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Desde San Lázaro. La tremenda corte de tres patines. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

26 Sep 2025
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Desde San Lázaro. La tremenda corte de tres patines. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/SCJN

La corte de Tres Patines es  un remedo del máximo tribunal con una excesiva carga burocrática que crearon los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal sólo el presidente Hugo Aguilar incorporó a 102 colaboradores y cuando transcendió el exceso aclaró que en los próximos días tan solo se quedará con el 60%. Igual ocurre con Lenia Batres y los otros siete ministros, aunque en menor proporción.

La ministra Batres tiene 78 colaboradores con un costo mensual  de 5.6 millones de pesos.

Si consideramos que  la anterior ministra presidenta Norma Piña tenía 15 personas laborando directamente con ella, pues se ve la desproporción y el costo exorbitante que representa contar con el Poder Judicial “más democrático del mundo”.

Pretende aclarar el ministro Aguilar Ortiz al señalar que a diferencia de presidencias anteriores, la suya también tendría un carácter jurisdiccional, en consecuencia, le serán turnados asuntos para su análisis y presentación de proyectos al Pleno.

Con ese propósito, dice el ministro indígena, que cuenta con ocho secretarios, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo y que esta plantilla se reducirá 40% a partir del 1 de octubre.

Además de este personal de apoyo, mantienen una Coordinación de Dictaminación,  encargada de revisar proyectos y está integrada por un coordinador, 12 secretarios de estudio y cuenta, 5 secretarios auxiliares, 1 dictaminador  15 personas de apoyo operativo.

En un primer ejercicio, valdría la pena revisar si ese personal tiene los conocimientos necesarios y la experiencia para brindar el apoyo a los ministros, pero si son como sus jefes, pues en menudo lio estamos, ya que se le paga a puro bisoño y el  costo que representa la SCJN es oneroso e irresponsable.

Al igual que la Tremenda Corte de Tres Patines, programa cubano cómico en donde se pitorreaban de los jueces,  la SCJN está resultando un vacilada, además de que cuenta con  el estigma de la deslegitimación por la orquesta de acordeones que los encumbró a sus puestos;  es un tribunal plagado de burocracia y de inexpertos que costará un dineral por la curva de aprendizaje que tendrán en resolver con atingencia  el  rezago de cientos de casos que requieren atención inmediata.

Por qué no aclara el ministro presidente la contratación de personajes de dudosa reputación como miembros prominentes de iglesias, como Daniel Wong, de la iglesia de la Luz del Mundo o litigantes de dudosa reputación como  Vidulfo Rosales, abogado que dejó votados a los padres de los 43 de Ayotzinapa  (luego de casi 11 años de representarlos en un esfuerzo infructuoso por hacerles justicia) y que ahora los estudiantes de la Normal, entre la impotencia, frustración y complacencia, realizan toda clase de actos vandálicos como haber derribado la puerta del Campo Militar 1

Se habla de que en la aprobación del Paquete Económico del próximo año, se reducirá el presupuesto del poder Judicial que inicialmente trae un incremento del 15% en relación a 2025.

No solo es inoperante el nuevo Poder Judicial, sino que, por lo observado en los primeros días, es totalmente gravoso y con un costo burocrático por encima, proporcionalmente hablando, del mismo Poder Ejecutivo.

No creo que este abuso en la contratación de personal por parte de los ministros de la Corte sea del agrado de la presidenta Sheinbaum y menos la capacidad mostrada hasta el momento por algunos integrantes del Pleno del Máximo Tribunal de la Nación.

Para ser juez no se necesita ser popular o darle gusto al pueblo, simplemente se trata de que sean imparciales y autónomos y que se atengan al Orden Constitucional y a los criterios juaristas de vivir en la justa medianía.

 

LA CIUDAD DE LOS BACHES.

Cuando ni siquiera la autoridad de la capital del país puede con tapar los más de 200 mil baches que existen en el territorio chilango, pues que se puede esperar en temas relevantes como la inseguridad pública, el desarrollo económico, contaminación y sustentabilidad, entre otros asuntos relevantes.

Clarita Brugada debería renunciar por clara incapacidad en el ejercicio de gobierno. Vamos si todavía está pendiente el esclarecimiento del asesinato de sus dos más cercanos colaboradores, que pueden esperar los capitalinos o los deudos de las víctimas de la explosión de la pipa en el puente de la Concordia en Iztapalapa y que decir de los usuarios del Metro que a diario exponen su vida e integridad.

Flaco favor le hace Brugada a la presidenta de la República, quien además de atender los múltiples problemas que aquejan a los mexicanos, tiene que dar la cara por funcionarios de la 4T a todas luces incompetentes.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.