su sexenio, sino de poder participar en las campaña políticas y con ello subir los niveles de preferencia de los candidatos de Morena que aparezcan en las boletas, ya que la doctora tiene niveles de popularidad del 70 por ciento.

Es decir, se operaría otra vez una elección de Estado con la presidente en turno  participando en una boleta electoral.

Así que mientras son peras o manzanas, ya en la Cámara Baja determinaron posponer por poco tiempo la discusión sobre el adelanto de la revocación de mandato para el 2027.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, Ricardo Monreal  informó que la Cámara de Diputados buscará ampliar la discusión sobre revocación de mandato por lo que señaló que la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), va a revisar de qué manera establece un mecanismo que permita mayor discusión y deliberación sobre la revocación de mandato, estas semanas que faltan del año

“Puede salir a final del año la iniciativa presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar o puede esperarse hasta el segundo periodo ordinario, que inicia el primero de febrero, pero no nos vamos a precipitar.  Como ayer lo dije, vamos a esperar que haya una discusión más amplia y que la sociedad sepa de lo que se trate de la revocación de mandato”, advirtió el pastos de los diputados morenistas.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.