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Desde San Lázaro. En emergencia por la inseguridad pública. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

23 Oct 2025
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Desde San Lázaro. En emergencia por la inseguridad pública. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/OHarfuch

Las olas de violencia e inseguridad pública que azotan buena parte del territorio nacional, van en aumento, no obstante que ahora sí se combaten a los criminales, a diferencia de lo que ocurría en la administración de López Obrador, en donde los grupos delincuenciales crecieron exponencialmente en el país tomando el control de vastas regiones, merced a que el gobierno federal y por ende  la mayoría de los estados se sumaron a la estrategia de Abrazos no balazos, lo que significó la claudicación del estado en su responsabilidad de proteger la vida, los derechos humanos y patrimonio de los mexicanos.

Obviamente, un año no basta para recomponer el embrollo que dejó AMLO a su sucesora y como se aprecian las cosas, no obstante, el excelente trabajo que están haciendo las fuerzas del orden, encabezadas por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el titular de la Sedena, general Ricardo Trevilla Trejo y de la Marina, el almirante Raymundo Morales Ángeles.

Los asesinatos de alto impacto como el del líder limonero, Bernardo Bravo, echan al traste cualquier triunfalismo y deja claro que estamos en una situación de emergencia.

Durante la comparecencia de García Harfuch ante el Senado con motivo de la glosa del Primer Informe presidencial, si algo quedó claro es que el tema de la inseguridad no está resuelto y menos se vislumbran resultados positivos en el corto plazo que vuelvan a darle tranquilidad y protección a la ciudadanía, mientras no se detengan a los delincuentes generadores de violencia, narcoterroristas y toda clase de bichos que crecieron al cobijo de la 4T.

El  titular de la SSPC federal, acudió a la Cámara Alta  para explicar y justificar porque no se han cercenado todos los tentáculos del crimen organizado, ya que mientras bajan algunos delitos de alto impacto como el de homicidio doloso, suben otros, como las extorsiones y las desapariciones.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum  está siendo atacado por dos frentes; uno, la inseguridad pública a nivel nacional y otro, la enorme presión de la Casa Blanca para acabar con los narcoterroristas mexicanos que no solo son un cáncer que ya hizo metástasis en el territorio nacional, sino porque amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos con el trasiego de drogas sintéticas, principalmente de fentanilo.

En este contexto, en la comparecencia de Harfuch en la Cámara Alta, si bien los legisladores reconocieron el trabajo realizado, también se reiteró que falta mucho por hacer en donde todos, en especial los legisladores,  tienen un alto grado de responsabilidad en la difícil tarea de apaciguar al país.   En cifras concretas, destacó el funcionario que hay una reducción del 32% en homicidios dolosos a nivel nacional, lo que equivale a 27 asesinatos menos cada día:

“La ciudadanía debe saber que hay 27 homicidios menos diarios, un 32 por ciento menos de homicidios, y una cantidad sin precedentes de drogas, armas y más de mil 500 laboratorios destruidos por el Ejército y la Marina”, destacó.

Esta disminución se acompaña de logros operativos sin precedentes: el aseguramiento de grandes cantidades de drogas y armas, así como la destrucción de más de mil 500 laboratorios clandestinos por parte de la Secretaría de la Sedena y la Semar.

La estrategia del gobierno de la presidenta  se conforma  en cuatro etapas y se basa en la coordinación diaria entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Esta articulación ha permitido ejecutar operativos conjuntos, detener objetivos prioritarios y desarticular células delictivas.

En cuanto al combate al huachicol fiscal, desde marzo se han asegurado millones de litros de diésel en operativos que han derivado en órdenes de aprehensión cumplimentadas. El secretario aseguró que este modelo de investigación y ejecución se replicará en todos los casos, y que mes con mes se registran detenciones relevantes que evidencian la continuidad de la estrategia.

Al cierre de su intervención, reafirmó el compromiso de avanzar cada año en la pacificación del país y sostuvo que el balance del primer año de la administración Sheinbaum es favorable en comparación con el inicio del periodo.

Cierto, ante la carencia de mediciones se diluyen los resultados, aun siendo positivos, por ello, la retahíla de cifras en la comparecencia por parte del titular de la SSPC fue abrumadora, aunque como ya se explicó, falta mucho para lograr la pacificación, consolidar la reducción de delitos y la desarticulación de estructuras criminales.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.