Contáctanos: 5546 8746
Síguenos en:
Fecha:

Desde San Lázaro. Adán Augusto, Ojeda, más los que se acumulen. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

15 Sep 2025
187 veces
Desde San Lázaro. Adán Augusto, Ojeda, más los que se acumulen. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/adan_augusto

Para eso pusieron a jueces proclives a la 4T, para cuando llegue a ellos algún caso que se trate de políticos del oficialismo; exonerarlos, sin importar las pruebas, testimoniales, periciales y testigos, no faltaba más, además de que, por supuesto, la FGR, hará como que la virgen les habla.

Eso es lo que envalentona a Adán Augusto López en el caso de su ex subalterno, líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena y su reciente aprensión por tierras paraguayas y que, en algunas semanas, enfrentará a la justicia que imparte el Poder Judicial del Bienestar.

La cloaca destapada por el gobierno de Estados Unidos y puesto en el escritorio de la presidenta Sheinbaum por parte de Marco Rubio, Secretario de Estado del Gobierno de ese país, pone en el paredón a funcionarios de AMLO y familiares por el huachicoleo fiscal que extendió sus tentáculos en la Secretaria de Marina en donde se despachaba como titular, Rafael Ojeda.

La punta iceberg de esta escandalosa montaña de corrupción apenas se vislumbra, aunque con el paso de los días y con la información que poseen las agencias de inteligencia del gobierno norteamericano, se conocerá si López Obrador conocía del asunto y que tanto era su grado de involucramiento, ya por omisión o participación.

No obstante, las claras intenciones de echarle tierra al asunto y que solo queden las acusaciones de corrupción en funcionarios de medio pelo y empresarios, la realidad es que son demasiados cabos sueltos que dejaron los autores de esta trama criminal que ya ha cobrado la vida de por lo menos una decena de involucrados y que, desde hace meses, empezaron a caer.

Entre el poder y el dinero y la participación de los grandes cárteles de criminales, entre ellos, el de La Barredora que también tuvo que ver en el huachicoleo, deambula el caso en las áreas del fiscal Gertz Manero.

Tanto Adán Augusto como Rafael Ojeda, por lo menos tenían conocimiento de lo que hacían sus amigos, subalternos y familiares, pero que ahora fingen demencia y piden que se les llamen a declarar, total de allí no pasará.

La Jefa del Ejecutivo Federal tiene tres caminos para resolver esta bomba de tiempo; uno, dejar que las pruebas hablen por si solas y no impedir que las investigaciones se interrumpan o se sesguen; dos, seguir encubriendo a AMLO, familiares y secuaces y tres, hacer como que investigan, pero, en realidad, solo dejar el asunto en chivos expiatorios de poca monta.

La primera mujer presidenta tiene en sus manos la disyuntiva de pasar a la historia como una estadista o como una comparsa de su mentor.

El trato que ha tenido Adán Augusto por parte de la doctora es confuso, ya que por un lado, autorizó que el gobernador actual de Tabasco, Javier May, diera parte a la justicia local de las actividades delictivas del exsecretario de Seguridad Pública de López Hernández; y por otro, no ha procedido directamente contra Augusto, en acciones directas contra él, como por ejemplo,  hacerlo a un lado como líder de la bancada de los senadores de Morena, aunque algunos representantes populares del oficialismo aseguran que sus días están contados.

Lo que es un hecho, es que AMLO está más activo que nunca ya que, personalmente, atiende las eventuales consecuencias que pudiera tener para su grupo el tema del huachicoleo y por ello ha ordenado a sus incondicionales que rodean a la presidenta de la República, estar atentos para que no se vayan a tomar decisiones en la cúpula del poder que, eventualmente, pueda afectarlos.

Entre las cortinas de humo y fuego pirotécnicos que se sueltan en Palacio Nacional y las absurdas acusaciones contra el PRIAN y sus principales representantes, tratan de diluir el mayor caso de corrupción de que en México se tenga memoria.

Los casos de la estafa maestra del anterior sexenio, de Segalmex, Insabi, Dos Bocas, Tren Maya y programas sociales de AMLO, son cosas de niños si se comparan con la trama huachicolera en la que participaron altos mandos de la Marina, entre otros funcionarios de altísimo nivel.

No crea estimado lector que las repetitivas declaraciones del presidente Donald Trump contra su contraparte mexicana, en el sentido de que le faltan tamaños para enfrentar a los criminales, son ocurrencias del mandatario, al contrario, tiene demasiadas pruebas y que, algunas de ellas, trajo Marco Rubio a México para presentarlas ante Claudia Sheinbaum.

El margen de maniobra que tiene la doctora en este tema está acotado precisamente por la información que tienen las autoridades estadounidenses y que. de no atenderse, representan un grave peligro para la seguridad interior de EU por el avance de los narcoterroristas.

Valora este artículo
(0 votos)

El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.