Ante el control de daños que se hace en Palacio Nacional en torno a los escandalosos casos del cártel de La Barredora que comandaba Hernán Bermúdez (hoy preso en el penal del Altiplano) bajo la venia del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López; y del huachicoleo fiscal en donde participaron altos mandos de la Marina y empresarios y que de acuerdo a los expedientes en poder de la FGR se mencionan a dos hijos de López Obrador; todo el oficialismo se ha alineado para echarle tierra a los dos asuntos para que las pesquisas no alcancen a personajes prominentes de la 4T y menos a AMLO.
Es decir, con la reclusión de Bermúdez Requena, algunos marinos y empresarios, se “mataran” ambos casos para darle vuelta a la hoja para evitar la implicación de servidores públicos de altísimo nivel con el crimen organizado y solo castigar a chivos expiatorios.
Sin embargo, las agencias de inteligencia y de investigación de Estados Unidos y el mismo Donald Trump tienen parque suficiente para castigar a los narcoterroristas y sus cómplices del gobierno para garantizar la seguridad interior de este país y por supuesto para presionar a su contraparte mexicana con la finalidad de sacar más provecho en las negociaciones que mantienen en torno a diversos asuntos como próximamente la negociación del T-MEC.
En el ámbito nacional, parece que la oposición despierta y ante la imposibilidad de denunciar ante la FGR y los tribunales nacionales por la proclividad al Poder Ejecutivo, el PRI, ha decidido denunciar ante el FBI y la DEA al Cártel de Macuspana, cuyo capo mayor, de acuerdo a Alito, sería Andrés Manuel López Obrador.
El dirigente nacional del PRI presentó en conferencia de prensa a este cártel tabasqueño en el que aparecen Alfonso Romo, Rafael Ojeda, Adán Augusto López, Ignacio Ovalle, Mario Delgado, José Ramón y Andy López, empresarios y gobernadores
Alito informó que el PRI mandó pruebas al FBI y la DEA a varios fiscales norteamericanos y a los Departamentos de Justicia y del Tesoro y que ya tienen los acuses de recibido sobre esta enorme maquinación que dio pie al huachicol fiscal y trasiego de drogas, entre otros delitos.
Y no se trata de hacerle el caldo gordo al PRI, sino de ir hasta las últimas consecuencias para esclarecer los hechos que han sangrado a las arcas nacionales con la evasión fiscal de más de 550 mil millones de pesos, en un cálculo conservador para medir el impacto del huachicoleo fiscal.
“No estamos ante un simple hecho de funcionarios corruptos, esto es un robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”, afirmó el senador Alejandro Moreno, en conferencia de prensa con el Grupo Parlamentario del partido en el Senado.
El PRI presentó ante la Cámara Alta un punto de acuerdo de urgente resolución en el que exige declarar al “Cártel de los Soles” y a otras organizaciones criminales que operan en México (Cártel de Macuspana) como organizaciones terroristas, debido a las amenazas que representan para la seguridad nacional y regional.
Acompañado por la Secretaria General del PRI, Carolina Viggiano, y los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado, Rubén Moreira y Manuel Añorve, el legislador explicó en el punto de acuerdo se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Consejo de Seguridad Nacional, a emitir la declaratoria de terroristas contra estos cárteles.
El documento resalta que dichas organizaciones utilizan la violencia de forma sistemática, lo que pone en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional.
El dirigente del tricolor denunció que el huachicol fiscal representa un daño al erario superior a 550 mil millones de pesos, ejecutado de manera sistemática desde 2018, con el objetivo de financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Señaló que más de 6 mil estaciones de combustible sufrieron extorsión y que se perdieron 18 mil millones de litros de combustible, afectando directamente la economía del país y la seguridad de los ciudadanos.
Estos actos de corrupción provocaron la muerte de servidores públicos, entre ellos marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones. Dijo que los responsables abarcan desde funcionarios de menor rango hasta la Presidencia de la República.
El quid del asunto es que la presidenta Sheinbaum vaya hasta las últimas consecuencias en los casos de corrupción del anterior sexenio y dejar que las investigaciones lleguen hasta los niveles más altos del poder, con el objetivo de garantizar justicia y proteger la democracia.
Alito advirtió que los actos de corrupción y los pactos con el crimen organizado amenazan las instituciones, la libertad de los mexicanos y el sistema judicial, y afirmó que el PRI no permitirá la instauración de un modelo venezolano en México.
