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Desde San Lázaro. México entre China y EU. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

12 Sep 2025
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Desde San Lázaro. México entre China y EU. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/m_ebrard

Los aranceles anunciados por México a productos provenientes del oriente, en particular de China y Corea y que podrían ser del rango del 50 por ciento y que, sin duda, afecta a innumerables productos que se comercializan en nuestro país como automóviles, electrodomésticos y toda una serie de insumos que son parte de las cadenas de valor de la producción nacional, prende las alertas en la economía nacional.

El tema tiene muchísimas aristas que impactan en las relaciones geopolíticas hasta afectar el consumo interno y  la inflación, por lo que la presidenta Sheinbaum debe considerar las afectaciones en el mercado nacional por encima de darle gusto al gobierno de Donald Trump.

La guerra comercial entre los dos gigantes de la economía mundial ya tocó a nuestro país que ha quedado en medio de las dos potencias que se aprestan a presionar para que sus productos y servicios resulten con la mínima afectación.

Nuestro país se enfrenta a la presión de EU, mientras busca proteger sus industrias locales de la competencia asiática, colocando México en una posición diplomática y económica muy delicada.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, no solo tiene una oficina alterna en Washington, ante las exigencias de la relación comercial, sino que ahora, tendrá que buscar una en Pekín, porque tendrá que apaciguar al gigante asiático.

La mandataria mexicana ha reiterado que los aranceles a Asia no responden a presiones de Trump, sino a fortalecer a la industria nacional y al Plan México, empero, para el gobierno Chino, la estrategia mexicana se ha alineado al gobierno estadounidense, en su contra.

El presidente Chino, Xi Jinping, de inmediato advirtió su rechazo a cualquier coerción de otros para imponer restricciones a su país bajo distintos pretextos, “lo que socaba los derechos e intereses legítimos de mi país”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Li Jian declaró que “protegeremos con determinación nuestros intereses de acuerdo a las circunstancias actuales”.

Veremos cómo teje la presidenta mexicana en este affaire entre EU y China con México en medio, mientras tanto veremos que de inmediato se empezará a sentir el impacto de los aranceles a los asiáticos, con más inflación en territorio mexicano y afectación en las cadenas de valor por el sobre costo de los productos de aquella región del orbe.

El tema es que, como socios del T-MEC, se tienen compromisos comerciales con Estados Unidos y Canadá  con Cero aranceles en los productos que comercializan los tres países entre sí; en cambio,  con China, se mueve el intercambio comercial sin tratado en la materia, lo que significa que no hay impedimento legal en el marco jurídico internacional para que se impongan aranceles a sus productos.

En los últimos años, las puertas de las fronteras se han abierto a los productos del oriente y no solo por la vía legal, sino también por contrabando y una especie de huachicoleo chino por introducir a México, diversas fracciones que no coinciden con el producto real  que traen  los contenedores.

Hay que recordar que China es el segundo proveedor más grande de México.

Desde luego, el mito aquel de la ínfima calidad de los productos chinos ha quedado atrás,  sobre todo en el ámbito automotriz y en particular el autotransporte eléctrico e hibrido, que resultan altamente competitivos por su calidad y precio.

Ahora resulta que la libre competencia mundial se ha acotado con la irrupción de Donald Trump, quien no solo ha castigado a la mayoría de los países del orbe con aranceles, sino que también está obligando a sus socios comerciales como México a fijar arbitrariamente aranceles a China y a otras economías asiáticas.

La visita de Marco Rubio, Secretario Estado del gobierno estadounidense, no solo causó una bomba que desencadenó el destape de la cloaca de  corrupción del gobierno de López Obrador y en donde apenas se conoce parte de la hebra que conduce directamente al tabasqueño y su familia, además del ex titular de Marina, Rafael Ortega y de varios gobernadores, sino que se apretaron las tuercas para que México se alinee totalmente a los designios de Trump en su lucha comercial contra el orbe y en especial contra China.

Hay que decirlo con todas sus letras, el gobierno de Claudia Sheinbaum está totalmente sometido a la bota gringa y no por deseos propios, sino porque Trump tiene demasiadas cartas que jugar a su favor, producto, muchas de ellas, de la información que tiene en torno a la connivencia de funcionarios mexicanos con criminales.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.