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Desde San Lázaro. El oficialismo aprueba la cuenta pública 2023. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

24 Oct 2025
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Desde San Lázaro. El oficialismo aprueba la cuenta pública 2023. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Mx_Diputados

Solo un ingenuo pensaría que la Cámara de Diputados dominada por la mayoría calificada artificial de Morena, PT y PVEM, rechazaría los informes de la Auditoria Superior de la Federación en donde cobra como titular David Colmenares, relativos a la Cuenta Pública 2023, no obstante los escándalos de corrupción que ocurrieron en Segalmex, sobrecostos en obras faraónicas, endeudamiento histórico, huachicoleo fiscal, falta de reglas de operación de los programas de política social con tintes electoreros y en otros tantos programas y dependencias del gobierno federal y que no corresponden a lo detectado por la ASF por un monto de 53 mil millones observados de los cuales 51 mil millones “siguen sin explicación”  

Tanto el PAN, PRI, como MC, rechazaron sumarse a la aprobación de la Cuenta Pública 2023 por tratarse de una “aprobación plagada de complicidad y de  corruptelas de la 4T”.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC) expresó que tras el análisis de la Cuenta Pública 2023, no pueden validarla, ya que se detectaron diversos indicadores negativos que no se pueden ignorar y hacerlo sería un acto de irresponsabilidad; sus resultados arrojan irregularidades en su ejercicio, deficiencias en la ejecución del gasto público y fallos en los mecanismos de control y supervisión del gasto.

Nadia Navarro Acevedo, diputada del PRI, comunicó su voto en contra, por el endeudamiento del sector público federal. “Lo que aquí se pretende no es una política fiscal responsable, sino el reflejo de una administración que ha hipotecado el futuro de México con un manejo riesgoso, discrecional y opaco de la deuda pública. Al cierre de 2023 la deuda bruta del sector público federal alcanzó la cifra histórica de más de 15 billones de pesos, un incremento anual de 847 mil millones y un endeudamiento neto de 1.2 millones de pesos”.

Con 335 votos a favor, 127 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

En los Informes Individuales de Auditoría de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, se advirtió la práctica de 2,369 auditorías.  De las revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, 75 corresponden a entes vinculados con funciones de Gobierno, 157 a Desarrollo Social, 178 grupo funcional de Desarrollo Económico y 1,959 al de Gasto Federalizado.

La Auditoría determinó recuperaciones por 53 mil 741.27 millones de pesos, de los cuales 1 mil 762.23 millones de pesos corresponden a recuperaciones realizadas, de manera que restan 51 mil 979.04 millones de pesos que estiman como recuperaciones probables o en su caso, montos por aclarar.

Las cifras presentadas por los chicos de Colmenares fueron cuestionadas por los diputados federales de oposición, quienes argumentaron que no es creíble que de esas posibles recuperaciones 40 mil 801.34 millones de pesos corresponden a las entidades federativas, alcaldías, municipios y entes públicos locales que ejercieron Gasto Federalizado lo que es equivalente al 78.5 por ciento del total; en tanto que 7 mil 215.92 millones de pesos al grupo de Desarrollo Económico, que representa el 14 por ciento; 3 mil 802.12 millones de pesos a Desarrollo Social, que constituye el 7 por ciento y 159 mil 648.10 millones de pesos al grupo de Gobierno, con el 0.3 por ciento; ya que los escándalos de corrupción se han dado  en el Ejecutivo Federal.

La Comisión de Presupuesto destaca que la aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación. Esto permite que, quienes sean presumiblemente responsables, sean sancionados en apego a la normatividad vigente o, en su caso, presenten las aclaraciones o solventaciones correspondientes.

Por ello, se instruyó a la Auditoría Superior de la Federación para que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2023, y envíe a la Cámara de Diputados la información actualizada sobre la recuperación o aclaración de recursos por parte de los entes fiscalizados.

El oficialismo estimó que la labor de fiscalización practicada por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2023 cumple con los criterios de objetividad, normatividad y metodología en la selección, análisis y presentación de las auditorías practicadas, En tanto, el  diputado Fidel Daniel Chimal García (PAN) mencionó que la Auditoría no habla de errores administrativos, no habla de pagos en exceso ni de contratos fantasmas, habla de obras sin terminar, de facturas duplicadas, de gastos sin comprobante. “Si ustedes manejaran una empresa privada seguramente esta ya estaría en quiebra”.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.