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GP de Bakú – Max vuelve. El Gran Premio de Azerbaiyán nos ha dejado nuevas lecciones. Por: Arturo Cardeño Gama Destacado

22 Sep 2025
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GP de Bakú – Max vuelve. El Gran Premio de Azerbaiyán nos ha dejado nuevas lecciones. Por: Arturo Cardeño Gama Imagen tomada de: https://x.com/F1

Desde el primer día de prácticas pudimos observar nueva información que nos da algo de luz hacia el cierre del Campeonato. En la práctica uno, durante los stints cortos muchos equipos tuvieron ritmos similares, aunque fue una sesión un poco confusa. Ambos McLaren consiguieron estar en el primer y segundo puesto. A pesar de los tiempos marcados, se mostró la degradación de los neumáticos y eso nos dejó ver cuáles serían los más aptos para la carrera. Gracias a las curvas y al estrés al que se sometieron las llantas, se vio que lo mejor sería usar neumático medio. Eso obligó a tener una estrategia de poca carga, aerodinámica o bien de hacer más paradas en Pits.

En la segunda sesión de práctica los Ferrari fueron los más rápidos, aunque, nuevamente, con resultados engañosos. Se probaron tandas largas y los Ferrari mostraron ser más eficientes, consiguiendo quedar en primero y segundo.

En sesión de clasificación Max Verstappen fue el más rápido, a pesar de que no fue el más veloz en ninguna de las sesiones de práctica. Como hemos dicho en otras ocasiones, en esta carrera es siempre impredecible saber quién puede llevarse el máximo puntaje. Como siempre decimos, Max Verstappen nunca se da por vencido y siempre da de qué hablar. En esta ocasión nuevamente vamos a hablar de su valentía y de la manera en que lleva sus coches al límite. Ya en la carrera tuvo un poco de fortuna, ya que Óscar Piastri chocó y no pudo participar más. Recordemos que el piloto naranja es el que va mejor de toda la parrilla. En pocas palabras es el rival a vencer.

McLaren es quien más puede sufrir las consecuencias de esta carrera. Al perder a uno de sus pilotos, todo indica que el campeonato de constructores tendrá que esperar al menos una jornada más. Sin embargo, no podemos perder de vista que McLaren es el auto más rápido de toda la parrilla, y eso les puede beneficiar.

Red Bull está tratando de mejorar día a día y en la carrera obtuvo un resultado positivo. Verstappen sumó todos los puntos posibles, mientras que Yuki Tsunoda por fin pudo meterse a los puntos. Su carrera fue trabada, pero consiguió pelearle a los pilotos en punta para por fin sumar para el equipo. Max no dio posibilidad a ninguno de acercarse, ni de batallarle por el primer puesto. Esto no significa que esté de vuelta en la contienda por el campeonato. Aunque, si McLaren continúa con los problemas presentados, es probable que sea hasta las últimas carreras cuando se decida quién es el campeón individual. Piastri no completó la carrera, tuvo un error clave que no le permitió competir: en la arrancada, por tratar de ganarle al reloj, se adelantó pero alcanzó a frenar. Inmediatamente le apareció en pantalla “anti-stall” (no avanzar hasta cambiar la marcha del vehículo) y no pudo arrancar a tiempo. Al intentar dar una de las curvas, no le fue posible, ya que iba demasiado rápido y el neumático aún no estaba en temperatura para realizar una maniobra con esa dureza. Se estrelló en la pared y no pudo continuar. Por otro lado, Norris, sumó muy pocos puntos y esto le perjudica tanto al equipo como a su propia pelea interna. No tuvo ningún accidente. Simplemente tuvo una muy mala conducción.

Carlos Sainz, le da el primer podio del año a la escudería Williams. Como bien habíamos mencionado en algún otro momento, William es un equipo en crecimiento y que poco a poco está recuperando el papel que históricamente le pertenece. Van por muy buen camino.

Lo que resta del año es un poco impredecible. El equipo naranja debe sumar de a máximo la próxima carrera para poder ser campeón. La pelea está entre los pilotos Norris, Piastri y Verstappen.

Sólo quedan siete carreras y van a dar todo por conseguir estar en la cima.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.