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Desde San Lázaro. Hace falta algo más que el plan Michoacán. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

06 Nov 2025
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Desde San Lázaro. Hace falta algo más que el plan Michoacán. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Claudiashein

La estrategia para combatir la violencia e inseguridad en Michoacán pasa por un refrito de un Plan Michoacán que se implementó desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari, luego con Felipe Calderón, después con Enrique Peña Nieto y ahora con la presidenta Sheinbaum en donde se instrumentan una seria de acciones y políticas públicas transversales para combatir al delito bajo diversos enfoques que van desde la prevención, atención a los niños y jóvenes, hasta establecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y por supuesto, eso se espera, con las partidas presupuestales necesarias para inyectar recursos económicos en la capacitación, profesionalización y mejores sueldos de los cuerpos policiacos estatales y municipales, toda vez que ellos representan el primer dique para contener a los criminales.

El Plan Michoacán de la 4T se presentará terminado en los próximos días y con ello revertir la violencia y la inseguridad pública en Michoacán.

Advierte la presidenta que en su plan no hay permiso para matar, sino que es un instrumento de construcción de paz. No es una declaración de guerra.

 Se trata de un modelo de justicia, desarrollo y respeto a la vida.

Suena más a demagogia que ha acciones eficaces para terminar con los cárteles que agobian a la entidad purépecha.

Paralelo a la instrumentación del Plan Michoacán tomó protesta como Alcaldesa de Uruapan, la viuda de Carlos Manzo, la señora Grecia Quiroz que luego de entrevistarse horas antes con Claudia Sheinbaum, reiteró su deseo de ocupar el puesto que dejo vacante su esposo.

Mientras tanto, las manifestaciones en Morelia y Uruapan continúan con la suma de más sectores de la población.

Con el plan para pacificar Michoacán se pasa necesariamente por anular al gobernador Bedolla por su total inoperancia y no solo en el caso del asesinato de Carlos Manzo, sino también del líder limonero, Bernardo Bravo y otros alcaldes y líderes sociales.  

Está claro que todo lo que se ha instrumentado para combatir a los malosos en Michoacán ha fracaso en menor o mayor medida y ello se debe a que los presidentes municipales son cooptados por los cárteles de la droga y con ello someten a la toda la comunidad porque todo el aparato de gobierno local está bajo los designios de los delincuentes.

Ha habido operativos en el pasado de las fuerzas federales para detener a un sinnúmero de alcaldes por sus actividades delictivas, pero esto no ha sido suficiente para regresar la paz y la seguridad a los michoacanos, ya que, por un lado se interrumpen las acciones federales con los cambios de gobierno y por otro lado, los criminales también han sometido a los gobiernos estatales como es el caso michoacano o en otras  entidades, como Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Baja California, Colima y Nayarit.

Desde luego, la connivencia entre los criminales y el gobierno de AMLO ha sido un detonante relevante en el despunte de los índices delictivos.

La política de Abrazos no balazos, empoderó a los criminales en buena parte del territorio nacional y por ello, ahora Omar García Harfuch, el súper policía, enfrenta un monstruo de mil cabezas que cuando cercena una, salen de inmediato otras de mayor peligrosidad.

Los ofrecimientos del gobierno de Estados Unidos para apoyar el combate contra la delincuencia, no debe echarse en saco roto, toda vez que se requiere su apoyo para crear un frente común internacional para abatirlos.

No se trata de permitir que los marines operen en territorio nacional, sino de generar sinergias entre ambos gobiernos para crear un frente común que permita, de una vez por todas, acabarlos, tanto con su reclusión como con su muerte.

En los últimos años, la población civil esta indefensa ante el embate criminal y el Estado ha sido omiso en protegerlos, por ello se tiene que tener creatividad y receptividad para entre todos, incluyendo los gobiernos extranjeros de la región, para enfrentar a los delincuentes con más recursos.

Tuvo que pasar la desgracia para que el gobierno de la 4T se ponga las pilas para pacificar Michoacán, ojalá que esa atención de la presidenta se dirija a otras entidades que viven el asiduo agobio de los criminales.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.