La operación “Todos somos inocentes” que se despliega desde Palacio Nacional para exonerar a Adán Augusto López y a sus cómplices tabasqueños involucrados en el caso de La Barredora o a todos los indiciados en el huachicoleo fiscal que sangró las arcas públicas con la evasión fiscal por la importación de combustibles sin pagar los impuestos respectivos; se despliega a todo vapor para callar bocas y darle vuelta a la página.
El asunto de La Barredora se termina, según lo expresado por la Jefa del Poder Ejecutivo Federal con la reclusión de Hernán Bermúdez y el del huchicoleo, con mantener tras las rejas a algunos chivos expiatorios de poca monta y párele de contar.
La instrucción presidencial es tajante y no deja lugar a dudas, ya basta del fuego amigo contra morenistas y familiares del presidente, así como también con revueltas intestinas en el Congreso que alimentan las descalificaciones de la oposición contra la 4T.
Tanto el gobernador de Tabasco, Javier May, como otros prominentes miembros de Morena que se han pronunciado en contra de las traperías de varios de sus correligionarios, han preferido retractarse y dejar que la FGR haga su trabajo…de exoneración.
En esta operación cicatriz que despliega el gobierno de la presidenta Sheinbaum para quitar el estigma de corruptos y delincuentes a su movimiento y a varios morenistas y funcionarios del sexenio de AMLO como el secretario de Marina, Rafael Ortega, no puede evitar las acciones que seguirá desplegando el presidente Donald Trump contra los narcoterroristas mexicanos porque representan una grave amenaza a la seguridad interior de Estados Unidos.
Es decir, por mucho que se haya aplicado la operación mordaza para que los oficialistas honrados se vayan contra sus corruptos correligionarios, pues no alcanza para contener los golpes que vienen del gobierno estadounidense contra servidores públicos mexicanos que son cómplices de los cárteles de la droga.
Está visto que todos los operativos contra capos mexicanos y servidores públicos que lleva a cabo las agencias de inteligencia de EU y diversas dependencias de ese gobierno como la Fiscalía, los departamentos de Estado y del Tesoro, entre otras áreas, no son compartidos a sus contrapartes mexicanas por el temor de que fracasen ante la filtración que permita escapar a los criminales.
El daño contra la 4T está hecho con las revelaciones en torno al mayor caso de defraudación fiscal y corrupción que se ha dado en la historia contemporánea del país y aunque se pretende, en un acto abierto de complicidad, darle carpetazo al asunto y solo castigar a funcionarios de nivel medio, lo cierto es que son tantas evidencias que si no es ahora, será mañana o en el otro sexenio, cuando se castiguen a los culpables.
A casi un año de gobierno, los mayores problemas que enfrenta la presidenta Sheinbaum son heredados por su antecesor y en lugar de desmarcarse de ellos, ha preferido cargarlos e intentar taparlos aun a costa de su propia imagen y legado.
La lealtad a toda prueba rebasa la línea delgada que existe con la complicidad. Total, hay que echar el segundo piso de la Transformación.
DESABASTO DE MEDICAMENTOS.
Continúa la falta de medicamentos a un año de la gestión de la primera mujer presidenta y ahora los culpables de tal afrenta a los pacientes y sus familiares, recae en los laboratorios a quienes ya les leyeron la cartilla e incluso fueron amenazados de acusarlos penalmente ante tal irresponsabilidad, aunque lo cierto es que a varios de los proveedores de medicamentos no se les ha pagado desde hace varios meses y lo más grave, es que los problemas de logística generados por las ocurrencias del gobierno de la 4T y que se arrastran desde la gestión de AMLO, echa por la borda los esfuerzos que han hecho los laboratorios para cumplir con lo comprometido.
El caso es que pasan los meses y el desabasto perdura en detrimento de pacientes con enfermedades terminales, como los niños con cáncer.
Luego de la farsa de la Megafarmacia o del criminal epíteto “tendremos un sistema de salud como Dinamarca”, vienen las caravanas de salud y otras ocurrencias que dañan a por lo menos la mitad de la población, quienes, de acuerdo al INEGI, carecen del acceso a los servicios de salud que brinda el Estado.
La presidenta debería darse una vuelta por las clínicas de IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, Salud, etc. para constatar los que dicen miles de pacientes, enfermeras y doctores.
En los recorridos que hace la mandataria por el interior del país, se podría realizar visitas sorpresivas a los centros de salud, clínicas y hospitales para contrastar las mentiras que le dicen sus colaboradores con la cruda realidad.
