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Desde San Lázaro. Adán Augusto enemigo de la 4T. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

29 Sep 2025
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Desde San Lázaro. Adán Augusto enemigo de la 4T. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/kikemireles

Desde que llegó AMLO al poder no había ocurrido una implosión tan grave para su proyecto político como el que ocurre ahora con los casos del huachicoleo fiscal, Hernán Bermúdez, La Barredora y todo el entramado de corrupción que diseñó y operó Adán Augusto López y cuya figura representa la mayor amenaza para la continuidad de la 4T.

Vaya problema que tiene que resolver la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que por un lado está convencida de permitir que la FGR de Alejandro Gertz Manero proceda contra el exgobernador de Tabasco conforme a las vastas pruebas que tiene en su contra; aunque, por otro lado, sabe que el asunto puede salpicar a su mentor y sus hijos y entonces si, en menudo lio se estaría metiendo.

El discurso presidencial se mueve en sentido contrario al deseo de despedir al líder de los senadores de Morena. Es decir, en las mañaneras la mandataria  no se ha cansado de defenderlo, pero,  existen diversos elementos que apuntan que ya tiene sus días contados Adán Augusto como miembro prominente del oficialismo.

Este personaje le  estorba a la presidenta para mantener la divisa de honestidad de la que presume todo el tiempo, pero ante, efectivamente, el Cartel de Tabasco que se construyó al amparo del excandidato presidencial del morenismo, pues no puede presumir de impoluta, mientras no se castiguen a los criminales.

La difusión por parte de Televisa (uno de los medios más afines a los cuatroteros)  de los ingresos extraordinarios de 79 millones de dólares  que tuvo Adán Augusto en 2023 y 2024, responde a una filtración del oficialismo  para golpearlo  y sacarlo del primer círculo de poder.

En el fondo subyace la aberración que tiene la Titular del Poder Ejecutivo Federal contra Adán Augusto y su equipo de incondicionales como la senadora Andrea Chávez, quien sin ningún prurito arrancó su campaña política con mucha anticipación y con vastos recursos de origen dudoso para agandallarse la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua, cosa que de ninguna manera lo va a permitir la doctora Sheinbaum.

En la conferencia de prensa de López Hernández en donde trató de justificar sus ingresos extraordinarios, él solito se empinó al reconocer que evadió el pago total de los impuestos respectivos, amén de aceptar que varios proveedores del gobierno le hicieron las transferencias por 79 millones de pesos.

Está visto que, con Adán Augusto, no aplica la máxima de que el poder político debe estar lo más alejado del poder económico y todavía más distante de los negocios turbios y connivencia con los criminales, pero en el caso de este personaje todo confluye en su persona.

Ya es insostenible mantenerlo protegido y brindarle ese manto de impunidad e inmunidad porque se corre el riesgo de ser cómplice de sus delitos, además, claro está, de dañar a la 4T rumbo a las elecciones intermedias del 2027 y por supuesto de la próxima elección presidencial del 2030.

Es un cáncer que ya hizo metástasis en el obradorato  y cada día que pasa se sigue agudizando la enfermedad.

Ante este complicado escenario, la presidenta optó por cortar por los sano y por ello, no dude estimado lector, que se observará en los próximos días, primero, el relevo como coordinador de los senadores de Morena y luego, la judicialización de su caso con todas las implicaciones penales que ello represente.

Toda la maquinaria criminal que se diseñó en torno al huachicoleo fiscal y a la creación de la Barredora ha causado un daño patrimonial sin precedentes para las finanzas públicas, además de todas las muertes que han provocado ambos casos entre la población civil, en la Marina y diversos simpatizantes y colaboradores de la 4T, en donde varias aristas se tocan y confluyen en la persona de Adán Augusto López Hernández.

La espada de Damocles se le acerca y no obstante ello, mantiene sus muecas burlonas, aunque ahora son nerviosas, además de atreverse a amenazar a los que causan el fuego amigo, ya que, dice él, tiene muy claro el origen del golpeteo.

Estamos viendo un enfrentamiento directo entre la presidenta y Adán Augusto y en medio está AMLO tratando de proteger a su “hermano”.

Veremos en el futuro quien se impuso en esta trama criminal y política, sin embargo, al momento diremos que el único perdedor de todo este caso es la 4T y sus principales representantes.

En todo esta pestilencia y corrupción que sale de las alcantarillas del grupo en el poder, atento observa Donald Trump y las agencias de investigación y de inteligencia de aquel país para seguir presionando hasta alcanzar sus objetivos que tiene que ver con preservar su seguridad interior y tener armas para doblegar a la presidenta en diversas negociaciones que tienen lugar hoy y en futuro como la que se hará en torno al T-MEC.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.