Contáctanos: 5546 8746
Síguenos en:
Fecha:

Desde San Lázaro. La violencia y la desestabilización social. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

09 Oct 2025
258 veces
Desde San Lázaro. La violencia y la desestabilización social. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/

Fundada preocupación existe en Palacio Nacional ante las señales ominosas que están ocurriendo en la capital del país por la violencia que ocurre en el bachillerato, en particular en los CCH y Preparatorias y por supuesto en el nivel superior de la UNAM, además de que el IPN vive en su dinámica social muy particular un caldo de cultivo para generar violencia.

Las llamadas anónimas sobre la existencia de artefactos explosivos en diversos campus de la Casa Magna de Estudios y los grupos violentos que mancharon la marcha conmemorativa del 2 de octubre, ante la pasividad y complacencia de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CMDX, son alertas que  vislumbran la gestación de una eventual estrategia de desestabilización con miras al mundial de futbol a celebrarse el próximo año en tres países, México, Estados Unidos y Canadá, en donde la inauguración será en la Ciudad de México, además de la celebración de otros cuatro partidos de ese deporte.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum no solo debe estar preocupada y ocupada ante la incapacidad de Clara Brugada por gobernar la metrópoli, sino, por esos atisbos de violencia que se dejan ver en varios campus universitarios y de bachillerato que parecieran ser hechos aislados, pero que en realidad son actos   articulados por alguien que actúa bajo la consigna del terrorismo para la desestabilización social.

Las áreas de inteligencia del gobierno deben tener en estos momentos información  suficiente sobre la mano que mece la cuna en torno a estos últimos sucesos que han ocurrido en la capital del país, como por ejemplo, la infiltración del bloque negro en la manifestación que ocurrió el martes en apoyo a Palestina, en donde pretendían replicar la violencia del 2 de octubre, sin embargo, la policía capitalina los puso en orden y ello no significó que el gobierno fuera represivo, sino tan solo garante de la seguridad y el respeto al estado de derecho.

El gobierno federal como el de la capital, deben estar muy atentos para medir el pulso social que prevalece entre los mexicanos, por lo que la presidenta Sheinbaum debe evitar seguir incendiando la pradera con discursos de odio que fomentan la polarización entre los mexicanos.

Más allá de las expresiones psicológicas y de exclusión que permean en la juventud que da pie a manifestaciones sociales de pertenencia a determinado grupo con rasgos de personalidad muy parecidos como los “Incels”, diremos que las autoridades de la UNAM y del gobierno capitalino enfrentan altos  niveles de violencia entre los estudiantes   que de no atenderse con prontitud y atingencia, podría ser justo el caldo de cultivo para escalar el conflicto a niveles insospechados y que se tienen muy presente con el movimiento del 1968.

Como mera especulación surge la interrogante, ¿quién podría estar interesado en desestabilizar a México? y cuya respuesta en automático podría ser el mismo crimen organizado, quien, afectado en sus intereses, aplica una contra ofensiva contra la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum y operada por Omar García Harfuch.

Mientras no se deslinden responsabilidades y se esclarezca el móvil y los autores intelectuales de los asesinatos de los dos colaborados más cercanos de Clara Brugada, se tejen todo tipo de especulaciones.

Las autoridades universitarias y capitalinas están rebasadas ante el fenómeno de la violencia, por lo que deben aplicarse para atender esta problemática que ya causó pérdidas humanas y que, de seguir así, estaríamos lamentando otras tantas.

La niñez y la Juventud está expuestas ante toda clase de peligros y más ahora con la irrupción de drogas sintéticas muy adictivas y a la mano de todos y si a ello le agregamos el ambiente violento que se vive en la calle y en las escuelas, además de la presencia del crimen organizado y otros grupos de enorme poder económico que los acechan, pues en menudo lio está el país.    

El gobierno capitalino enfrenta un problema de autoridad ante los actos violentos registrados en marchas y manifestaciones, al tiempo de que se normalizan las agresiones contra la policía.

Los hechos violentos ocurridos en la Ciudad de México han puesto en evidencia la escasa preparación que tuvieron las fuerzas del orden para preservar la seguridad al carecer de órdenes claras de operación, esquemas de maniobra definidos y equipos especializados para extraer a quienes generen violencia durante las protestas.

Los protocolos de actuación de la policía y de las autoridades capitalinas como Cesar Cravioto, secretario general de gobierno, encueraron la incapacidad para atender la violencia y los actos vandálicos que se dan en este tipo de movilizaciones al amparo y cobijo del cúmulo de participantes.

Valora este artículo
(0 votos)

El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.