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Desde San Lázaro. Asesinato, mentiras y burlas. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

22 Oct 2025
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Desde San Lázaro. Asesinato, mentiras y burlas. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/vaniadelbien

Entre las acusaciones de trabajadores  disidentes del  Sistema Anticorrupción contra Adán Augusto por un desvió de 800 millones de pesos cuando fue gobernador de Tabasco, el  pádel de Cuauhtémoc Blanco;  el asesinato de un balazo en la cabeza, previa tortura,  del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez;  la licencia de Noroña y el  aviso de la secretaria de Energía, Luz Elena González, sobre  nuevas inversiones por un monto de 7 mil 140 millones de dólares en campos estratégicos,  , pasa otra semana con sucesos sangrientos, otros chuscos, algunos contradictorios y los más, con violaciones al orden constitucional.

En un suceso de gran impacto mediático en el mundo, se convirtió  el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, quien corrió la misma suerte de su padre, ante la vista impasible del gobierno federal, el estatal, comandado por Alfredo Ramírez Bedolla y  municipal, todos de corte morenista, lo que representa  otra señal ominosa de que el gobierno mexicano es incapaz de garantizar la vida de los ciudadanos y no solo de aquellos que se enfrentan al crimen organizado, sino de cualquier persona que tiene la mala suerte de cruzarse con algún delincuente que se siente con todo el derecho de privarle  de la vida, porque sabe que su crimen quedará impune.

La normalización de la violencia, habla de un gobierno rebasado y sometido por los criminales que ratifica la versión del gobierno estadounidense de que en México dominan en buena parte del territorio nacional.

En otro asunto, la secretaria de la Sener, Luz Elena González, parece que vive en otro país que no es México, ya que a cada rato anuncia inversiones millonarias del capital privado en el ámbito de la energía  sustentable, pero ignora que loa inversionistas no acudirán a su llamado mientras prevalezca la incertidumbre por la política arancelaria de Donald Trump y por un estado de derecho endeble en donde el gobierno tiene toda las canicas para someter a los empresarios cuando haya una controversia en torno, por ejemplo,  al pago de impuestos o de expropiaciones con sustento en “visiones estatistas de interés público”.

Ante un litigio contra el Estado, no habrá juez federal que dé la razón a los privados y menos, la figura del amparo los protegerá porque ahora está diseñado para proteger al Estado y no a los ciudadanos.

Quiero ver cuántos de esos proyectos se cristalizan y cuántos de esos 7 mil, 140 millones de  dólares ingresarán realmente al país al término del sexenio.

El mentiroso por su boca muere y así ocurrirá en este tema. El tiempo nos lo dirá.

Las declaraciones quedan grabadas y ante ello no habrá pretexto alguno.

En otro tema, cabe mencionar el hartazgo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum fue más que evidente cuando le preguntaron sobre el caso del diputado irresponsable Cuauhtémoc Blanco que pasó lista en una sesión semipresencial, jugando pádel y con ello mostró su desdén hacia el trabajo legislativo; además de la licencia temporal que solicitó el senador Gerardo Fernández Noroña para asistir a Palestina  para apoyar la causa,   con un boleto de avión que le regaló, a decir del legislador, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos

Ambos legisladores morenistas son el prototipo de la deshonestidad,  de la farsa y el simulacro, toda vez que cobran un salario como representantes populares sin desquitarlo y lo más grave es que se pasan por el arco del triunfo  las leyes que regulan el comportamiento de los servidores públicos: El exfutbolista al desdeñar su responsabilidad al privilegiar una actividad lúdica en vez de la tarea legislativa; y el otro, al ignorar que cualquier regalo que reciba un servidor público que rebase dos salarios mínimos debe rechazarlo so pena de recibir   sanciones que, incluso, ameritan  castigos de orden penal.

Si es verdad la versión de NOROÑA  de que se trata de un presente (un boleto de avión que cuesta más de cien mil pesos) de un gobierno extranjero y que ya lo aceptó, pues implícitamente reconoció  que es un TRANSGRESOR DE LA LEY  y por ello, tanto la Auditoria Superior de la Federación en donde cobra como director General  el cuasi morenista David Colmenares, como  la FGR, deben tomar cartas en el asunto.

Sigue la mata dando con la desacreditación cotidiana del oficialismo.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.