Los diputados de Morena le corrigieron el craso error a los senadores de ese partido por haber aprobado la retroactividad en la Ley de Amparo y ahora se preparan para proceder a la aprobación de esta ley, el próximo martes, en el Pleno de la Cámara Baja, que tanto rechazo ha causado en diversos sectores de la población entre ellos; empresarios, políticos, ambientalistas, colectivos de la sociedad civil, especialistas, colegios de abogados, entre otros, quienes han manifestado su total repudio a tal expresión propia de un régimen totalitario.
El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, señaló que se prevé que entre el martes y el miércoles de la próxima semana se aborden en el Pleno el dictamen de la Ley de Amparo.
En cuanto a la minuta de la Ley de Amparo, explicó que fue turnada por la Mesa Directiva a las comisiones de Justicia y de Hacienda y Crédito Público.
Precisó que la ruta que va a seguir esta minuta es que una vez turnada a las dos comisiones dictaminadoras, la Comisión de Justicia y la Comisión de Hacienda, se reunirán las mesas directivas y dejarán abierta la discusión “para aceptar observaciones, aceptar propuestas de modificación o lo que la gente quiera opinar dentro de las comisiones de Justicia y de Hacienda para que el viernes estemos en aptitud de aprobar o no, de votar el dictamen”.
Esto quiere decir que todavía hay posibilidades de incorporar algunas propuestas de los inconformes, quienes han insistido que el amparo está diseñado para proteger a los ciudadanos y no al poder público, además de debilitar el estado de derecho.
Tanto el Consejo Coordinador Empresarial, como Coparmex y diversos colegios y barras de abogados han rechazado el dictamen de la Ley de amparo porque va a generar más costos y trámites, ya que cada persona o empresa deberá defender su caso de forma individual.
Algunos otros aspectos que trae el nuevo ordenamiento tienen que ver con que las cuentas congeladas mantendrán ese estatus por un largo tiempo y sin defensa inmediata.
Se obliga a agotar todos los trámites antes del amparo, retrasando la justicia.
La suspensión por el amparo es limitada: los embargos y bloqueos ya no se detienen de inmediato; las sentencias con menor alcance: sólo protegen al que gana el juicio.
Las autoridades pueden ignorar decisiones judiciales, además de que habrá mayor discrecionalidad del poder y menos control judicial.
No es una reforma por la justicia, es una reforma contra la justicia y contra el ciudadano.
Desde luego estos argumentos y otros, no se tomarán en cuenta por los diputados de Morena, PVEM y PT, quienes votarán con una apabullante mayoría por un nuevo esquema legal que desaparece al amparo mexicano como se conoce hasta ahora y que es un ejemplo para el mundo.
La 4T dirá misa, pero las modificaciones a la ley de amparo es la pieza que le falta al Poder Ejecutivo para controlar todo el engranaje jurídico y al Poder Judicial.
La Jefa del Ejecutivo Federal no solo tiene el control del Poder Legislativo y Judicial con una Suprema Corte de Justicia de la Nación plegada totalmente a sus designios, sino que también se ha modificado la Constitución para fortalecer al régimen autocrático en donde todo el poder lo ostenta una sola persona.
El Consejo Coordinador Empresarial ha manifestado su profunda preocupación por las reformas propuestas a la Ley de Amparo, que debilitan gravemente el Estado de Derecho, vulneran la seguridad jurídica y ponen en riesgo la continuidad de las empresas, el empleo, la inversión nacional y extranjera.
El juicio de amparo, dice la cúpula empresarial de México, es el pilar histórico de la justicia constitucional mexicana y ha sido la principal defensa de los ciudadanos y empresas frente a actos arbitrarios de la autoridad. Sin embargo, las reformas recientes limitan su alcance, reducen la posibilidad de suspensión de actos lesivos y restringen el interés legítimo, afectando directamente a quienes generan desarrollo económico.
Las inversiones productivas internacionales y nacionales buscan regiones que les garanticen protección jurídica con un estado de derecho robusto y confiable, empero, México carece de ello precisamente por la sumisión del Poder Judicial a la presidenta y ahora con la nueva ley de amparo se elimina el instrumento jurídico de máxima protección que protege de los abusos del poder y de la defensa de los derechos humanos.
