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Desde San Lázaro. Nuevos aranceles y ley aduanera. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

11 Sep 2025
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Desde San Lázaro. Nuevos aranceles y ley aduanera. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/CONCANACO

Con las reformas a la Ley sobre impuestos de importación y exportación y reformas a la ley aduanera que envió el Ejecutivo al Legislativo, se busca, por un lado, asegurar e incentivar que el crecimiento mexicano se traduzca en una industrialización nacional sólida, diversificada, soberana y socialmente incluyente; y por otro, mejorar la competitividad y combatir la evasión fiscal cerrando las puertas al contrabando.

Las reformas a la ley sobre impuestos de importación propone establecer aranceles a la importación de diversas mercancías de las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio.

En el documento, enviado a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, se expone que, a través de la actualización y establecimiento de aranceles, México podrá incentivar la producción nacional de bienes intermedios y finales en sectores estratégicos, como transporte y movilidad, alta tecnología, semiconductores, equipos médicos, farmacéutica y aeroespacial; reducir la dependencia de ciertas importaciones de insumos, asegurando que la industria mexicana aumente su capacidad de integración productiva y valor agregado.

Además, proteger el empleo y fortalecer el mercado laboral, ya que una mayor participación de las empresas nacionales en cadenas de proveeduría genera trabajos mejor remunerados y con estabilidad; corregir distorsiones comerciales, garantizando condiciones justas de competencia para los productores nacionales frente a prácticas desleales у políticas de subsidios externos, así como alinear la política arancelaria con una visión de desarrollo sustentable y regional.

La iniciativa es acorde con el derecho internacional, toda vez que la importación de mercancías originarias de los países con los que México tiene celebrado un tratado en materia comercial, de cubrir los requisitos establecidos en los mismos, se realizará bajo el trato arancelario preferencial de mercancías originarias previsto en el instrumento internacional que corresponda.

Por otra parte, se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Baja,  la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera, cuya finalidad es mejorar, fortalecer y modernizar la legislación aduanera mexicana de forma que todos los actores que participan en el comercio exterior puedan llevar a cabo sus actividades de la manera más eficiente posible, mejorar la competitividad del país y combatir la evasión y elusión fiscal, cerrando las puertas a la subvaluación y al contrabando.

Las propuestas de modificación surgen como respuesta al incremento de operaciones que el país ha tenido en temas de comercio exterior. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2024 el valor de las exportaciones totales de mercancías fue de 617,100 millones de dólares (mdd) y el de las importaciones de 625,312 mdd, que en conjunto se estima equivalen al 67 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Tal situación justifica la necesidad de contar con una Ley Aduanera que responda a las necesidades actuales del intercambio comercial internacional, estableciendo el andamiaje jurídico necesario para que alcance su potencial como detonador del crecimiento económico.

Las medidas propuestas por el gobierno buscan corregir estas deficiencias mediante una serie de reformas estratégicas que, entre otras, estén orientadas a modernizar las aduanas, fortalecer los controles de las autoridades aduaneras, especialmente en aquellos regímenes en los que se han detectado la incidencia de prácticas indebidas, y establecer mecanismos efectivos para garantizar el pago de contribuciones en operaciones de comercio exterior.

Entre otras cuestiones, se contempla incluir la definición de Régimen Aduanero, el cual será el destino que, de conformidad con el Título Cuarto de la Ley, determina el tratamiento jurídico que se dará a las mercancías sujetas a despacho.

La propuesta de reforma señala que para obtener la autorización de entrada y salida de mercancía, se deberá contar con el sistema tecnológico que integre los sistemas electrónicos de control de inventarios volumétricos, cuando corresponda; de vigilancia, seguridad, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de las mercancías que ingresen, permanezcan o salgan del lugar, que interoperen con el sistema electrónico aduanero y con acceso remoto continuo a las autoridades aduaneras.

AUMENTOS DE IMPUESTOS RECHAZADOS POR LA POBLACIÓN.

Con el pretexto de que se a cuidar la salud de los mexicanos, se aumentaron los impuestos para los refrescos, acción que en automático generó el rechazo del 70 por ciento de la población y ello de suyo, debilita necesariamente la popularidad de la presidenta.

La encuesta de opinión pública de la consultoría Info Point realizada a 1,200 personas, vía telefónica y en redes sociales, entre el 4 y 5 de septiembre, arrojó el resultado referido y no solo eso, sino que el 75 por ciento afirmó que el incrementó no afectará la economía familiar, echando por tierra el argumento oficial de que con el incremento de impuestos se reducirá el consumo de las aguas azucaradas.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.