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Desde San Lázaro. El toque personal de Sheinbaum. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

17 Sep 2025
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Desde San Lázaro. El toque personal de Sheinbaum. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Claudiashein

En la capital de los baches; pan y circo; y en diversas ciudades de México, cancelación de la ceremonia del grito  por la inseguridad y violencia; el saldo, un grito de independencia con los matices impuestos por la mujer presidenta.

Pocas cosas puede hacer con autonomía de su mentor, la doctora Sheinbaum y ese fue el caso de manejar una serie de nuevas arengas en el grito libertario, en donde predominó el reconocimiento pleno a las mujeres y por otro lado, soltar las bravatas que se escuchen al norte del Rio Bravo  al ratificar el respeto a la soberanía, todo ello enmarcado en una ceremonia festiva, tanto adentro como afuera de Palacio Nacional.

Con el rostro desencajado por la emoción y los nervios, la mandataria contagió a su esposo de la emoción, a grado tal que se le salieron las lágrimas ante lo emocionante de una ceremonia que, per se, es la que llena de más júbilo a los mexicanos, aunque eso no puede decirse en otras ciudades del territorio nacional, ubicadas en diversas entidades como  en  Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Zacatecas, Estado de México, Michoacán, Chiapas y Tabasco, entre otras poblaciones que se quedaron con las ganas de celebrar la independencia, por culpa de la violencia y la inseguridad que prevalece por esos lares y que contrasta con el México irreal que se construye en las mañaneras con las cifras alegres que se reportan en materia de seguridad pública.

El toque feminista que lucha por la igualdad de género se plasmó en 8 de las 20 arengas que lanzó la mandataria  desde el balcón principal de Palacio Nacional, 12 de ellas para mujeres que han construido el México actual y las restantes fueron para heroínas anónimas, mujeres indígenas y hermanas migrantes.

Ya en la parada militar del 16 de septiembre se decidió, por fin, tener representantes de los Tres Poderes de la Unión, en particular del Legislativo, cuyo representante de la Cámara Baja, fue nada más ni nada menos que la panista Kenia Álvarez, quien mostró el respeto institucional y júbilo por el guiño de la presidenta de la República a la pluralidad política. Ojalá que este gesto se extienda a otros ejercicios políticos, como la inclusión de la oposición al debate nacional en torno a la reforma electoral y por supuesto a la discusión y aprobación del Paquete Económico 2026.

Diremos que el toque feminista de la doctora a su gestión es otra señal que contrasta con lo realizado con AMLO, quien no peló a la oposición en sus seis años de gobierno y menos a la causa feminista. Tan solo vitoreaba al  movimiento de la Cuarta Transformación al que la presidenta Sheinbaum no peló, por lo menos en las 20 arengas que disparó en el zócalo capitalino.

Pasadas las fiestas patrias regresamos a la cotidianidad impregnada por la corrupción y la participación en el huchicoleo de funcionarios de alto nivel del oficialismo y en donde se requiere un golpe de timón para limpiar las casa de delincuentes de cuello blanco y quitarse el estigma de debilidad y temor que le cuelgan a la presidenta desde la Casa Blanca en Washington.

Otro toque distintivo de la forma de gobernar de la Jefa del Ejecutivo Federal es precisamente en el tema de la seguridad pública con dejar de lado la estrategia de Abrazos, no balazos, para dar paso a enfrentar a los criminales con la fuerza de la ley (léase de Omar García Harfuch y milicia que lo acompaña).

Con apenas casi un año en el cargo, ya sea por voluntad propia o por presión de la bota gringa, lo cierto es que la nueva administración está dando resultados positivos en materia de seguridad pública y en combate a la corrupción.

Veremos qué tan cierto es esto último, sobre todo, cuando esos políticos de la 4T sin escrúpulos sean llevados ante los tribunales compuestos por puros juzgadores sometidos a los designios de la presidenta de la República.

Desde luego, estos pincelazos que ha trazado Sheinbaum sobre el lienzo sangriento del territorio nacional, se debe, en buena medida, por la presión de su contraparte norteamericana de eliminar a los narcoterroristas en aras de preservar la seguridad nacional de aquel país.

En este contexto, se prevé que vendrán más visitas de funcionarios norteamericanos a México para exigir que el gobierno mexicano cumpla con su responsabilidad de reestablecer la seguridad y revertir la violencia que azota buena parte del territorio nacional.

Está visto que, con el caso del huachicoleo, no hay vuelta atrás para perseguir a esos personajes que pertenecen al cártel cuatrotero y que en mucho demeritan a ese movimiento que, por lo que se aprecia hasta ahora, resultó ser una farsa,   tanto por el escandaloso nivel de corrupción que prevalece en altas esferas del gobierno, como por su colusión con los cárteles de la droga, en aras de mantener el poder al costo que sea.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.