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Desde San Lázaro. Seguridad social clave para atemperar la desigualdad social. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

30 Sep 2025
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Desde San Lázaro. Seguridad social clave para atemperar la desigualdad social. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/SSaludCdMx

Con la presentación del programa de trabajo 2025-2026 de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores se establece una plena coordinación con las instituciones del Estado en la materia, además de buscar que más mexicanos en condiciones de vulnerabilidad reciban los beneficios y cobertura de todo el aparato gubernamental, señaló el senador morenista Alfonso Cepeda Salas, al tiempo de insistir que la inclusión social pasa por la eficiencia de las instituciones públicas y sus programas de atención a la población.

Cabe hacer notar que los objetivos de seguridad social buscan garantizar la protección y el bienestar de la población ante riesgos como la enfermedad, el desempleo o la vejez, a través de prestaciones médicas, económicas y servicios sociales. Esto se logra promoviendo la solidaridad y la equidad, reduciendo la pobreza y la exclusión social, asegurando el acceso a servicios esenciales de salud y bienestar.

Los objetivos clave de la seguridad social tienen que ver con:  la protección ante riesgos; bienestar integral; solidaridad y equidad; acceso universal y desarrollo social, para ello se requiere el establecimiento de políticas públicas y el alineamiento de todos los esfuerzos de las instituciones públicas en este sector para maximizar los recursos en favor de la población más vulnerable.

El programa de trabajo de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara Alta,  plantea que sus integrantes promoverán proyectos de reforma con el propósito de ampliar la cobertura para  jornaleros, migrantes, integrantes de comunidades indígenas y a los sectores artístico y cultural.

Otro punto destacable en los planes del órgano es el objetivo de consolidar los procesos de digitalización de las instituciones de seguridad social, con el propósito de agilizar trámites y ampliar el acceso a personas adultas mayores y personas con discapacidad.

También se establece que la Comisión atenderá las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de iniciativas de ley para reconocer a hermanos con discapacidad como familiares derechohabientes de personas trabajadoras.

Además, eliminar disposiciones que dan un trato diferenciado e injusto a la prelación para el otorgamiento de la pensión de viudez, al reservar el derecho a él o la cónyuge, a fin de que se reconozca en igualdad de condiciones a las concubinas y concubinarios, y eliminar el requisito de seis meses de matrimonio previo al fallecimiento para acceder a la pensión de viudez.

Podríamos señalar que entre la Comisiones de trabajo de la Cámara Alta que trabajan con respeto a la pluralidad, es precisamente la de Seguridad Social, ya que prevalece un ambiente de trabajo respetuoso que busca encontrar coincidencias  por encima de las diferencias ideológicas y partidistas. En esta lógica los senadores que integran la Comisión de Seguridad Social,   redoblarán su trabajo legislativo durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, dirigido a mejorar los servicios de seguridad social y proteger las garantías de los derechohabientes del país.

En la presentación del Programa de Trabajo de esta comisión, su presidente, Alfonso Cepeda Salas, subrayó que en esta materia “siempre hay mucho por hacer y mucho por revisar”.

Esto, detalló, debido a la variedad de instituciones que existen en el país: el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y las instituciones locales de cada entidad.

“Hay múltiples problemas que tenemos que revisar y tenemos que resolver. Tenemos que luchar todos juntos para que esto se solucione”, señaló, al destacar que el éxito de los trabajos del órgano legislativo se traducirá en la mejora de la seguridad social de todas y todos los mexicanos.

Del PRI, el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello consideró que se realizaron trabajos satisfactorios durante el primer año de labores de la Comisión de Seguridad Social; no obstante, coincidió en que este ramo “es una tarea siempre inacabada en el país”, por lo que reconoció que deben impulsarse los esfuerzos en este nuevo ciclo legislativo.

El senador Homero Davis Castro, de Morena, también se sumó a la meta para que este órgano contribuya a que México cuente con un sistema de seguridad social incluyente, equitativo y sostenible que proteja a los trabajadores y a sus familias.

Llama la atención que en el Senado a partir del periodo de sesiones vigente y con el nombramiento de Laura Itzel Castillo como presidenta de la Mesa Directiva, se ha regresado a la institucionalidad y el respeto a la pluralidad, dejando atrás los gritos y sombrerazos, mentadas de madre y golpes que ocurrieron cuando Gerardo F. Noroña presidia este órgano deliberativo.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.