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Desde San Lázaro. Solo chivos expiatorios. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

25 Sep 2025
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Desde San Lázaro. Solo chivos expiatorios. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/

Ante el control de daños que se hace en Palacio Nacional en torno a los escandalosos casos del cártel de  La Barredora que comandaba Hernán Bermúdez (hoy preso en el penal del Altiplano) bajo la venia del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López; y del huachicoleo fiscal en donde participaron altos mandos de la Marina y empresarios y que de acuerdo a los expedientes en poder de la FGR se mencionan a dos hijos de López Obrador; todo el oficialismo se ha alineado para echarle tierra a los dos asuntos para que las pesquisas no alcancen a personajes prominentes de la 4T y menos a AMLO.

Es decir, con la reclusión de Bermúdez Requena, algunos marinos y empresarios, se “mataran” ambos casos para darle vuelta a la hoja para evitar la  implicación de servidores públicos de altísimo nivel con el crimen organizado y solo castigar a chivos expiatorios.

Sin embargo, las agencias de inteligencia y de investigación de Estados Unidos y el mismo Donald Trump  tienen parque suficiente para castigar a los narcoterroristas y sus cómplices del gobierno para garantizar la seguridad interior de este país y por supuesto para presionar  a su contraparte mexicana con la finalidad de sacar más provecho en las negociaciones que mantienen en torno a diversos asuntos como próximamente la negociación del T-MEC.

En el ámbito nacional, parece que la oposición despierta y ante la imposibilidad de denunciar ante la FGR y los tribunales nacionales  por la proclividad al Poder Ejecutivo, el PRI, ha decidido denunciar ante el FBI y la DEA al Cártel de Macuspana, cuyo capo mayor, de acuerdo a Alito, sería Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente nacional del PRI presentó en conferencia de prensa a este cártel tabasqueño en el que aparecen Alfonso Romo, Rafael Ojeda, Adán Augusto López, Ignacio Ovalle, Mario Delgado, José Ramón y Andy López, empresarios y gobernadores

Alito informó que el PRI  mandó pruebas al FBI y la DEA a varios fiscales norteamericanos y a los Departamentos de Justicia y del Tesoro  y que ya tienen los acuses de recibido sobre esta enorme maquinación que dio pie al huachicol fiscal y trasiego de drogas, entre otros delitos.

Y no se trata de hacerle el caldo gordo al PRI, sino de  ir hasta las últimas consecuencias para esclarecer los hechos que han sangrado a las arcas nacionales con la evasión fiscal de más de 550 mil millones de pesos, en un cálculo conservador para medir el impacto del huachicoleo fiscal.

“No estamos ante un simple hecho de funcionarios corruptos, esto es un robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”, afirmó el senador Alejandro Moreno, en conferencia de prensa con el Grupo Parlamentario del partido en el Senado.

El PRI presentó ante la Cámara Alta un punto de acuerdo de urgente resolución en el que exige declarar al “Cártel de los Soles” y a otras organizaciones criminales que operan en México (Cártel de Macuspana) como organizaciones terroristas, debido a las amenazas que representan para la seguridad nacional y regional.

Acompañado por la Secretaria General del PRI, Carolina Viggiano, y los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado, Rubén Moreira y Manuel Añorve, el legislador explicó en el punto de acuerdo se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Consejo de Seguridad Nacional, a emitir la declaratoria de terroristas contra estos cárteles.

El documento resalta que dichas organizaciones utilizan la violencia de forma sistemática, lo que pone en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional.

El dirigente  del tricolor denunció que el huachicol fiscal representa un daño al erario superior a 550 mil millones de pesos, ejecutado de manera sistemática desde 2018, con el objetivo de financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.

Señaló que más de 6 mil estaciones de combustible sufrieron extorsión y que se perdieron 18 mil millones de litros de combustible, afectando directamente la economía del país y la seguridad de los ciudadanos.

Estos actos de corrupción provocaron la muerte de servidores públicos, entre ellos marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones. Dijo que los responsables abarcan desde funcionarios de menor rango hasta la Presidencia de la República.

El quid del asunto es que la presidenta Sheinbaum vaya hasta las últimas consecuencias en los casos de corrupción del anterior sexenio y dejar que las  investigaciones  lleguen hasta los niveles más altos del poder, con el objetivo de garantizar justicia y proteger la democracia.

Alito advirtió que los actos de corrupción y los pactos con el crimen organizado amenazan las instituciones, la libertad de los mexicanos y el sistema judicial, y afirmó que el PRI no permitirá la instauración de un modelo venezolano en México.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.