La estrategia de seguridad pública de la presidenta es mejor que la de AMLO, pero adolece de fallas estructurales sobre todo en cuanto a la profesionalización de los cuerpos policiacos a nivel estatal y municipal, ya que como observamos en los recientes acontecimientos ocurridos con el líder citrícola asesinado en Veracruz Javier Vargas Arias y en Michoacán con los asesinatos del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez y del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, las fuerzas de seguridad locales son rebasadas o cooptadas por el crimen organizado.
Mientras no se capaciten a las policiales locales y se les paguen mejor, se les arme de forma óptima y se establezcan los controles de confianza y monitoreo de desarrollo patrimonial. Así como la inversión en políticas de inclusión social, el uso de tecnología avanzada para la vigilancia y la cooperación internacional para enfrentar amenazas transnacionales. No hay forma de que tenga éxito el gobierno federal.
Se enoja la presidenta contra los medios de comunicación por ser portadores de malas noticias, pero no expresa públicamente su condena a los criminales, claro no basta con palabras, sino con resultados y esos a la fecha no se ven porque los asesinatos de funcionarios públicos y líderes sociales siguen y cada vez son más cruentos y a la vista de todos en una clara estrategia de grupos terroristas que no solo buscan silenciar a sus víctimas sino crear el miedo colectivo.
Un estadista toma decisiones con altura de miras y no para un grupo de simpatizantes. Un presidente debe tomar decisiones, aunque sean dolorosos por el bien de la ciudadanía y no en favor de su grupo en el poder o de su proyecto político.
Cómo se aprecia la jefa del ejecutivo federal no considera las anteriores premisas. A ella la puso su mentor para cuidarlo, dejarlo hacer y deshacer y para mantenerlos en el poder por varias décadas más.
En Michoacán hay que recordar que, en el último año, han matado a siete políticos y líderes sociales, Miriam Ríos Ríos comisionada municipal de Jacona; Guillermo Torres Rojas, alcalde de Churumuco; Aurelio Santos Contreras Alcalde de Cotija; la presidenta municipal Yolanda Sánchez Figueroa también de Cotija; Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec; Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro y de Uruapan Carlos Manzo.
Lo hemos dicho en otras ocasiones, la línea entre la ingobernabilidad y la paz social es muy delgada y con este tipo de omisiones del Estado Mexicano, solo alebrestan al tigre que sigue dormido, pero que en cualquier momento va a despertar, como ya está ocurriendo en Michoacán con las últimas manifestaciones en Uruapan, Morelia, Apatzingán y en otras ciudades, sería bueno que se mesurara la Presidenta y que fuera más empática con la población afectada por los tentáculos del crimen organizado.
Los datos duros sobre seguridad reflejan, que tanto el sexenio de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto presentaron menos criminalidad que con López Obrador y tampoco es válido de que todavía se sigan escudando en personajes del pasado o pretextos banales, como el de echarle la culpa a Felipe Calderón por declarar la guerra al narco, cuando todos saben, que en el pasado había un acuerdo con los malosos de respetar sus actividades mientras no se metiera con la población y contra eso se opuso Calderón y combatió con todo el Poder de Estado a los delincuentes y eso es lo que critica ahora Claudia Sheinbaum.
Eso de echarle la culpa de lo que ocurre al pasado, habla de la irresponsabilidad y de la incapacidad que tienen los actuales gobernantes para resolver los problemas que aquejan al grueso de la población, ya basta de pretextos y acusaciones sin fundamentos, valdría la pena que se dieran resultados más en el tema que es más sensible para la población, que es la inseguridad pública. En año y medio vienen las elecciones de 2027 y como van las cosas es muy difícil, salvo que haya un fraude electoral que Morena siga manteniendo las mayorías calificadas artificiales en el Congreso.
