El caso de la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, quien ha sido incluida en documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en particular de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por presuntos vínculos con la fracción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, es otro caso más que ratifica la aseveración de que el crimen organizado ha permeado en las estructuras del poder político de nuestro país.

La también exalcaldesa de Playas de Rosarito, BC, formaba parte de la “red de Rosarito” que de acuerdo a la OFAC, se trata de un entramado político y empresarial que servía como brazo de protección y financiamiento para la organización criminal.

Las autoridades estadounidenses señalan que Brown facilitó la penetración del cártel en estructuras políticas locales. Esta red, vinculada a negocios de bares, restaurantes y bienes raíces en Rosarito, presuntamente era utilizada para lavar dinero y proteger cargamentos de droga hacia Estados Unidos.

La sanción impuesta por la OFAC a la legisladora federal de Morena implica que todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados y que, ciudadanos y compañías de Estados Unidos, tienen prohibido realizar transacciones con ella. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias a Brown.

La infiltración de los delincuentes a la nómina del ayuntamiento permitía extorsionar a los empresarios y en general a la población que estaba sometida bajo dos fuegos;  la de  los criminales y la represión gubernamental municipal para exprimirlos en sus recursos económicos.

El retiro del visado norteamericano a la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila y a su esposo, Carlos Torres,  hace cuatro meses, marca esa tendencia inercial de la connivencia de las autoridades estatales y municipales con los malosos, además ratificó la idea que tiene el  gobierno de Washington de que en México gobiernan los cárteles de la droga, tal como lo aseverado el mismo presidente Donald Trump.

El escándalo del huachicoleo fiscal y el caso de Hernán Bermúdez, ex Secretario de Seguridad Pública en tiempos de Adán Augusto López, son parte de todo el entramado criminal nacional  que se enquistó en  parte de los tres niveles de gobierno en el sexenio de López Obrador y que prendió las alertas en la Casa Blanca por tratarse de una amenaza a su seguridad interior.

Como se aprecia, estamos ante un monstruo de mil cabezas que se ha ido destapando conforme el gobierno norteamericano abre la caja de pandora sobre los narcoterroristas y políticos  mexicanos y su impacto en la Unión Americana.

Desde luego, hay que darle cierto mérito al gobierno de la presidenta Sheinbaum en esta cruzada contra la delincuencia, sin embargo, si  no presionará en el nivel que lo está haciendo su contraparte gringa , pues la cosas seguirían como estaban en la anterior administración.

Es necesario que la Jefa del Poder Ejecutivo mande al Congreso, diversas iniciativas de reforma para general todo un esquema jurídico para evitar que los servidores públicos se inmiscuyan en actividades criminales, ya que no bastan las sanciones que se contemplan en los códigos penales, ni las declaraciones patrimoniales y menos las instituciones que los vigilan como la propia FGR o la UIF, sino que se requiere nuevos esquemas punitivos que blinden a todo el aparato político para impedir que sean infiltrados por los cárteles de la droga.

El caso de la diputada federal morenista, Araceli Brown, no es el único y pronto sabremos de otros diputados y senadores del oficialismo que están en franca connivencia con los criminales. Vamos, en este momento ya resulta emblemático el caso del líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, por su estrecha relación con el ex líder del Cártel de la Barredora, Hernán Bermúdez y con el tema del huachicol fiscal.

Ante tantos casos de corrupción del sexenio pasado que han salido a la luz, es inconcebible que AMLO no conociera de las trapacerías de algunos de sus colaboradores como el almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda y sus sobrinos, además de las correrías de sus vástagos que aparecen en el expediente que obra en poder la FGR en torno al huachicoleo.

En las mañaneras se aprecia que diario la presidenta intenta encubrir y cambiar la narrativa de que hay varios pájaros de cuenta en las filas de los servidores públicos involucrados en actividades criminales, sin embargo, no es posible tapar el sol con un dedo.