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Desde San Lázaro. Todos los caminos llevan a AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

18 Sep 2025
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Desde San Lázaro. Todos los caminos llevan a AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/lopezobrador_

La cobija de impunidad que quieren tender sobre AMLO y dos de sus vástagos, no alcanza a cubrirlos, no obstante que la han estirado hasta desgarrarla en la pretensión de proteger a gobernadores, marinos, legisladores y toda una jauría que fueron soltados el sexenio pasado para enriquecerse con complicidades, incluso con los cárteles de la droga.

El discurso pronunciado por el almirante secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, en la parada militar del 16 de septiembre sobre la corrupción que prevaleció en la gestión de su antecesor, Rafael Ojeda, es contundente y no deja lugar a dudas que  este personaje, por lo menos, solapó que sus sobrinos y un montón de marinos que tenían bajo su responsabilidad las aduanas, aeropuertos, puertos y refinerías,  conformaron un Cártel para enriquecerse sin importar su pertenencia  a la institución pública que más valoran y reconocen los mexicanos.

El golpe ha sido demoledor para la Secretaria de Marina y la armada de México, por ello, era necesario deslindarse de inmediato de esos elementos que traicionaron a México y los principios rectores que conforman el código de actuación de los marinos.

“Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante, en la Marina no encontró lugar ni abrigo”, advirtió el almirante: “Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación”, añadió.

“Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate”, señalaba el almirante en la plaza política más relevante del país, en su mensaje contra la corrupción que aqueja a la Marina.

Era imposible que AMLO fuera ajeno a la podredumbre que se destilaba desde las alcantarillas de Marina y por supuesto de la Sedena, además de que, varios de sus colaboradores,  ahora son indiciados en diversas investigaciones que obran en poder de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y de la FGR.

El día de ayer el periodista de El Universal,  Claudio Ochoa publicó en la red social X que “Fuentes me confirman que un juez federal concedió suspensión a Andy y Bobby López Beltrán  contra cualquier captura. Una persona llamada Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, promovió el amparo ante el juzgado segundo de distrito con sede en Zacatecas”.

Las redes tejidas en el sexenio pasado  en torno al huachicoleo de combustibles, lavado de dinero, connivencia con los cárteles de la droga y corrupción, pasa necesariamente por colaboradores cercanísimos a López Obrador, como es el caso (según versiones oficiales y fuentes periodísticas) de Alfonso Romo, Audomaro Martínez, Mario Delgado, Rafael Ojeda, Alfonso Durazo y Adán Augusto López, entre otros angelitos que se despacharon con la cuchara grande con la venia del presidente.

Alfombra que se levanta o closet que se abre, se encuentra podredumbre y corrupción que es imposible esconder, no obstante los esfuerzos que se hacen para encubrirlos.

En menudo lio está la Jefa del Ejecutivo Federal, ya que por un lado, son tan contundentes los actos ilícitos en que incurrieron estos cuatroteros, que es imposible no proceder en su contra, no obstante la orden expresa que existe desde Tabasco de no tocarlos ni con el pétalo de una rosa; y por otro, la presión interna emanada de diversos colaboradores de la presidenta Sheinbaum, como el propio almirante secretario,  por los hallazgos encontrados en las dependencias a su cargo.

Y si por si esto fuera poco, el presidente Donald Trump mantendrá su preocupación por el poderío de los narcoterroristas que atentan contra la seguridad interior de Estados Unidos.

Nada de relevancia, escapa de los ojos del presidente, advertía López Obrador hace seis años, por lo que se infiere que de todo el escándalo que se ha develado en torno al huachicoleo de combustibles y demás actos de corrupción, lo conocía hasta en los pormenores más mínimos.

La larga crónica de una inédita maquinaria de corrupción que prevaleció en el sexenio de López Obrador, apenas va en sus primeros capítulos y cada vez que se le da la vuelta a una página, se pone más escabroso el asunto porque contiene, muertes, traiciones, revelaciones, robos, engaños y los más ruin de la escala de valores de un ser humano que la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, o la obra de Edgar Allan Poe que describe los rincones más oscuros de la mente humana, abriendo el camino al terror moderno y el simbolismo, se quedan cortas ante la perversidad en esta trama tabasqueña.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.